Ferran López se estrena este jueves en la comisión de Interior del Parlament. Lo hace 48 horas después de relevar a Josep Lluís Trapero al frente de la dirección general de la Policía, el cargo desde el que se gobierna la cúpula de los Mossos d’Esquadra, y en medio del fuego cruzado de una oposición que califica la comparecencia de opaca.
La consejera de Interior, Núria Parlon, ha escenificado esta semana su apuesta más arriesgada desde que asumió la cartera. Cambia los mandos y, a la vez, sostiene ante los grupos que los cambios se inscriben en en la continuidad del proyecto. La coraza tiene un precio. En dos años de legislatura solo ha salido una consejera del Consell Executiu —Mònica Martínez Bravo, que dejó Drets Socials i Inclusió el pasado 20 de julio por motivos personales y familiares—, pero los segundos y terceros niveles de la administración han vivido una sacudida que no aparece en las fotos oficiales.
El movimiento real no está en el Govern, sino en lo que en la Generalitat se denomina sottogoverno: los altos cargos que sostienen la maquinaria de cada departamento. Junto a Trapero y al secretario general de Interior, Tomás Carrión, cesado a principios de septiembre, la lista incluye a Teresa Sambola en Educación, Josep Manel Rosón en Hacienda, Yolanda Ferrer en Feminismo, Isabel Carrasco en Infancia y Mercè Andreu en Innovación, Digitalización y Currículum.
Se suman Jesús del Cacho en Ejecución Penal y Justicia Juvenil, Francesc Castellana al frente del SOC y Eva Torras en Relaciones con el Estado, además de Joan Mayoral como subdirector de Infancia y Alfons Jiménez como jefe de gabinete de Territorio. La lectura política es nítida: Parlon ha aprovechado el arranque de curso para girar el calcetín de su departamento sin abrir un debate de fondo sobre el modelo policial. Nadie quiere amplificar los reajustes antes de que la legislatura entre en fase electoral. El resto es coreografía.
Un relevo exprés con confianza interna y recelo en los grupos
El nuevo director general comparece con dos misiones encima de la mesa. La primera, ordenar la casa junto a la nueva comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, y romper dinámicas internas enquistadas por el tiempo. La segunda, y bastante más difícil, sostener ante la comisión de Interior del Parlament que la seguridad en Catalunya no se ha deteriorado pese a lo que se percibe en los barrios. Llega con el aval explícito de la consejera y con la sospecha de la oposición, que exige comparecencias con contenido y no un relato de continuidad. Nadie lo llamará crisis.
Relevar a Trapero fue la decisión fácil; explicar por qué la estadística mejora mientras la calle empeora será el examen de verdad.
En el detalle de las competencias hay otro frente abierto. El propio Govern ha admitido que los relevos deben traducirse en políticas distintas, consensos más amplios y mayor ambición competencial, con puertos y aeropuertos como territorios a pelear. Es la parte de la remodelación que todavía no tiene texto normativo ni calendario, y por eso mismo la más expuesta a quedarse en anuncio.
Lo que dice la estadística y lo que percibe la ciudadanía
En la comisión, la consejera aportó un dato: los delitos cayeron un 8,4% entre enero y agosto de 2026. Acto seguido reconoció que esa mejora no se corresponde con la percepción ciudadana de inseguridad. Y ahí está el nudo, porque los ciudadanos no viven de estadísticas, sino de la sensación que tienen en su entorno más cercano.
Los números, además, no son homogéneos. Las lesiones aumentaron un 9,1% respecto a la media de 2022-2025 y los delitos contra la libertad sexual, un 15,1%. En el primer semestre del año se contabilizaron seis muertos y veintisiete heridos por arma de fuego, y los Mossos intervinieron 179 armas, un 14% más que un año antes. Trapero ya lo reconoció en julio: hay más armas de fuego en las calles de Catalunya. Los números no bastan.
Por qué la percepción de inseguridad pesa más que cualquier estadística
Parlon tiene un precedente reciente en su propio Govern. La crisis de la DGAIA —irregularidades detectadas en pagos y casos de abusos a menores tutelados— sobrevoló durante meses el departamento de Drets Socials i Inclusió y acabó desgastando a Martínez Bravo, que salió del ejecutivo el 20 de julio alegando razones familiares y geográficas, con su vida asentada en Madrid. En Educación, el cese del número dos de la consejería evitó una crisis mayor después del fiasco de las pruebas PISA y de un desencuentro con los sindicatos que sigue formalmente abierto: la última huelga educativa se convocó el primer día del curso escolar.
Analizamos esta remodelación como lo que es, una operación defensiva. El Govern reivindica continuidad hacia fuera y ejecuta una sustitución profunda de altos cargos hacia dentro. Mantener las dos cosas a la vez tiene fecha de caducidad, porque el período de gracia que la consejera ha administrado se agota con un escenario electoral por delante y con una oposición que ya no pregunta por los nombres, sino por los resultados. Tampoco ayuda el contexto: en lo que va de legislatura, el único cambio en el Consell Executiu ha sido el de Drets Socials, un dato que la oposición usará como prueba de que el problema no eran las personas, sino el rumbo.
Hay una contradicción que conviene señalar sin adornos. Si los delitos bajan y la percepción no mejora, el diagnóstico oficial se queda corto: falla la comunicación, falla la presencia en el territorio o fallan las dos cosas. Ferran López y Sílvia Catà heredan una estructura policial que arrastra dinámicas internas de años, y lo hacen con menos margen político que sus antecesores. El siguiente examen no será una comparecencia, sino la calle, y ese no admite portavoces. El hito llegará con el curso parlamentario y la negociación presupuestaria, cuando el Govern tenga que defender sus cuentas y alguien pregunte en voz alta qué ha cambiado realmente en la conselleria más expuesta del ejecutivo.
