El ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, asegura que tras haber visto el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en su contra, reitera su inocencia ante todos los cargos que se le imputan y por los que piden 19 años de prisión.
La Fiscalía acusa al exfuncionario de liderar una trama corrupta que se dedicaba al cobro de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales, por lo que piden que le sean decomisados más de 20 millones de euros de los que supuestamente se habría apropiado en su participación en esta trama.
Los delitos que le han imputado al exministro del Partido Popular son: organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación, de acuerdo con la precalificación del Juzgado 8 de Valencia, a través del cual se dejó saber a la opinión pública sobre el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones, por la concesión de las licencias de ITV y de los parque eólicos de la Comunidad de Valencia, que habrían sido gestionadas a través de una organización integrada por un grupo de personas muy allegadas al ex ministro, en la época en que estuvo al frente de la Generalitat.
«Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», aseguró Zaplana a Moncloa.com.
Según la acusación fiscal, las empresas a través de la cuales se habrían supuestamente obtenido los sobornos se crearon en el exterior y habrían servido para ocular el origen ilícito de los fondos que habrían recibido los implicados para que se asignaran las concesiones y posteriormente se habrían transformado para que entraran al sistema financiero local.
«Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales», dijo el ex presidente de la Generalitat a este medio, tras conocer la petición hecha por la Fiscalía.
Ya en junio el juzgado de instrucción había emitido un auto en el cual se señalaba que había finalizado la etapa de investigación del proceso y que ahora daría paso al proceso de juicio, para determinar responsabilidades contra todas las personas implicadas en la investigación, así como el archivo del procedimiento o la orden de que se realizaran diligencias complementarias que ayudaran a ahondar los datos que han sido recabados durante los últimos años.
Además del exministro Zaplana, la Fiscalía también ha acusado a otras de las personas que estaban implicadas en la causa, entre quienes mencionan a Joaquín Barceló, que es señalado de ser el presunto testaferro del presidente de la Generalitat y al también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, para quine la Fiscalía ha pedido seis años de prisión, y los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros.
«Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas», señaló el expresidente de la Generalitat.
En total, serían 15 personas las acusadas por esta investigación sobre corrupción que salpica al Partido Popular y el cual quedó al descubierto por unas hojas en las cuales los implicados supuestamente habrían dejado plasmado todo el procedimiento sobre los trámites que efectuaron para la asignación de las concesiones de ITV y de los parques eólicos que fueron privatizados durante la gestión de Zaplana.
A este exfuncionario le atribuyen la responsabilidad de ser quien dio las indicaciones a sus amigos para que se hicieran las adjudicaciones y de acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público, para tal fin se crearon unas condiciones totalmente subjetivas para que los amigos de los funcionarios fueran los únicos que pudieran ganar las licitaciones, pues eran los únicos que conocían estas condiciones, de primera mano y eran los que podían cumplirlas.
La Fiscalía Anticorrupción señala además que Zaplana supuestamente habría creado toda una estructura de manera que todas esas comisiones y beneficios, obtenidos a través de un grupo de personas muy cercanas a él, pareciera que eran obtenidas de manera lícita.
Panamá, Andorra y Luxemburgo habrían sido los países utilizados por esta estructura para crear empresas off shore que permitieran mover el dinero y lavarlo, para posteriormente introducirlo de vuelta al sistema financiero español, de manera que pareciera que todo estaba absolutamente legal. De hecho, a Zaplana lo comienzan a investigar por la compra de diferentes bienes con dinero que había supuestamente llegado a él de manera lícita, pero al ir investigando fue que se logró dilucidar el origen de los fondos.
