El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han iniciado las conversaciones con todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, sin mostrar claramente una apuesta por la amnistía, término que evitan pronunciar tanto el jefe del Ejecutivo en funciones como el líder del PSC, Salvador Illa. La apuesta de los socialistas no sólo se centra en contentar momentáneamente a Carles Puigdemont, líder de Junts, sino también a Oriol Junqueras y Pere Aragonès, las dos almas más representativas de ERC.
Las dos formaciones exploran cambiar el Gobierno de Cataluña para poder compararse de tú a tú con el País Vasco. La negociación de los socialistas con los dos principales grupos independentistas no sólo se centran en la amnistía, una línea roja que podría traspasarse tras meterla con calzador dentro de los márgenes de la Constitución, a pesar de que los juristas consultados por MONCLOA creen que «no se dan las condiciones» para esta medida de gracia.
De hecho, tanto Junts como ERC exigen también el referéndum de independencia, un punto polémico y por ahora sin acuerdo ni posibilidad alguna de entendimiento. Tanto el PSOE como el PSC se niegan a realizar consulta, incluso si ésta es «no vinculante», aunque hay voces socialistas que abogan por explorar esta vía para tratar de contentar al separatismo. Sin embargo, las formaciones que buscan la ruptura con el resto de España no están por la labor de aceptar tales condiciones.
LAS TRES LÍNEAS PARA AVANZAR EN LA NEGOCIACIÓN CON ERC Y JUNTS
La otra condición indispensable para profundizar en las negociaciones pasan por la elaboración de un pacto fiscal, a imagen y semejanza del concierto vasco. Son tres líneas troncales que deben aceptar los socialistas para poder dar luz verde a una investidura con garantías, pero aún hay más exigencias, que verían la luz en futuras negociaciones, como los Presupuestos, una parada que el PSOE tratará de atar en los próximos meses, aunque se espera que se aprueben de cara al próximo año.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha deslizado que algunas de las propuestas aprobadas en los Presupuestos tendrán carácter retroactivo, como la subida del 0,5% para los funcionarios. En caso de prorrogarse las cuentas, éstas contemplan incrementos del 2,5% y del 8,5% para funcionario y pensionistas, dos medidas que presionarían al déficit y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como a la deuda, con unos intereses al alza. De hecho, España paga por su deuda a diez años más de un 4%, mientras los tipos de interés oficiales han escalado al 4,5%.
No obstante, tanto ERC como Junts exigen cada vez más y la negociación no será nada fácil cuando se tendrían que conceder la gestión de infraestructuras clave, como Cercanías -Rodalies-; los Puertos y aeropuertos, como El Prat, dependientes del Estado; e incluso la gestión y vigilancia de la costa catalana, una competencia que tan sólo tiene la Guardia Civil. En este sentido, Cataluña dispone ahora de un cuerpo policial para este cometido, con lanchas patrulleras semejantes a las de la Benemérita y que únicamente servirían de apoyo en caso necesario. No obstante, ERC lo vende como la policía propia del mar, como si la Guardia Civil invadiera las competencias que le pertenecen.
EL PUERTO DE VALENCIA, LÍNEA ROJA EN VALENCIA
El Puerto de Valencia se ha convertido en motivo de preocupación. ERC ha exigido al PSOE paralizar por completo la ampliación de esta infraestructura como parte de la negociación, mientras el Gobierno ha asegurado que la obra se llevará a cabo. El temor en Cataluña es enorme debido a la altísima competencia que supone este puerto, unida al de Sagunto. A sólo tres horas en carretera de Madrid y con vía férrea directa y bidireccional sería un fuerte golpe para la industria catalana, que ha exigido desde hace décadas la conclusión del proyecto del Corredor Mediterráneo.
El PP ha puesto el grito en el cielo ante esta posible utilización política de infraestructuras apalabras y adjudicadas al anterior Ejecutivo de Ximo Puig. Tanto la alcaldesa de Valencia como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han tildado de «muy grave» este juego del PSOE con los independentistas de ERC y Junts.
En este sentido, han descartado ceder ante los «sectarios» y «radicales», cuyo objetivo es frenar a una economía valenciana que comienza a hacer sombra al todopoderoso Puerto de Barcelona, hundido desde hace ocho años por las trabas de Ada Colau y el ahora alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni.
Así, tanto Mazón como Catalá han rechazado «las supuestas presiones por parte de ERC y Junts, para que no se amplíe el Puerto de Valencia».
SALIDA DE LA POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
Los de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, además, también buscan una mayor transferencia de competencias, como gestionar todos los tributos que se pagan en Cataluña, una potestad que tiene la Agencia Tributaria de la Generalitat, pero que después debe dar cuenta directamente a la pública del Estado. Es decir, un catalán puede realizar los pagos al Estado a través de la Generalitat, pero son muy pocos los casos a pesar de las campañas de propaganda realizadas. El principal temor de quienes utilizan esta vía es que haya un error o fallo en la Generalitat y el Estado exija al contribuyente el pago posteriormente.
Desde las asociaciones independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) no sólo tratan de frenar estos pactos, sino que abogan por una ruptura unilateral con el Estado. Asimismo, los cachorros de la CUP, las juventudes vinculadas con los violentos de ‘Arran’, mantienen sus actos beligerantes contra quienes no comulgan con el credo separatista, como ocurre aún en la Universidades catalanas, especialmente con el objetivo de «expulsar» a las asociaciones de los jóvenes constitucionalistas, como S’ha Acabat. Una muestra de ello es la intolerancia mostrada en la Universidad este mismo martes al grito de «guerra contra España».
tanto ERC como Junts exigen cada vez más y la negociación no será nada fácil
Desde el Parlament, además, se insta también a expulsar a la Policía Nacional, con el objetivo de desalojar la Jefatura de Vía Laietana 43, denominada como ‘El Álamo‘ por los graves disturbios de la semana posterior a la sentencia del Tribunal Supremo a los políticos presos, después indultados por el PSOE.
El PSC exploró esta posibilidad en Barcelona, pero fue descartado tras el rechazo al unísono de todo el arco constitucionalista. Sin embargo, los agravios al cuerpo policial se han sucedido en vísperas del sexto aniversario del 1-O, con adoquines con lemas como «justicia» a las puertas de la Jefatura, sin que los socialistas que rigen ahora el Ayuntamiento hayan hecho el menor movimiento para eliminarlos.
EL INDEPENDENTISMO Y EL ESPEJO DEL MODELO DEL PAÍS VASCO
Asimismo, la Cámara Catalana se ha centrado ahora en perseguir las filtraciones policiales en grupos separatistas, a pesar de que un informe de Interpol pone de manifiesto el peligro que entrañan para la ciudadanía, como ocurrió con la ‘operación Judas’, con cuatro detenidos con explosivos para atentar supuestamente contra el Parlament. Para estos cuatro también se ha pedido la amnistía e incluso Puigdemont les denomina «patriotas».
Con estas pretensiones, ERC y Junts convertirían a Cataluña en el nuevo País Vasco, donde los Mossos d’Esquadra serían la única policía autonómica y judicial, con una gestión de las infraestructuras críticas. Asimismo, cabe destacar que la Comunidad Autónoma ha recibido casi 200 transferencias de competencias del Estado desde 1983, entre las que destacan prisiones y Tráfico, pero este nuevo acuerdo con el PSOE, si se cumplieran las condiciones, sería el inicio de convertir a Cataluña en un autogobierno de facto, a pesar de las deudas y dificultades para encontrar dinero en el mercado.
