El Gobierno tiene previsto aprobar, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes 12 de abril, un anteproyecto de ley que regulará de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial.
Tal y como ha informado el departamento que dirige Pilar Llop, después de que el Ejecutivo dé luz verde a este texto en primera vuelta, la norma pasará a la fase de consulta pública, para que, tanto particulares, como entidades, puedan aportar sus propuestas a la misma.
En cuanto al contenido, Justicia explica que tiene como objetivo «regular de forma completa» este procedimiento de determinación de la edad de naturaleza judicial «con pleno respeto a los derechos de las personas menores de edad y con todas las garantías legales», en los casos en los que la persona carezca de documentación o no se sea posible establecer la edad por otros medios.
Según ha indicado, este nuevo procedimiento «se regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad durante todo el procedimiento y el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento».
Además, según ha indicado el Ministerio, tendrá un enfoque holístico en las pruebas a realizar previo consentimiento de la persona sobre la que se efectúa la evaluación, la prohibición de pruebas médicas especialmente invasivas y de desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes.
ASISTENCIA JURÍDICA Y DE UN INTÉRPRETE
Del mismo modo, se precisa, que se garantizará la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de interprete, la representación legal del menor, y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto con aquel.
«El procedimiento concluirá mediante resolución motivada susceptible de recurso de apelación, y en el caso que se determine la minoría de edad, se fijará la fecha en la que la persona cumple la mayoría de edad, remitiendo testimonio de la resolución firme al Registro Civil para su inscripción», apunta el departamento de Llop en el informe para la consulta pública de la norma.
«La finalidad es regular un procedimiento de evaluación de la edad que, sin desconocer la realidad actual del fenómeno migratorio, resulte acorde con los compromisos internacionales asumidos por España, que garantice la adecuada protección a las personas menores de edad con independencia de su condición de nacional o extranjero, y ello teniendo presente que nos encontramos ante un elemento esencial del derecho a la identidad de toda persona que afecta al estado civil, y que asimismo incorpore los estándares jurisprudenciales más recientes sobre la materia», ha añadido Justicia.
CRÍTICAS A LA ACTUAL NORMATIVA
Por otra parte, el Ministerio explica en el informe que las críticas a la normativa vigente en esta materia son «especialmente profusas entre las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados», como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) o la División de derechos del Niño del Consejo de Europa. También recuerda que el Tribunal Supremo se ha pronunciado «en múltiples ocasiones» al respecto «sentando una doctrina, aun no recogida por el legislador.
Es por eso que, según recoge en el documento, con este anteproyecto de ley se pretende dar respuesta, por un lado, a las observaciones hechas a España por el Comité de Derechos del Niño, en las que se ponía de manifiesto las deficiencias que el actual sistema para la determinación de la edad tenía; y por otro lado, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición final vigésimo cuarta de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia», ha apuntado Justicia.
Esta norma, aprobada el año pasado, establece que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia de interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.
