jueves, 19 mayo 2022 23:05

La denuncia de Manos Limpias contra Gabriel Rufián será instruida en el Supremo

La denuncia de Manos Limpias contra el diputado de ERC Gabriel Rufián continúa su curso. El sindicato denunció ante el Tribunal Supremo que Rufián podría haber incurrido en un presunto delito de relevación de secretos. La denuncia formulada por el secretario general de la asociación, Miguel Bernad, ha sido admitida a trámite y ya se ha asignado un fiscal instructor de la causa. De este modo, se inicia el procedimiento judicial para la investigación de un hecho comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado.

Según las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso MONCLOA.com, será Antonio Pablo Rives Seva el fiscal instructor que se encargará de practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho. Este fiscal ha sido designado por la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La denuncia de Manos Limpias hace alusión expresa a las palabras que el portavoz de ERC pronunció en una entrevista en TV3 al término de la Comisión de Investigación en torno al escándalo Pegasus. En ella compareció la ya exdirectora del CNI Paz Esteban que dio explicaciones en la Cámara Baja y el propio Rufián, entre otros. Esta reunión era de carácter reservado y no se podía desvelar parte del contenido de la misma. Sin embargo, Rufián declaró en TV3 que «las escuchas, así como las infecciones con Pegasus a Sánchez y Margarita Robles, tenían dos posibles nombres, una nación extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del estado«. A este respecto, Manos Limpias señala que «el revuelo levantado por estas manifestaciones» hizo que Rufián formulase «una coartada» a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que manifestó que eso era una interpretación personal que había realizado tras escuchar a la exdirectora del CNI.

Esta reunión era de carácter reservado y no se podía desvelar parte del contenido de la misma

Para el sindicato Manos Limpias, las declaraciones del portavoz en el Congreso de los Diputados de ERC, Gabriel Rufián, suponen un «serio, real y grave perjuicio para la credibilidad de las instituciones del Estado». Entre estas instituciones estaría el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En concreto, Manos Limpias considera que el diputado catalán habría incurrido en el delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Este artículo establece que la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Pero Manos Limpias no solo ha optado por la vía legal, también han enviado una carta a la presidencia del Congreso de los Diputados denunciando que Gabriel Rufián ha revelado datos de la Comisión de Secretos Oficiales. Por medio de su representante Miguel Bernad Remón, Manos Limpias se ha puesto en contacto con la cúpula de la Cámara Baja para denunciar que el portavoz de ERC podría haberse saltado el capítulo octavo de la disciplina parlamentaria de los diputados.

Asimismo, Ciudadanos y su vicesecretario general, Edmundo Bal, también ha anunciado que van a presentar una denuncia ante el Ministerio Fiscal para que investigue las revelaciones de diputados tras la comparecencia de Esteban. La formación política de Inés Arrimadas ha trasladado que van a pedir a la Mesa del Congreso que sancione a Rufián por sus declaraciones mediante la privación de algunos de los derechos que tiene como diputado.

En caso de ser condenado, el diputado de ERC corre el riesgo de una pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de uno a tres años. Además, si de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para terceros, la pena sería de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.