La nueva ley del aborto, que el Gobierno aprobó en segunda vuelta la semana pasada, implicará un impacto presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas que asciende a 132.929.915 euros anuales, según se recoge en la memoria del impacto de la norma. En el documento, recogido por Europa Press, se desglosa el impacto que suponen algunas de las principales medidas que se incluyen en el texto. Así, se determina que las iniciativas que tendrán mayor impacto presupuestario son las que regulan las situaciones de incapacidad.
En concreto, el Gobierno calcula que la baja temporal por contingencias comunes desde la semana 39 del embarazo supondrá 57,1 millones de euros al año; mientras que la baja temporal por menstruaciones dolorosas e incapacitantes tendría un impacto presupuestario de 23,8 millones de euros anuales. Sobre este último punto, el texto señala que la participación femenina en el mercado laboral era de casi un 46% a fecha de 2020 y que se estima que seis millones de mujeres trabajan en el rango de edad de entre 16 y 50 años. «Dado que el salario medio asciende a 21.682 euros anuales en 2021 tendríamos un coste estimado bruto de casi 80 millones de euros en el caso de que el 1% de las mujeres tuviesen esa situación».
Además, este informe tiene en cuenta un estudio de la revista BMJ Journals que indica que, de media, las mujeres se cogen un día de baja al año por motivos menstruales y que «ya existen costes muy significativos en bajas por incapacidad temporal debido a estas causas». «El estudio resalta que el haber ido a trabajar con dolores importantes hizo decaer la productividad de estas mujeres en una media de nueve días al año», ha apuntado el Gobierno, que señalad que, «teniendo en cuenta estos cálculos y los realizados por la Seguridad Social» se ha determinado ese impacto en los 23,8 millones que se recogen en el informe.
Por su parte, la disposición gratuita de métodos anticonceptivos en los centros sanitarios del SNS implicará un impacto presupuestario de 28,8 millones; mientras que el de la incapacidad por Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se sitúa en 7,8 millones al año. Tampoco baja de los 7,8 millones de euros de impacto anual las medidas para garantizar el aborto farmacológico con atención sanitaria especializada. En este sentido, el informe determina que se ha calculado teniendo en cuenta la atención extrahospitalaria especializada a las 79.000 mujeres que, en promedio, realizan su interrupción voluntaria del embarazo en centros privados.
Además, las medidas dedicadas a que la interrupción del embarazo se haga en centros públicos superan los 7,5 millones de impacto al año. Sobre esta iniciativa, el Gobierno apunta que «los costes varían según cada centro acreditado y las características de la intervención y de la mujer», pero señala que, «en promedio un aborto de hasta 12 semanas, con anestesia local y sin otro tipo de complicaciones puede costar alrededor de 350 euros incluyendo el preoperatorio».
«Si el embarazo supera las 12 semanas el precio de la intervención se incrementa de manera muy variable dependiendo del número de semanas, las condiciones de salud y el riesgo que implica la intervención», añade en el documento, antes de señalar que «garantizar la atención pública podría suponer un impacto presupuestario adicional de un 20% del coste actual», lo que supone esos 7,5 millones de euros de incremento neto.
Por otra parte, el Ejecutivo recoge que otras iniciativas, como consolidar la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva en todas las fases del ciclo vital; la Alta Inspección que verifique el cumplimiento de la norma; la creación de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva; o la puesta en marcha de programas y campañas, no tienen impacto presupuestario según el documento del Gobierno.
