La Inspección de Trabajo multó a la filial de la bodega del conselleiro de Empleo por emplear a migrantes sin papeles. José González, titular de la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela), sostiene que solo repite lo que le contaron en el «ámbito familiar». El expediente ya no es una anécdota empresarial: es un problema político abierto en el corazón del ejecutivo gallego.
Dos trabajadores irregulares, una ETT sin nombre y una multa a la filial
La sanción recae sobre Viña Campinas S.L., la sociedad que gestiona los viñedos de Casal de Armán, la bodega familiar de los hermanos González en Ribadavia (Ourense). Los hechos acreditados son dos: dos trabajadores en situación irregular durante la vendimia, contratados a través de la ETT con la que la casa opera «habitualmente». Ni la bodega ni el conselleiro han identificado a esa empresa de trabajo temporal.
La versión empresarial es que la Inspección derivó la actuación contra quien realizó el encargo y no contra quien contrató. El marco legal no la contradice: la ley 14/1994 fija en su artículo 16.2 que «la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral». Trabajo multó a la filial y no a la ETT. Ese detalle funciona como defensa y como confesión involuntaria.
La bodega presentó una denuncia ante la Guardia Civil al conocer los hechos y la esgrime como prueba de que no hubo intención de fraude. Pero la denuncia no señala a la ETT: señala a los dos migrantes, por hacerse pasar por personas con los papeles en regla. La usurpación de estado civil está tipificada en el Código Penal con penas de seis meses a tres años de cárcel.
Rueda no habla: el respaldo llega por la vía de Calvo
José González (Ourense, 1970) ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, antes de heredar la bodega familiar junto a sus hermanos. Llegó al Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega, con 75 diputados) en 2016 como diputado raso y dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. Su ascenso arrancó en la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, cuando el fuego corrió por las calles del centro de Vigo. Su dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemigos en el partido y le abrió la puerta del gobierno: Alberto Núñez Feijóo se fijó en él y lo incorporó.
Con Alfonso Rueda ya al frente de la Xunta, González fue desplazado a Emprego. Desde que estalló el caso, el presidente no ha abierto la boca. Ha seguido con su agenda institucional, sin declaraciones. El respaldo del Gobierno gallego se mantiene, pero no ha salido de su boca. El único miembro del ejecutivo que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto, que dio por buenas las explicaciones de su compañero. González, mientras, elude aclarar si mantiene el apoyo del presidente: «Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones».
Que la Inspección de Trabajo multe al conselleiro de Empleo de Galicia no es una anécdota administrativa: es la constatación de que el caso ya es político.
La oposición no lo ve como un asunto privado. Exige responsabilidades y sostiene que Rueda se esconde. El conselleiro sigue en el cargo.
A eso se suma otro frente. Casal de Armán explota desde 2015 un salón de eventos que no es legal, junto a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, un edificio protegido por Patrimonio, donde la Xunta abrió en 2019 el Museo do Viño de Galicia, siendo ya González responsable de Medio Rural. La demolición sigue pendiente, en parte por los tiempos de la Consellería de Cultura. Queda el absentismo: la cruzada de la Xunta contra las ausencias injustificadas dejó fuera de la mesa de diálogo a CIG y CCOO y sentó a UGT sola con la patronal.
El Laboratorio Gallego
Galicia acumula mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia) desde 2009: el partido controla la Xunta y el Parlamento, y el BNG (el Bloque Nacionalista Galego) ejerce como primera fuerza de la oposición.
El PSdeG, la federación gallega del PSOE, busca reconstruirse como alternativa. En ese tablero, un conselleiro de Empleo señalado por la Inspección de Trabajo es una grieta por la que la oposición intentará entrar en cada sesión de control.
La dimensión nacional tiene nombres propios y viene de lejos. Feijóo incorporó a González a su gobierno en 2018, después de que presidiera la comisión que analizó los incendios de 2017 y cuyo dictamen fue duro con la propia Xunta. Aquel fichaje fue una señal de apertura dentro del PP gallego y hoy es el origen del caso que salpica al ejecutivo que Rueda heredó. La paradoja no es menor: el PPdeG presume de gestión y su conselleiro de Empleo está expedientado.
La proyección es doble. A corto plazo, el caso llegará a la próxima sesión de control en el Parlamento y a la reunión del próximo Consello de Goberno, donde la Xunta tratará de diluirlo entre decretos y actos protocolarios. A medio plazo, la pregunta que planea sobre el PPdeG es cuánto desgaste tolera un gobierno que hizo de la ejemplaridad su marca y hasta qué punto el silencio de Rueda aguanta el resto de legislatura.
Ficha del Caso
- El caso: La Inspección de Trabajo sancionó a Viña Campinas, filial de la bodega familiar del conselleiro de Empleo gallego, por dos trabajadores en situación irregular contratados por una ETT durante la vendimia.
- Datos importantes: La ley 14/1994 atribuye a la empresa usuaria la responsabilidad en seguridad y salud laboral; la usurpación de estado civil se castiga con entre seis meses y tres años de cárcel; González fue socio de la bodega hasta 2018.
- Resumen: Rueda mantiene el respaldo sin comparecer, la oposición exige responsabilidades y el caso expone la contradicción del PPdeG entre su discurso de gestión y la sanción a su responsable de Empleo.
