EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Unas 400 personas se concentraron el miércoles en la Plaza de España de Don Benito para exigir la paralización de la planta de biometano proyectada por Vegantia o un control ambiental mucho más estricto.
- ¿Quién está detrás? Las plataformas vecinales de Santa Amalia, Hernán Cortés y Valdehornillos, frente al promotor Emilio Camacho y la empresa Vegantia.
- ¿Qué impacto tiene? La instalación procesaría 212.000 toneladas anuales de residuos, crearía entre cinco y siete empleos y se asienta sobre el acuífero de Vegas Altas.
Cuatrocientas personas se concentran en Don Benito contra la planta de biometano de Vegantia: 212.000 toneladas y cinco empleos.
La protesta se celebró el miércoles en la Plaza de España de la localidad pacense, convocada por las plataformas vecinales de Santa Amalia, Hernán Cortés y Valdehornillos. Los convocantes mantuvieron la concentración pese al aplazamiento del pleno del Ayuntamiento de Don Benito, que se trasladó del miércoles al jueves. La exigencia es común: parar la planta o endurecer su control ambiental.
Una planta de 212.000 toneladas pegada a tres pedanías
Desde la plataforma de Hernán Cortés, Lorenzo Martín advirtió de que la comarca de Vegas Altas no genera residuos suficientes para alimentar una instalación de ese tamaño. Esa carencia obligaría a importar materia prima de otros territorios y multiplicaría el tráfico pesado en la N-430 y en las pistas agrícolas de la zona. Un radio de captación amplio, sostienen, traslada el problema de una comarca a otra.
Esther Sánchez, portavoz de la plataforma de Valdehornillos, puso el foco en el agua. La parcela elegida se asienta sobre sobre el acuífero de Vegas Altas, donde las catas han detectado agua a metro y medio de profundidad. La portavoz calcula que unas 195.000 toneladas de digestato, el residuo que queda tras extraer el gas, volverán a salir de la instalación.
El impacto socioeconómico también quedó sobre la mesa. Paco González, representante de Santa Amalia, señaló que la planta apenas creará entre cinco y siete puestos de trabajo y no suministrará el biometano a la población local, que solo se quedaría con el residuo resultante. Cinco empleos para 212.000 toneladas de residuos.
Don Benito no discute la transición energética: discute quién carga con sus olores, su tráfico y su agua.
Las garantías del promotor y la desconfianza vecinal
Frente al rechazo, el promotor de la planta, Emilio Camacho, defendió recientemente que el proyecto operará con garantías técnicas avanzadas. Según la empresa, los residuos procederán de un radio máximo de 60 kilómetros y la instalación contará con naves cerradas provistas de filtros, balsas impermeabilizadas y cubiertas, además de un sistema de pasteurización para el digestato. Filtros y balsas frente a 400 vecinos en la calle.
La competencia para autorizar ambientalmente este tipo de instalaciones corresponde a la Junta de Extremadura, administración que todavía no ha fijado públicamente su posición sobre el expediente, según la información disponible. Las plataformas anuncian alegaciones y piden que el Ayuntamiento se retrate en el próximo pleno. Nadie lo dice en voz alta, pero el calendario administrativo se ha convertido ya en el principal campo de batalla.
El pulso no es un caso aislado. En los últimos años, plataformas vecinales de otras comunidades del interior han presentado alegaciones contra proyectos de biometano similares. Los convocantes de Vegas Altas resumen su postura en una idea que repiten como un estribillo: Extremadura no puede ser el vertedero de nadie.
El Pulso Territorial
Extremadura está gobernada desde 2023 por un ejecutivo del PP que preside María Guardiola. La coalición con la extrema derecha se rompió en 2024 y, desde entonces, el Gobierno autonómico administra la región en minoría.
La Asamblea de Extremadura (el parlamento autonómico, con 65 escaños) refleja esa aritmética frágil: Vox dejó el ejecutivo en 2024, aunque su grupo sigue condicionando la agenda parlamentaria. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para 2027, de modo que cualquier conflicto territorial que se cronifique acabará entrando en el cálculo electoral de la Junta.
La dimensión regional del conflicto es evidente. Vegas Altas es una de las comarcas agrícolas más productivas de Extremadura, con arrozales, tomate y maíz que dependen del agua y del suelo. El residuo que se aprovecha frente al territorio que lo soporta. El mismo patrón aparece en otras comunidades del interior peninsular, donde las alegaciones vecinales se han convertido en el principal freno administrativo de proyectos similares.
Lo que viene depende de tres frentes. El expediente ambiental sigue en manos de la Junta, el Ayuntamiento debe volver a pronunciarse y las plataformas preparan movilizaciones para el otoño. Ninguna de las partes controla del todo el calendario, y ese es el problema para un gobierno autonómico que afronta 2027 con la energía, el agua y el territorio en el centro del debate.
Ficha Autonómica
- El caso: Cuatrocientas personas se concentran en Don Benito contra la planta de biometano de Vegantia, prevista sobre el acuífero de Vegas Altas y junto a las pedanías de Santa Amalia, Hernán Cortés y Valdehornillos.
- Datos importantes: 212.000 toneladas anuales de residuos, hasta 195.000 toneladas de digestato, agua a metro y medio de profundidad, radio de captación de 60 kilómetros y entre cinco y siete empleos previstos.
- Resumen: La planta sigue en fase de proyecto y las plataformas exigen su paralización o un control más estricto. El pleno municipal se aplazó del miércoles al jueves y el conflicto se traslada ahora al terreno administrativo, con el otoño como próxima ventana de movilizaciones.
