EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los aproximadamente 70.000 hogares de Alcorcón que recibieron el recibo de la tasa de basuras en 2025 y esperan la liquidación de 2026.
- ¿Cuándo ocurre? La alcaldesa Candelaria Testa ha ordenado el estudio jurídico esta semana; la decisión definitiva se tomaría antes de que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza fiscal de 2026.
- ¿Qué cambia hoy? Si el equipo de gobierno suspende la tasa, los vecinos se ahorrarían el recibo en 2026, aunque el municipio se expone a una sanción del Ministerio de Hacienda por incumplir la Ley 7/2022 de residuos.
La tasa de basuras de Alcorcón podría quedar suspendida en 2026 por decisión de la alcaldesa socialista Candelaria Testa, que ha pedido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre la viabilidad de retirarla. La medida se plantea como gesto social en un municipio donde el recibo medio supera los 90 euros anuales, pero choca de frente con la obligación estatal de cobrarla.
La regidora asume el riesgo de que el Ministerio de Hacienda abra expediente sancionador. Y lo asume por escrito.
Por qué Testa desafía a Hacienda con la tasa de residuos
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a los ayuntamientos españoles a establecer una tasa específica que cubra el coste real del servicio de recogida y tratamiento. La norma transpuso una directiva europea y entró en vigor en abril de 2022, con un plazo de tres años para que los consistorios la implantaran. Alcorcón la aprobó en 2024 y la cobró por primera vez en 2025, generando un fuerte malestar vecinal que el PP local capitalizó durante meses.
Testa sostiene ahora, según ha trasladado a la información publicada por ABC, que el coste recae sobre familias con rentas bajas en un municipio especialmente castigado por la subida del IPC en alimentación y suministros. La fórmula que se estudia: derogar o suspender la ordenanza fiscal antes del cierre del ejercicio, asumiendo que la Intervención General del Estado pueda reclamar al Ayuntamiento el déficit generado o sancionar el incumplimiento.
El cálculo no es menor. Alcorcón ingresó por esta tasa en torno a 6,5 millones de euros en 2025 según los datos del propio consistorio, una cifra que tendría que cubrir vía remanente de tesorería o transferencias internas si la suspensión sale adelante. La calle dice otra cosa.
El pulso entre el gesto social y el riesgo presupuestario
La oposición del Partido Popular, que gobernó Alcorcón hasta 2023, observa la maniobra con escepticismo. Sus portavoces recuerdan que fue el actual equipo socialista quien tramitó e implantó la tasa hace apenas dos ejercicios, y que ahora plantea retirarla a un año vista de las próximas municipales de 2027. La operación tiene una clara lectura electoral en el sur metropolitano, donde Móstoles, Fuenlabrada y Leganés también cobran la tasa con quejas vecinales acumuladas. Algunos concejales del propio grupo socialista, según fuentes municipales consultadas por Merca2.es, aún sin confirmación oficial, han pedido prudencia hasta conocer el dictamen jurídico.
El movimiento llega además en un momento delicado para las haciendas locales madrileñas. El Tribunal Supremo avaló en 2024 la legalidad de la tasa cuando esté correctamente calculada, y varios municipios -entre ellos Pozuelo y Boadilla- ajustaron sus ordenanzas tras revisiones técnicas. Suspenderla unilateralmente colocaría a Alcorcón en una posición jurídica frágil ante eventuales recursos.
Suspender la tasa de basuras es un gesto político de alto voltaje: alivia el bolsillo del vecino hoy y traslada al Ayuntamiento un riesgo presupuestario que pagará el Alcorcón de 2027.
Lo que enseñan los precedentes en la Comunidad de Madrid
El antecedente más cercano es el de varios ayuntamientos pequeños de la sierra que, en 2024, intentaron retrasar la implantación más allá del plazo legal. Hacienda les remitió requerimientos formales y la mayoría terminó aprobando la tasa con efectos retroactivos para evitar el procedimiento sancionador. En la Comunidad de Madrid el 100% de los municipios de más de 50.000 habitantes ya tiene tasa de residuos en vigor, según la información agregada por la Comunidad de Madrid y los respectivos boletines municipales. Alcorcón sería el primer gran ayuntamiento del sur metropolitano en revertir la decisión.
Analizamos esta jugada como un movimiento defensivo más que ofensivo: Testa intenta blindar el flanco social en el que el PP local ha venido golpeando desde 2025, aunque hacerlo le obligará a explicar en el próximo pleno de presupuestos cómo cuadra las cuentas sin esos 6,5 millones. La memoria económica que acompañe a la propuesta -si es que llega a presentarse- dirá si la suspensión es real o un anuncio que se diluirá en el calendario administrativo. Hay un precedente que pesa: en 2019 el Ayuntamiento ya rebajó el IBI con un gesto similar y terminó recortando inversión en limpieza viaria al ejercicio siguiente.
El siguiente hito está marcado en la agenda municipal. La ordenanza fiscal de 2026 debe aprobarse provisionalmente antes del 31 de octubre para entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente, lo que sitúa la decisión real -con informe jurídico, dictamen de la Intervención municipal y debate plenario- en los próximos cuatro meses. Hasta entonces, el anuncio es eso: un anuncio.
