La Generalitat tendrá que abonar casi 81 millones de euros, más los intereses de demora y en costas a Renfe por los servicios prestados entre 2016 y 2019, según ha confirmado en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El fallo se produce en plenas negociaciones por la amnistía entre el Gobierno y los partidos independentistas, así como la exploración de un pacto oculto, por el que se concederían nuevas competencias a Cataluña, como la gestión de Cercanías -Rodalies-.
Renfe reclamó esta deuda en los tribunales, pero la Consejería de Territori y Sostenibilitat recurrió en la pretensión. Asimismo, el Govern tendrá que abonar los incrementos por los cánones ferroviarios del Plan de Acción trianual de Renfe, una cuantía que a juicio de la Generalitat debía abonar la Administración General del Estado (AGE) al ser de su competencia.
No obstante, el TSJC considera que es la Generalitat quien debe afrontar esos pagos ya que los servicios prestados se realizaron sin oposición del Gobierno catalán y en caso de iniciar una reclamación posterior a la AGE deberá realizarla por las vías administrativas correspondientes, pero sin volver a entrar en los tribunales.
EL CONFLICTO CON RENFE Y LA AGE, EN PLENA NEGOCIACIÓN
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso MONCLOA, «el compromiso de pago no solo se halla reconocido sino que además frente a él no cabe alegar un conflicto con la Administración General del Estado en relación a las transferencias de recursos, conflicto al que es ajena la Sociedad mercantil Renfe Viajeros SA».
En relación a los cánones, «el incremento de su coste viene reflejado en el Acuerdo de la CMAEF», ha señalado el tribunal. «Precisamente ello ya refleja que esta es una cuestión interna entre las dos Administraciones territoriales, que como tal no puede ser opuesta frente a Renfe, sino que ha de ser planteada por la Administración de la Generalitat de Catalunya en el marco de la transferencia de recursos AGE-Generalitat». La Generalitat no puede oponerse a dicho pago, pero si da la alternativa para reclamar la transferencia a la Administración.
La Generalitat culpa a Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes por el mal funcionamiento de la red de Cercanías
En este sentido, ha señalado que hay un «reconocimiento tácito» de la prestación del servicio. Y es que, en ningún momento la Generalitat se mostró contraria a las cantidades, toda vez que consideraba que era la AGE la que debía realizar los pagos, aunque el TSJC ha remarcado que la cuantía a abonar corresponde al Ejecutivo catalán. En aquella época, la Generalitat estaba comandada por Carles Puigdemont y Quim Torra, el prófugo líder de Junts y e inhabilitado por desobediencia, respectivamente.
EL GOVERN RECURRIRÁ LA SENTENCIA FAVORABLE A RENFE
La Generalitat tendría que interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para poder tratar de paralizar el desencuentro por una cantidad que supone un nuevo mazazo para las arcas públicas.
La Generalitat vuelve a mostrar su habitual victimismo en estas situaciones, como ocurre con los casos de corrupción o sentencias judiciales contrarias. La culpa siempre es de un tercero, sin asumir errores propios, y con un ataque a furibundo contra el Estado. Según ha asegurado la consejera de Territori, Ester Capella, el Estado es «el principal incumplidor».
En su nuevo ataque, la Generalitat asegura que se ha plantado «porque el Estado se hace cargo de estas ampliaciones de servicio en otros lugares del Estado y en Cataluña no solo no se hace cargo, sino que los servicios que se tiene que hacer cargo Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes -(liderado por Raquel Sánchez (PSC)-tampoco funcionan». No obstante, la Generalitat tiene la competencia de la gestión de Cercanías en Cataluña desde el pasado 2010, como también la coordinación del servicio.
Eso sí, el Estado mantiene el control de la infraestructura. Es decir, es la propia Generalitat la competente para abonar por los servicios, pero se niega a hacerlo exigiendo que sea el Estado quien pague por los mismos. Básicamente, tener la gestión y que otro tenga que poner el dinero.
LA GENERALITAT Y SUS COMPETENCIAS CON CERCANÍAS
Cabe recordar que la Generalitat tiene bajo su gestión a la regulación y ordenación del servicio, la planificación de la oferta, la gestión, coordinación, la inspección del servicio, las tarifas y la aplicación de sanciones, mientras la AGE tiene las siguientes competencias reservadas la infraestructuras de la red ferroviaria, la licencia de empresa ferroviaria, la regulación de la formación del personal, las licencias correspondientes a los maquinistas y personal, junto con la seguridad de la circulación. Aún así, la Generalitat exige las competencias del Estado y el pago de éste por la gestión.
De hecho, la sentencia vuelve a poner de manifiesto la incapacidad de la Generalitat para abordar sus propias competencias, pero el Govern tampoco ha desaprovechado para exigir el cumplimiento de las inversiones prometidas en Cataluña, especialmente en infraestructuras. Desde ERC insisten en esta exigencia, vigente en el Estatuto de Autonomía y tumbada por el Tribunal Constitucional en 2010.
Capella exige así la inversión en infraestructuras correspondiente al peso de Cataluña en el PIB de España. Es decir, el 19% del total para toda España, un montante que supondría un agravio para el resto de autonomías, especialmente las más desfavorecidas y que tienen reivindicaciones históricas, como Extremadura y Galicia.
