La Generalitat estudia desplegar Mossos d’Esquadra de paisano en escuelas catalanas como medida para mejorar el clima escolar y atajar conflictos antes de que escalen. La propuesta, todavía sin concretar en un plan operativo, busca evitar el efecto disuasorio negativo del uniforme en los pasillos y, a la vez, reforzar la presencia policial en los entornos educativos. No es una idea menor: redefine cómo entra la policía autonómica en los centros y abre un debate que va más allá de lo estrictamente securitario.
Qué propone exactamente el Govern y por qué ahora
La fórmula que maneja el Departament d’Interior, según ha trascendido, pasa por agentes vestidos de civil que actúen en coordinación con equipos directivos y servicios de orientación. La lógica es doble. Por un lado, evitar que el uniforme estigmatice o tense el clima del centro; por otro, mantener una capacidad de respuesta inmediata ante episodios de acoso, peleas, consumo o conflictos comunitarios que se trasladan al recinto escolar.
El movimiento llega después de varios cursos en los que los datos sobre conflictividad escolar en Catalunya han ido al alza, según los registros del propio Departament d’Educació y del Síndic de Greuges. Las direcciones de centros llevan tiempo pidiendo apoyo más estructurado y menos episódico. La presencia uniformada puntual del programa tradicional de Mossos en escuelas —charlas, sesiones preventivas— no siempre encaja con la realidad de los institutos más tensionados.
El problema: una medida con muchos aristas y poca letra pequeña
Aquí es donde la propuesta cruje. Analizamos esta iniciativa y observamos al menos tres frentes abiertos que el Govern aún no ha resuelto públicamente.
El primero es jurídico. La presencia de agentes de paisano en un espacio donde conviven menores plantea preguntas sobre protocolos de identificación, supervisión por parte de equipos directivos y régimen de información a las familias. ¿Sabrán los padres que hay un Mosso de paisano en el centro de su hijo? ¿Lo sabrán los propios alumnos? El equilibrio entre eficacia preventiva y transparencia no es trivial.
El segundo es pedagógico. Buena parte de la comunidad educativa catalana —sindicatos como USTEC, federaciones de familias, claustros— recela históricamente de la securitización del espacio escolar. La idea de que la escuela es un entorno pedagógico y no policial está muy arraigada. Encajar agentes de paisano en ese marco, aunque sea con buena intención, exige una pedagogía previa que de momento no se ha hecho.
El tercero es político. El Govern de Salvador Illa necesita el apoyo parlamentario para cualquier medida con impacto presupuestario o normativo, y este tipo de iniciativas suelen polarizar. ERC y los Comuns son tradicionalmente reacios a ampliar el perímetro policial sobre la infancia; Junts y PP, en cambio, podrían apoyarlo si se presenta en clave de seguridad ciudadana. La Aliança Catalana llevará el debate hacia su terreno habitual, lo que puede contaminar la discusión técnica.
La frontera entre prevención y vigilancia es estrecha, y en una escuela esa línea se cruza muy rápido si no hay protocolos claros desde el primer día.
Precedentes: lo que ya se intentó y cómo acabó
No es la primera vez que en Catalunya se debate cómo articular la presencia policial en entornos educativos. El programa Policia de Proximitat de los Mossos lleva años trabajando con centros, pero siempre en formato visible, anunciado y pedagógico. La novedad ahora es el paisano, que cambia la naturaleza de la intervención.
En el País Vasco, la Ertzaintza ha mantenido históricamente un modelo de agente referente para centros, también de paisano en algunos casos, con resultados desiguales según la fuente que se consulte. En Madrid, la Policía Nacional ha desplegado el Plan Director con presencia uniformada y formación en aulas, un modelo más conservador. Comparar es complicado: cada territorio tiene su mapa de conflictividad, su modelo policial y su cultura escolar.
Lo que sí enseña la experiencia comparada es que estas medidas funcionan cuando se acompañan de tres condiciones: protocolos escritos y públicos sobre el rol del agente, formación específica en menores y entorno educativo, y evaluación independiente periódica. Sin las tres, lo que arranca como prevención termina, demasiado a menudo, como vigilancia difusa sin métricas claras.
El Govern todavía no ha presentado un calendario de despliegue ni un documento técnico con los protocolos previstos. Tampoco ha aclarado si la medida pasará por el Parlament o se articulará por vía reglamentaria desde Interior y Educació. Cabe recordar que el Departament d’Interior tiene margen propio para reorganizar el dispositivo de los Mossos, pero la dimensión educativa obliga a coordinarse con Educació, lo que ralentiza cualquier puesta en marcha.
El próximo Consell Executiu que aborde el tema marcará si la propuesta avanza con un texto concreto o se queda en globo sonda. La sensación en esta redacción es que el Govern ha lanzado la idea para tomar el pulso. La respuesta de claustros, familias y partidos en las próximas semanas decidirá si la medida llega a tener forma jurídica o se diluye antes de pisar un aula. Por ahora, nada cerrado.
