La Asamblea de Melilla es un parque de recreo para la justicia española. Al menos diez miembros del Ejecutivo han pasado por los tribunales ya que han sido objeto de sendas investigaciones judiciales. Contraviniendo el código ético de la mayoría de los partidos políticos de España, en los que se incluye que no haya ningún miembro del erario público que haya sido condenado, entre los diputados melillenses hay muchos que no cumplen este requisito. Prevaricación, malversación, delito electoral o desobediencia son solo algunos de los delitos en los que se han visto inmersos los diputados y también concejales de la Asamblea de Melilla. Quién este libre de pecado, que tire la primera piedra.
Prevaricación, malversación, delito electoral o desobediencia son solo algunos de los delitos en los que se han visto inmersos LOS DIPUTADOS MELILLENSES
Empecemos por el principio. El diputado de mayor rango de la Asamblea de Melilla, Eduardo de Castro, ha sido investigado por la Justicia por un presunto delito de prevaricación y malversación de contratos públicos. La fiscal jefe de Melilla, Laura Santa Pau, denunció al presidente de la Ciudad Autónoma por un presunto delito de “prevaricación administrativa” por supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa que acabó la suspensión del servicio. Tras unos meses sin grúa, la concesión acabó siendo adjudicada a un familiar del presidente de la ciudad. Melilla es muy pequeño.
Pero el presidente no es el único cuyo nombre aparece en sumarios judiciales. La propia vicepresidenta y consejera de presidencia, Gloria Rojas, ha sido investigada por prevaricación por el contrato de vigilancia de las dependencias de la ciudad. El Partido Popular de Melilla interpuso una querella contra Rojas al considerar que ha existido un un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión del contrato de vigilancia privada en las dependencias municipales de la ciudad autónoma. La denuncia del Partido Popular que ha dado pie a estas diligencias se basaba en que, habiendo una prórroga del contrato en vigor de vigilancia privada en dependencias municipales, se hizo un negociado sin publicidad aumentando el precio de dicho servicio con un solo licitador, Sureste, que precisamente era la empresa que tenía ese contrato en vigor. Pero no solo la número uno del PSOE de Melilla ha sido llamada a testificar sobre este caso, también lo ha hecho la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, que se encuentra también imputada.
Además, Almansouri también ha sido procesada en el caso de Rostrogordo, un pleito que se saldó con un auto del juez en el que señala indicios de prevaricación continuada a la hora de construir un centro de menores no acompañados durante el estado de alarma. También en este auto judicial aparece el actual consejero de Distritos, Mohamed Ahmed. Pero no es el único caso que tiene abierto el diputado de Coalición por Melilla (CPM). Mohamed Ahmed, junto al líder de su partido, Mustafá Aberchan, y el consejero de Deportes, Rachid Bussian, han sido condenados por un delito grave de desobediencia a la autoridad tras encadenarse a una furgoneta con corderos procedentes de Marruecos que trataban de introducir en Melilla sin cumplir las medidas impuestas por Sanidad y en pleno brote de fiebre aftosa en su país de origen. Según la condena a la que ha tenido acceso MONCLOA.com, los tres consejeros y Aberchán, que un día presidió Melilla, tendrán que cumplir una pena de un año de prisión y serán inhabilitados. Aunque aún cabe recurrir la sentencia, las cosas se ponen feas para Aberchán que ya fue condenado a cárcel por un delito electoral y falsedad documental por comprar votos por correo para las elecciones al Senado de 2008.
Pero la ristra de procesamientos judiciales no cesa. El exconsejero de Sanidad y Economía, Mohamed Mohand, fue cesado de su cargo en el Ejecutivo tras destapar MONCLOA.com que estaba otorgando subvenciones a empresas vinculadas a su progenitora. Además, Mohand fue cazado saltándose las restricciones para contener el avance coronavirus impuestas por él mismo. Tras resistirse a abandonar sus responsabilidades, la líder de los socialistas melillenses, Gloria Rojas, no tuvo más remedio que cesarle de su cargo.
Pero el joven diputado no es el único al que cometer irregularidades a la hora de otorgar subvenciones le ha costado el cargo. El que fuera viceconsejero de Medio Ambiente, Francisco Vizcaíno, dimitió tras haber recibido una subvención de su propia consejería para la compra de un coche eléctrico. Esta «autoconcesión» hizo que también Rojas se tuviera que deshacer de su concejal socialista. Pero quien firmaba esta subvención fue el diputado de Coalición por Melilla Hassan Mohatar que aún ostenta su cargo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma y que ha sido también condenado por desobediencia a la autoridad por tratar de importar corderos a España sin las autorizaciones sanitarias pertinentes.
Los problemas judiciales de los miembros de la Asamblea de Melilla también se extienden a los altos mandos de las empresas dependientes de este organismo. El presidente de Promesa, la entidad pública dedicada a la promoción empresarial de Melilla, fue imputado por apropiación indebida y administración desleal durante su anterior etapa como presidente del Colegio de Médicos de Melilla. Su nombre es Jesús Delgado y un día perteneció a Vox hasta que se le encontraron audios criticando al presidente del partido, Santiago Abascal. Ahora es un diputado tránsfuga, como también lo es el presidente de Melilla que fue expulsado de Ciudadanos por sus periplos judiciales. Todo un lujo de ejemplaridad, así es la Asamblea de Melilla.
