El PP se convierte en el último refugio de los venezolanos exiliados

El pasado jueves el Congreso del los diputados aprobó una moción, presentada ante el pleno por el Partido Popular, en la cual solicitaban al Gobierno suspender la extradición de Rolando Figueroa y Ernesto Luis Quintero Méndez, dos venezolanos que están solicitados en extradición por su país y que se han declarado como perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Los populares se convierten así en el último refugio de los exiliados venezolanos, que buscan en España un nuevo destino para salvarse de la dictadura.

La pelota está ahora en el terreno del Gobierno de Pedro Sánchez. Será el Ejecutivo el que tenga casi la última palabra sobre el futuro de ambos venezolanos, pues más allá del emplazamiento del Congreso, los diputados acordaron pedir al Ejecutivo que les sean otorgados urgentemente el asilo político, que en el caso de ambos, les ha sido negado en dos oportunidades.

La defensa de estas dos personas enviará ahora una carta al Ejecutivo, con la intención de que el tema sea debatido en un Consejo de Ministros, para que al final el Gobierno de Pedro Sánchez fije posición y se establezca el procedimiento a seguir, tras la solicitud hecha por el Congreso. Así lo informó Ismael Oliver, abogado defensor de ambos venezolanos.

«Sabemos que no es jurídicamente vinculante para el Gobierno, pero es la voluntad de la Cámara del Congreso de los diputados, que al final, es la voz de todo un país y por lo tanto merece una respuesta y debe tener trascendencia», expresó el abogado de la defensa de ambos venezolanos.

En tensión permanente

A comienzos de mayo las autoridades venezolanas estuvieron presionando para que España entregara en extradición a Ernesto Quintero, quien está detenido en la prisión de Soto Real desde febrero de 2021. Desde la Oficinas Centrales Nacionales de Interpol (Caracas) se intentó gestionar el procedimiento, que de momento no se ha concretado, pero que dadas las circunstancias, podría ocurrir en cualquier momento, si el Gobierno Español no se pronuncia al respecto.

«El hecho de que haya un pronunciamiento del Congreso en favor de dos perseguidos políticos es extraordinariamente novedoso y debe tener una trascendencia al menos social; luego el Gobierno podrá hacer lo que quiera, pero dado lo que ocurrió en el Congreso, demuestra que hay una voluntad y una recomendación al Gobierno, que debería tener una consecuencia», expresó Oliver en conversación con Moncloa.com.

Quintero es solicitado por las autoridades venezolanas por un presunto caso de estafa cometido a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa. Los delitos que le imputan en Venezuela son estafa, apropiación de fondos o valores y legitimación de capitales, pues según el Ministerio Público de ese país lo asocian con una red que supuestamente vendió títulos de valores de sus clientes a una empresa del mismo grupo económico con sede en las Islas Vírgenes Británicas, sin la autorización de estas personas.

En el caso de Figueroa, su solicitud de extradición es por un supuesto caso de estafa, que según él, es una invención de las autoridades venezolanas que lo persiguen por estar presuntamente vinculado con la estafa cometida a una mujer que, al parecer, había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. La presunta víctima supuestamente pagó más de 200.000 dólares y no recibió los servicios contratados.

El abogado defensor de la causa además explicó que desde la Defensoría del Pueblo también se están haciendo diligencias para lograr un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, en relación con este caso, pues la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril les informó que habían enviado una comunicación a la directora general de Política Interior solicitándole que informe sobre las medidas que se adoptarán para tomar en cuenta lo que se solicitó desde el Congreso, que no es más que el otorgamiento del asilo político a ambos venezolanos.

Mientras toda esta situación se define, Quintero permanece detenido en la prisión de Soto Real, pues ya desde febrero de este año se ha tratado de concretar su extradición; de hecho, en algún momento se dijo que en España había una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (la policía política del régimen de Nicolás Maduro), gestionando su entrega.

Esa situación llevó a Cismary Quintero, esposa del detenido a protagonizar una protesta a las puertas del Congreso, sonde solicitaba apoyo para evitar que su esposo fuera entregado a las autoridades venezolanas. Ella y su hija sí recibieron la residencia por razones humanitarias y pueden residir de manera legal en el país.

La defensa de los venezolanos asegura que continuará gestionando todas las opciones posibles para evitar que estas personas sean extraditadas a Venezuela, pero habrá que esperar a ver si en los próximos días la jugada del PP surte efecto y Pedro Sánchez accede, le da largas al asunto o se congracia con el régimen de Maduro, enviando a Venezuela a estas dos personas.