El 3 de marzo de 1980, el abogado madrileño Adolfo Cotelo fue asesinado a tiros en la confluencia del paseo de Eduardo Dato con la calle Fernández de la Hoz. El autor material, el palestino Said Ali Salman, miembro de Al Fatah, confesó tras su detención que el objetivo real de la operación era Max Mazin, empresario hispano-polaco, directivo de la patronal CEOE y principal figura de enlace oficioso entre España e Israel. El pistolero vigiló la rutina del garaje habitual de Mazin, pero confundió el vehículo y la fisonomía de la víctima, ejecutando un atentado que evidenció la presencia de comandos armados extranjeros operando con margen de maniobra en pleno centro de la capital.
El suceso puso al descubierto una dinámica que los aparatos de seguridad del Estado intentaban gestionar con discreción. Durante los años de la Transición, Madrid funcionó como escenario de seguimiento, aprovisionamiento logístico y ajustes armados entre diversas ramas del nacionalismo palestino y agentes de la inteligencia exterior israelí. La capital concentró delegaciones políticas oficiosas, células disidentes de extrema violencia y agentes encubiertos del Mossad que actuaban al margen de los canales oficiales. Esta fricción derivó en tiroteos, seguimientos ilegales y homicidios selectivos mientras el país consolidaba sus instituciones democráticas.
La vulnerabilidad en materia de seguridad interior fue la consecuencia directa de una política exterior que buscaba conciliar intereses económicos y alianzas estratégicas contrapuestas. El Ejecutivo de Adolfo Suárez mantuvo la tradicional orientación hispano-árabe heredada del régimen anterior para garantizar el suministro de crudo tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979. Como parte de ese posicionamiento internacional, el 13 de septiembre de 1979 Suárez recibió a Yasser Arafat en el Palacio de la Moncloa. Fue el primer encuentro oficial del líder de la Organización para la Liberación de Palestina con un jefe de Gobierno de Europa occidental, una decisión diplomática que provocó la protesta formal del Gobierno de Menájem Beguin y la desconfianza del Departamento de Estado estadounidense.
El reconocimiento implícito de la OLP como interlocutor legítimo facilitó la apertura de una oficina de representación en Madrid, pero también atrajo la atención de facciones contrarias a la línea política de Arafat. Grupos radicales como la Organización Abu Nidal utilizaron el territorio peninsular como vía de tránsito y base logística para sus propias pugnas internas. El asesinato en marzo de 1982 del militante palestino Nabil Arankj Wadi en Madrid confirmó que la violencia interpalestina se dirimía directamente en suelo español. Los informes policiales de la época constataron la existencia de depósitos de armamento ligero y documentación falsa en manos de redes asociadas a movimientos extremistas árabes.
El papel del CESID: contención operativa y equilibrio forzado
La respuesta de los servicios de inteligencia españoles reflejó las contradicciones de la diplomacia del Gobierno. Con la creación del CESID en 1977, el nuevo servicio asumió la tarea de monitorizar estas redes foráneas con recursos técnicos y humanos muy limitados frente a organizaciones veteranas. La directriz prioritaria fijada por el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Gobierno fue evitar que las disputas de Oriente Próximo afectaran a intereses españoles o se tradujeran en atentados contra infraestructuras del país. Para lograrlo, los mandos de la inteligencia nacional establecieron contactos reservados tanto con los representantes de la OLP como con los enlaces del Mossad.
La relación con la delegación palestina se sustentó en un principio de contención a cambio de no interferir en sus actividades puramente políticas. A cambio, los analistas españoles exigían información sobre las células radicales descontroladas que pudieran operar en España. Al mismo tiempo, el CESID mantuvo un canal técnico secreto con los servicios de inteligencia israelíes para el intercambio de datos sobre terrorismo internacional y rutas de armas. Esta colaboración clandestina convivía con la posición oficial de Moncloa, que votaba de manera sistemática a favor de las resoluciones árabes en la Asamblea General de Naciones Unidas y se negaba a establecer relaciones consulares con Tel Aviv.
Ese doble canal no impidió que el espionaje israelí desplegara misiones no declaradas en España. Agentes del Mossad operaban bajo cobertura comercial o turística para realizar vigilancias directas sobre sospechosos de terrorismo y miembros de la comunidad árabe en Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. Aunque la Comisaría General de Información y el CESID detectaron en varias ocasiones estas actividades no autorizadas, las directrices gubernamentales evitaron la vía de la expulsión pública para no romper los flujos de información técnica que Tel Aviv proporcionaba sobre riesgos inminentes en territorio europeo.
La normalización diplomática de 1986 y el nuevo marco de seguridad
El equilibrio de la Transición resultó insostenible a medida que avanzaban las negociaciones para la entrada de España en las instituciones europeas. La firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en junio de 1985 convirtió la ausencia de lazos formales con Israel en una anomalía política insostenible frente a los socios comunitarios. Washington y varias capitales europeas condicionaron el respaldo pleno al ingreso español a la normalización bilateral con el Estado hebreo, lo que forzó al Ejecutivo de Felipe González a cerrar la etapa de ambivalencia.
El 17 de enero de 1986, en La Haya, los presidentes Felipe González y Shimon Peres firmaron el acta de establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre el Reino de España y el Estado de Israel. El reconocimiento oficial de Israel en 1986 transformó de forma inmediata los mecanismos de cooperación antiterrorista al sustituir los contactos clandestinos por delegaciones oficiales. La posterior apertura de la embajada israelí en Madrid permitió canalizar la seguridad a través de enlaces acreditados, lo que redujo drásticamente el margen para operaciones encubiertas de represalia en la capital.
El fin de la clandestinidad forzó también una reestructuración de la presencia palestina en España, que quedó sometida a una fiscalización policial y consular ordinaria sin excepciones políticas. La década en la que Madrid funcionó como punto ciego para las operaciones encubiertas de Oriente Próximo concluyó con la formalización institucional de la política exterior española, dejando documentados en los archivos policiales y de inteligencia los costes en vidas humanas y fricción interna que supuso sostener durante años una diplomacia de confrontación en la sombra.
