La jueza de las VPO de Alicante ha citado como testigo al exconcejal del PP Antonio Gallego para el próximo 30 de septiembre.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La instructora fija la declaración de Antonio Gallego como testigo el 30 de septiembre y reclama a la Mesa de las Corts las actas literales y la grabación de su comparecencia del 2 de julio.
- ¿Quién está detrás? El juzgado que investiga la adjudicación de las VPO de Alicante, la acusación popular de Ciudadanos, el Ayuntamiento y la comisión de investigación del Parlamento autonómico.
- ¿Qué impacto tiene? La versión del alcalde Luis Barcala queda expuesta frente a la de un exconcejal de su propio grupo, y el pulso del caso se traslada a las Corts.
Lo que pide la jueza y lo que dijo el exconcejal ante las Corts
La providencia, dictada este jueves, acepta la solicitud de diligencia de la acusación popular que ejerce Ciudadanos y fija la comparecencia de Antonio Gallego, exconcejal de Hacienda del PP en el Ayuntamiento de Alicante, para el 30 de septiembre. El escrito no se queda ahí: la magistrada requiere a la Mesa de las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat, con 99 escaños) la copia certificada de las actas literales y la grabación audiovisual de su intervención ante la comisión de investigación parlamentaria.
Esa comparecencia se celebró el 2 de julio. Y en ella, según recoge la causa, el exconcejal de Hacienda se salió del relato que sostenían los suyos. Gallego aseguró que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, imputada en el procedimiento, le pidió que fuera él quien respondiera a una pregunta de la oposición sobre la partida de pisos protegidos de Les Naus. La razón que ella le dio: tenía una vivienda allí «y no quería que se mezclaran las cosas».
El detalle pesa. La casa que Gómez y su marido poseen en el residencial Les Naus está en el corazón de la investigación. En su declaración ante la jueza del pasado 20 de mayo, la exconcejala desvinculó ese inmueble de su actividad municipal. Los hechos, las fechas y los documentos, apuntan ahora en otra dirección.
Barcala y Gómez: la versión que la jueza quiere confrontar
Luis Barcala ha mantenido siempre que desconocía las irregularidades en la adjudicación del residencial. Frente a esa tesis, Gallego sostuvo ante la comisión de investigación que «se puede intuir» que «la alcaldía ya conocía la situación de la concejala en el año 2024». Es la frase que la acusación popular quiere poner negro sobre blanco en sede judicial, con las actas y el vídeo como respaldo.
Que la jueza reclame la grabación no es un trámite menor. El vídeo fija las palabras exactas, el tono y el contexto de cada respuesta. Convierte la sede parlamentaria en cantera de prueba para un juzgado y obliga a las Corts a certificar su propio archivo. Nadie declaró entonces bajo juramento; ahora todas esas palabras pueden acabar sobre la mesa de de la instructora.
Lo que se dijo en una comisión parlamentaria en julio puede convertirse, meses después, en material probatorio de un juzgado.
En el centro del sumario está cómo se adjudicaron las viviendas de protección pública del residencial y quién sabía qué. La investigación avanza por dos vías paralelas: la judicial, que tira del hilo de las imputaciones, y la parlamentaria, que ya ha dejado por escrito las contradicciones internas del grupo popular alicantino.
El Escenario Valenciano
El caso ha dejado de ser un asunto estrictamente municipal. La comisión de investigación de las Corts funciona como caja de resonancia de un conflicto que enfrenta a un exconcejal del PP con la cúpula de su propio partido en la ciudad, y lo hace en un Parlamento autonómico donde el PP y Vox sostienen el Consell de Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025. Cada acta que ahora viaja al juzgado es, también, un documento político.
En clave nacional, el foco vuelve sobre Ciudadanos, que ejerce la acusación popular y mantiene en los tribunales valencianos una de sus últimas trincheras públicas. Para el PP, el asunto salpica uno de sus ayuntamientos más visibles y añade ruido a una agenda municipal ya cargada.
El calendario marca un hito claro: el 30 de septiembre, cuando Gallego se siente ante la jueza. A partir de ahí, la instructora decidirá si amplía diligencias o si da un paso más y cita al propio alcalde, algo que por ahora nadie confirma. Queda por ver, además, cómo encaja todo esto en el trabajo de la comisión de las Corts.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza que investiga la adjudicación de las VPO de Alicante cita como testigo al exconcejal del PP Antonio Gallego y reclama a las Corts las actas y el vídeo de su comparecencia.
- Datos importantes: Declaración fijada para el 30 de septiembre; comparecencia parlamentaria del 2 de julio; declaración de Rocío Gómez ante la jueza el 20 de mayo; acusación popular ejercida por Ciudadanos.
- Resumen: El pulso entre la versión de Barcala y la de su exconcejal de Hacienda sale del Parlamento y entra en el juzgado, con la comisión de investigación de las Corts como telón de fondo.
