jueves, 11 agosto 2022 11:14

El grupo hispano del PP pide al Gobierno que vele por los derechos humanos de Ernesto Quintero

La reciente extradición del venezolano Ernesto Quintero a las autoridades de la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, ha encendido las alertas de lo que podría ser el destino en España de los venezolanos que han llegado al país, en busca de un mejor futuro, pues en el mismo momento que las autoridades venezolanas decidan solicitar a cualquier venezolano en extradición, las autoridades españolas no dudarán en entregarlos.

Es por ello que quienes integran el grupo hispano del Partido Popular han emitido un comunicado en el cual solicitan a las autoridades españolar velar por los derechos humanos de Quintero, de sus familiares y de todos los venezolanos residentes en España.

En el comunicado publicado en las redes sociales, los miembros de hispanos con el PP piden al Gobierno de España que establezca una postura clara en cuanto al reconocimientos de Nicolás Maduro y por ende al de sus instituciones.

De manera extraoficial se supo que, aunque el Reino de España no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, las autoridades locales sí reconocen las instituciones venezolanas y que esa ha sido la premisa que ha privado en los casos judiciales, como en el de Ernesto Quintero, para que a pesar del desconocimiento del régimen chavista, los Ministerios de Justicia y el de Asuntos Exteriores hayan gestionado la extradición del detenido.

Para este proceso fue necesario que desde el despacho que dirige Pilar Llop se hicieran los enlaces correspondientes con las oficinas de Interpol Caracas, para que se concretara la entrega a las autoridades venezolanas, pero además, también fue necesaria la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores, para gestionar toda la documentación que desde España debía ser enviada al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, para gestionar la extradición.

Ernesto Quintero fue enviado a Venezuela el pasado jueves 14 de julio, a las 11:00 am, en un vuelo de la aerolínea española Plus Ultra, la misma que recibió un auxilio por parte del Gobierno de España de 53 millones de euros, que ha sido investigada por la justicia local, y que ha sido señalada de supuestamente tener vínculos con funcionarios del régimen chavista en Venezuela, pese a que la aerolínea lo ha negado.

Quintero vivía en España desde 2018, cuando llegó en compañía de su esposa y su hija de 8 años. Estaba detenido en el centro penitenciario de Soto del Real desde febrero de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó que fuera extraditado a Venezuela, por la alerta roja de interpol que estaba activa desde 2018, por la investigación que se sigue en el país caribeño, en la cual se señala al detenido como presunto participante de  un caso de estafa cometido a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa.

La justicia venezolana lo buscaba por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación de fondos o valores, legitimación de capitales, por su presunta vinculación con una red que fue señalada por el Ministerio Público venezolano de haber sido señalada de vender títulos de valores de sus clientes a una empresa del mismo grupo económico con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Sin embargo, de manera extraoficial se supo que detrás de todo este caso estaban militares venezolanos, que tendrían vinculación con el régimen de Nicolás Maduro, por lo que serían ellos los que estarían presionando para que se concretara la extradición de Ernesto Quintero. Ya desde mayo las autoridades venezolanas estaban presionando a España para que procedieran a entregarlo, pero el trámite estaba dilatado, hasta que finalmente la semana pasada trascendió el itinerario y las autoridades notificaron a la defensa que lo enviarían a Venezuela.

La última esperanza que tenía la defensa de Quintero fue la moción aprobada por el Congreso de los Diputados, a petición del Partido Popular, quienes a finales de mayo hicieron un exhorto al Gobierno de Pedro Sánchez, para que otorgaran el asilo político al detenido, pues consideraban que entregarlo a las autoridades venezolanas era poner en riesgo su vida.

Las autoridades españolas le negaron el asilo en dos oportunidades y tampoco atendieron el llamado hecho por el Congreso de los Diputados, que aunque no era una decisión vinculante, judicialmente hablando, es la representación de todos los españoles en el país, por lo que sus decisiones tiene peso e importancia en el ámbito político.

Hasta los momentos poco se ha sabido de la llegada de Quintero a Venezuela, pero de manera extraoficial se supo que sería presentado en los tribunales de Caracas, para que el juzgado se inhibiera y posteriormente sería llevado al estado Zulia, donde reposaba la investigación original del caso y que posiblemente sería recluido en la cárcel de Sabaneta, una de las más peligrosas de ese país. Sus familiares y la defensa temían que al llegar fuera sometido a torturas y tratos crueles, debido a que esa es una política regular dentro del régimen venezolano.