Cuando estalló el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, en 2017, los gobiernos de casi todos los países de América Latina pusieron «sus barbas en remojo» por todo lo que se avecinaba. La filtración de un importante número de documentos dejaron al descubierto la manera en la que la compañía, que para ese entonces dirigía Marcelo Odebrecht, pactaba contratos con los Estados, mediante el cobro de jugosas comisiones.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido esta semana en España, tras la divulgación de la información sobre cómo seis de las más importantes constructoras del país concertaron, durante 25 años, miles de licitaciones públicas, para beneficiarse de los contratos con el Estado y fue por ello que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió esta misma semana imponerles una multa de 203,6 millones de euros.
Las compañías que aparecen mencionadas en este nuevo escándalo son Sacyr, Acciona, FCC, Dragados, Ferrovial y OHLA, quienes de acuerdo con las informaciones develadas por el organismo, tenían una reunión cada semana, con la intención de debatir entre ellos las licitaciones del Estado que se iban publicando en los portales oficiales, y en esos de encuentros, supuestamente se precisaba en cuáles iba a participar cada empresa.
De acuerdo con el documento publicado por la CNMC en su página web, las empresas investigadas intercambiaban en estas reuniones información comercialmente sensible, así como su intención o no de concurrir a licitaciones o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y sus miembros, lo que no era inherente al hecho de compartir trabajos que formarían parte de las ofertas que presentaban.
La investigación determinó que el grupo de compañías se hacía llamar el G7 y que a lo largo de los años las empresas que lo conformaban fueron variando, pero lo cierto es que la práctica se remonta hasta el año 1992 y según los últimos reportes, estas reuniones se llevaron a cabo hasta por lo menos mayo de 2017.
Este «cartel» tenía sus propias normas de funcionamiento que iban desde el orden y el lugar donde se celebrarían todas las reuniones, la relación que estas compañías tenían con la administración pública, la recepción de las ofertas y la adjudicación de los proyectos, las entradas y salidas del grupo, así como el desarrollo de cada uno de los proyectos que les eran adjudicados.
Lo cumbre de este escándalo es que el total del pago de la multa será repartido entre las seis empresas implicadas, que harán un bote para completar los 203 millones del total de la penalización, donde pagarán montos que van desde los 16,7 millones de euros que tendrá que pagar Sacyr, hasta los 57,1 millones que tendrá que pagar Dragados. Acciona pagará 29,4 millones, OHLA 21,5 millones, Ferrovial 38,5 millones y la FCC pagará 40,4 millones de euros.
Hay que recordar que justamente la FCC es una de las compañías españolas que está en la mira de las autoridades españolas, desde hace años, por cuentas que esta compañía tenía en Panamá y por el presunto pago de sobornos para la adjudicación de obras en el país centroamericano, a través de la constructora brasileña, cuyos tentáculos alcanzaron a prácticamente a todos los países de América Latina.
El reporte de la CNMC advierte que llegaron a este entramado corrupto, que perjudicó durante más de 25 años al Estado español, a través de una investigación alterna relacionada con unas estructuras de hormigón armado en 2014, por lo que comenzaron a buscar información y descubrieron las «labores» del G7 y todas las actividades que desarrollaban para adjudicarse y repartirse entre ellos las licitaciones públicas del país relacionadas con el sector construcción.
Sacyr, otra de las compañías que aparece mencionada en este escándalo, recientemente se adjudicó las obras para unas mejoras en el Museo del Prado, cuyas obras se tiene previsto que comiencen a finales de julio.
Al final, más allá de la multa que estas compañías tendrán que pagar, las consecuencias de todo este entramado podrían ser peores, pues la CNMC ha remitido la resolución de esta investigación a la Junta Consultiva de Contratación Pública para que se evalúe la posibilidad de activar la opción de que a las empresas sancionadas se les prohíba participar en los procesos de licitaciones públicas por os próximos tres años, lo que evidentemente sería un duro golpe a las finanzas de todas estas empresas que durante 25 años estuvieron haciendo obras públicas por todo el país.
Esta opción está contemplada en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, pero podrían pasar años antes de que haya una decisión como tal, pues todas estas compañías que aparecen mencionadas en el escándalo han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para evitar a toda costa que este hecho traiga más consecuencias que los puedan perjudicar.
