Enrique López acusa al Gobierno de «pulsión antidemocrática» con su reforma para renovar el TC

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado al Gobierno de actuar con una «pulsión antidemocrática», tras el registro del PSOE en el Congreso una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia. El objetivo es que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del TC.

En declaraciones distribuidas a los medios, López ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «arrastrar a las instituciones» con fines «absolutamente partidistas», al tiempo que ha señalado que el PP ya advirtió de que la reforma que impulsó el Ejecutivo para limitar los nombramientos del CGPJ en funciones es «inconstitucional».

«La ley limita las competencias del Poder Judicial, que siempre tiene que estar al máximo de sus competencias para garantizar la independencia del Poder Judicial precisamente», ha añadido el dirigente del PP. Por ello, ha reiterado la intención «partidista» que mantiene el Gobierno con esta reforma que «va en contra del respeto a la división de poderes y a las instituciones constitucionales».

Además, el consejero madrileño ha destacado finalmente que, «de nuevo», se trata de un intento de subvertir las reglas democráticas por parte del Ejecutivo. «Pedro Sánchez está como siempre realizando actos contra el Estado y nunca busca pactos a favor del Estado», ha sentenciado.

SOBRE LA REFORMA DE LA LEY

En concreto, el texto es una modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya entrada en vigor estaría prevista para julio, según ha adelantado ‘Eldiario.es’ y han confirmado fuentes de la formación política. Además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya confirmó que el Ejecutivo nombraría a los otros dos magistrados del TC que le competen.

El Gobierno impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.