Una diferencia de apenas 50.000 votos ha bastado para que Keiko Fujimori jure como presidenta de Perú. Y con ella, el temblor político que sacude los Andes llega directo a los intereses de dos de las mayores empresas españolas: BBVA y Telefónica. Más de 150.000 españoles viven en el país andino, y ambos gigantes canalizan miles de millones de euros en inversiones que hoy penden del hilo más fino de la política peruana. La estabilidad del país andino es, desde hace décadas, un asunto de Estado para España.
La pregunta no es ociosa. Perú ha tenido nueve presidentes en diez años. La mayoría terminaron su mandato entre procesos de destitución, renuncias forzadas o prisión. Fujimori llega al poder en medio de una fractura tan profunda que los legisladores opositores abandonaron el Congreso durante su discurso de investidura el pasado 28 de julio. Y ese desplante encapsula mucho más que una muestra de desprecio político: es el termómetro de una gobernabilidad bajo mínimos que amenaza con arrastrar al país a una nueva crisis institucional.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La inestabilidad política crónica en Perú compromete inversiones estratégicas de BBVA y Telefónica, que canalizan miles de millones de euros y emplean a decenas de miles de personas en el país andino. Una crisis de gobernabilidad podría afectar directamente los resultados de ambas compañías y la seguridad de la numerosa comunidad española.
Qué se juega España con la presidencia de Keiko Fujimori
BBVA es uno de los mayores bancos del país. Su filial peruana, heredera de la antigua Continental, representa una porción muy significativa de los beneficios del grupo en América Latina. No es casual que los consejeros delegados de ambas compañías hayan seguido la toma de posesión con más atención que nunca. La incertidumbre política altera el intinerario de inversión de BBVA y Telefónica: en un escenario de inestabilidad, la morosidad se dispara, el crédito se contrae y los flujos de capitales se invierten.
Además de las empresas, la comunidad española residente —una de las más nutridas de Sudamérica— observa el panorama con creciente ansiedad. Los consulados ya han reforzado sus protocolos ante el incremento de la inseguridad ciudadana. La tasa de homicidios se ha duplicado en los últimos años, y Fujimori ha hecho de la seguridad su principal bandera. Pero, ¿puede restaurar el orden una presidenta que apenas controla el Congreso?
La crónica inestabilidad peruana y el precedente que espanta a los inversores
Para entender el vértigo actual conviene remontarse a un dato demoledor: en la última década, todos los presidentes peruanos, salvo uno, han sido procesados, destituidos o encarcelados. La sucesión de crisis —desde el autogolpe frustrado de Pedro Castillo hasta las turbulencias del ‘caso Odebrecht’— ha erosionado la confianza inversora hasta niveles históricamente bajos. Cada episodio ha dejado a las empresas españolas en una posición delicada: interrumpir proyectos, renegociar contratos o, en el peor de los casos, abandonar activos estratégicos.
Solo en 2022, la abrupta destitución de Castillo generó un terremoto en la bolsa limeña y disparó la prima de riesgo país. Entonces, BBVA Perú vio cómo se congelaban varias líneas de crédito sindicado a la espera de señales claras. Ahora, con Fujimori, el fantasma de la parálisis legislativa revivió. Su victoria por menos de un punto porcentual sobre el izquierdista Roberto Sánchez y la negativa de la oposición a escuchar su discurso son el preámbulo de un mandato que nace con el Congreso como adversario, no como aliado.
Gobernar con el Congreso en contra: el verdadero examen para Fujimori
La historia reciente del Perú enseña que un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria está condenado al bloqueo. Basta recordar el caso de Martín Vizcarra, que disolvió el Congreso en 2019 para luego ser destituido él mismo. O el propio Pedro Castillo, que intentó gobernar a golpe de decreto y acabó en prisión provisional. Fujimori hereda esa misma debilidad estructural, agravada por la sombra de su padre, Alberto Fujimori, cuyo legado autoritario sigue polarizando al país.
Desde el punto de vista español, la clave no está tanto en quién ocupa la presidencia como en si será capaz de ofrecer un marco de estabilidad jurídica y económica. Las inversiones necesitan seguridad jurídica, tipos de cambio predecibles y un sistema fiscal sin sobresaltos. Si Fujimori no logra tender puentes con la oposición, el ruido político ahuyentará nuevas inversiones y pondrá en jaque las existentes. Y en ese juego, España tiene mucho que perder.
Con nueve presidentes en diez años, la pregunta no es si Fujimori terminará su mandato, sino cuándo y cómo se desencadenará la próxima crisis política.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026 tras una ajustada victoria electoral, en un país donde la inestabilidad institucional es la norma.
- Datos importantes: BBVA y Telefónica tienen una presencia estratégica; más de 150.000 españoles residen en Perú; la tasa de homicidios se ha duplicado en los últimos años.
- Resumen: La fragilidad política de Perú amenaza con desestabilizar las inversiones y la comunidad españolas, en un entorno en el que la gobernabilidad pende de un hilo.
