La Generalitat Valenciana ha renunciado a cobrar casi 280 millones de euros en avales de 165 proyectos fotovoltaicos fracasados. Ni un euro ha entrado en las arcas públicas.
La cifra no sale de una estimación periodística. Sale de las respuestas que la propia administración autonómica ha remitido a las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños). La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, confirman por escrito que no consta ninguna incautación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Generalitat no ha ejecutado ni un euro de los avales depositados por 165 proyectos de renovables desestimados o abandonados, casi 280 millones según Ubiracional.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, la consellera Marian Cano y el director general Manuel Argüelles; la pregunta parlamentaria la firma Compromís.
- ¿Qué impacto tiene? El dinero vuelve a los promotores mientras la Comunitat renuncia a fondos públicos generados por la burbuja especulativa.
Ni un euro de 280 millones: el agujero que nadie quiso cobrar
El marco legal existe y es explícito. El Real Decreto 23/2020, de 23 de junio, y el Real Decreto 1183/2020 fijan las garantías exigibles para tramitar los permisos de acceso y conexión: 40 euros por kilovatio instalado. Si esos permisos caducan por causas imputables al promotor, la norma obliga a ejecutar los avales y el dinero pasa a manos de la Generalitat.
Eso no ha ocurrido ni una sola vez. La consellera Cano respondió al diputado de Compromís Vicent Granel —que preguntó tras reunirse con la plataforma Ubiracional— que no existen casos en los que, dictada una resolución desestimatoria, se haya procedido a la incautación. «No se ha dado ninguna situación que requiera tal actuación», recoge su respuesta, fechada en octubre de 2025.
El 10 de diciembre, ya con el Consell de Pérez Llorca recién estrenado tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca el 27 de noviembre, el propio Argüelles ratificó el mismo extremo: desde 2019 hasta noviembre de 2025 no se ha incautado el importe depositado como garantía en los proyectos desestimados ni en aquellos en los que el promotor desistió. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha actualizado esas respuestas y mantiene el criterio.
Doscientos ochenta millones comprometidos por ley y cero euros ingresados: la factura de la especulación la acaba pagando el territorio.
La explicación oficial es que, en todos los casos, el proyecto fracasó por razones no imputables al promotor: informes ambientales desfavorables, ubicaciones imposibles de legalizar, y caducidades sobrevenidas. Fuentes de la Generalitat admiten además que buena parte de los macroproyectos están «mal concebidos» y resultan «inviables» con las exigencias actuales.
La burbuja que se financió con avales públicos
El origen del problema es un sobrecalentamiento que arrastra casi una década. Empresas creadas con 3.000 euros de capital social, sin experiencia técnica ni capacidad financiera, piden reservas de capacidad de red para plantas que exigen inversiones de cientos de millones. Consiguen la autorización y después no solicitan la conexión: su negocio no es generar electricidad, sino vender la licencia al mejor postor.
En la Comunitat se han presentado proyectos por 6.927,77 megavatios de potencia conjunta desde 2020, entre autorizados, denegados y en trámite, según Ubiracional. Las medidas para frenar la burbuja llegaron ese mismo año. No han bastado. La plataforma reclama en sus recursos de alzada que cada resolución que tumba un proyecto especifique si los avales se ejecutan o no. En muchos casos, dice, la única respuesta ha sido el silencio.
El Escenario Valenciano
El caso aterriza en las Corts en plena digestión del relevo en la Generalitat. La salida de tres altos cargos por irregularidades en el sector fotovoltaico figura entre las dudas que el PP manejó en un dosier interno sobre quien hoy es president, Juanfran Pérez Llorca, según la información publicada por la prensa valenciana. Ninguna de esas salidas ha derivado en responsabilidades públicas y el pacto con Vox no parece resentirse, por ahora.
La oposición ha encontrado en los avales un filón documental. Compromís ha llevado el asunto al Parlamento autonómico con preguntas escritas que arrancan de las denuncias de Ubiracional, la plataforma que agrupa a 77 colectivos ecologistas y vecinales. Desde sus escaños, el PSPV sigue la misma estela. El expresident Carlos Mazón —que ocupaba la presidencia cuando se firmó la respuesta de octubre de 2025— mantiene su acta de diputado y su distancia con la gestión energética del actual Consell.
En el plano estatal, la excusa se repite: la Generalitat sostiene que otras comunidades autónomas y el propio Gobierno de Pedro Sánchez tampoco han activado la potestad de incautar avales, y que el precepto legal es relativamente reciente. Los expertos consultados discrepan, porque la normativa estatal no contempla esa excepción en su articulado. El precedente importa: si ninguna administración ejecuta garantías, el sistema de avales diseñado en Madrid para separar proyectos sólidos de pura especulación pierde su función disuasoria en todo el país.
Queda por ver si los recursos de alzada de Ubiracional fuerzan un cambio de criterio o si el asunto termina en los tribunales. El siguiente pleno de las Corts y las próximas respuestas parlamentarias medirán si el Consell mantiene el «no ha habido causas» o si rectifica ante el desgaste.
Ficha del Caso
- El caso: 165 proyectos de renovables fracasados en la Comunitat Valenciana no han dejado ni un euro en avales ejecutados; la Generalitat alega que ningún promotor incumplió sus obligaciones.
- Datos importantes: casi 280 millones en garantías depositadas, 40 euros por kW (Real Decreto 1183/2020), 165 expedientes fallidos, 6.927,77 MW presentados y cero euros incautados entre 2019 y noviembre de 2025.
- Resumen: la renuncia a cobrar cuestiona el control administrativo sobre la burbuja fotovoltaica y salpica al Consell de Pérez Llorca.
