El Departamento de Justicia entra en el debate del antitrust IA: la coordinación de las tecnológicas en ciberseguridad no le parece anticompetitiva. Lo dijo este jueves en Nueva York el número tres de la institución, y el matiz importa más de lo que sugiere su tono.
Qué ha dicho el DOJ y por qué la precisión importa
El fiscal general adjunto Stanley Woodward —el associate attorney general, tercer cargo del departamento— intervino en la 53ª Conferencia Anual sobre Derecho y Política Internacional de la Competencia, en la Universidad de Fordham. Su mensaje central cabía en una frase: ‘No se me ocurre que coordinar en ciberseguridad o seguridad sea anticompetitivo’. Y aclaró que la División Antitrust está abierta a recibir a las compañías, aunque los laboratorios punteros de IA no han solicitado ninguna reunión.
La precisión llega dos días después de que el fiscal general, Todd Blanche, esquivara la pregunta directa. Preguntado por si esas empresas necesitan una exención de competencia para hablar entre ellas, respondió: ‘No puedo abordar eso’. Y apostilló que, en la medida en que quieran autorregularse o resolver sus propios problemas, deberían hacerlo, ‘pero trabajar con nosotros es innecesario’.
El marco que ahora se revisa no es nuevo. En 2014, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio firmaron una declaración conjunta: el intercambio de información sobre amenazas cibernéticas se considera legítimo; compartir datos sensibles sobre precios, producción o planes comerciales es la materia prima de cualquier cártel.
El detonante tiene nombre. El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha pedido permiso explícito para que desarrolladores rivales coordinen un ritmo más lento: sostiene que la seguridad necesita tiempo para alcanzar a sistemas cada vez más capaces. La propuesta llegó después de que el investigador de la compañía Jacob Coxon dimitiera asegurando que quienes construyen IA creen que ‘podría matarnos a todos antes del final de la década’.
Coordinar un cortafuegos no es repartirse un mercado. Coordinar cuándo sale el próximo modelo se parece demasiado a un pacto de producción.
La industria, mientras tanto, se coordina ya sin papeleo. El responsable de asuntos públicos de OpenAI, Chris Lehane, aseguró esta semana que su compañía lleva varias semanas trabajando con Anthropic y Google en seguridad y que, a su juicio, esas conversaciones no necesitan exención alguna.
En la Casa Blanca la lectura es otra: Donald Trump ha animado al sector a mantener el ritmo en vez de frenarlo. El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, mira con escepticismo a quienes piden a la vez protección frente a la competencia y más regulación.
Washington no pide permiso.
Qué significa esto para las empresas españolas
Los grandes usuarios de modelos de frontera son los bancos, las telecos y las aseguradoras. Ninguna de esas compañías diseña el modelo que utiliza: lo alquila, y opera bajo reglas que se escriben en otro sitio.
BBVA y Santander han desplegado asistentes generativos sobre modelos de terceros en áreas de riesgo, fraude, y atención al cliente.
En el sector tecnológico, Indra y su filial Minsait revenden esas capacidades a administraciones públicas y grandes cuentas.
La supervisión tiene dos nombres que el lector encontrará cada vez más: la AESIA, la agencia española que vigila la inteligencia artificial desde A Coruña, y la CNMC, el regulador de competencia. A ellos se suma Bruselas, donde la Dirección General de Competencia puede abrir expediente por su cuenta y donde el Reglamento Europeo de IA despliega sus obligaciones por fases.
El problema es idéntico al que se discute en Nueva York: dónde termina el intercambio de información y dónde empieza el reparto de mercado. La línea es fina.
La Lógica de Washington
Lo que ocurre en el Departamento de Justicia se entiende mejor desde dentro. La Administración Trump ha convertido la velocidad en inteligencia artificial en una cuestión de seguridad nacional y de ventaja frente a China. En ese marco, un acuerdo entre rivales para ir más despacio resulta, cuanto menos, incómodo. La coalición que sostiene esta posición es la del Partido Republicano: desregulación, campeones nacionales y desconfianza hacia las compañías que reclaman a la vez menos competencia y más reglas.
El precedente americano ayuda a leerlo. En 1984, Ronald Reagan firmó la Ley Nacional de Cooperación en Investigación, que protegió frente a las demandas de competencia a empresas rivales que se juntaban a investigar: competir con Japón exigía, en aquella lógica, cooperar en casa. Cuatro décadas después el adversario es otro y el criterio se mantiene: se tolera la cooperación que genera un bien colectivo y se vigila la que reparte cuota.
Para España la consecuencia es indirecta, pero real. Las compañías españolas son adoptantes de tecnología ajena, no diseñadoras de modelos de frontera. Toda doctrina que se consolide en Washington acabará en cláusulas contractuales, auditorías y protocolos de compliance en Madrid. A eso se suma el riesgo de que Europa y Estados Unidos fijen criterios distintos sobre la misma práctica.
Woodward no puso fecha. Explicó que el departamento estudia si actualiza su guía y dejó la puerta abierta a reuniones con las compañías; no hay calendario público ni texto en consulta. La próxima señal llegará, previsiblemente, de la propia industria —qué pide por escrito y a quién— y de la FTC, que comparte con el DOJ la vigilancia de la competencia. Mientras tanto, la frontera entre acuerdo de seguridad y cártel sigue sin trazarse.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia revisa si la cooperación entre tecnológicas en seguridad de la IA choca con las normas de competencia, a raíz de la petición de Anthropic de coordinar un ritmo más lento de desarrollo.
- Datos clave: Woodward afirma que la coordinación en ciberseguridad ‘no parece anticompetitiva’; la guía vigente es la declaración conjunta de DOJ y FTC de 2014; la División Antitrust no ha recibido petición de reunión de los laboratorios punteros.
- Para España: bancos, telecos y tecnológicas españolas son adoptantes de modelos ajenos; cualquier doctrina que fije Washington condiciona sus contratos y su compliance, con Bruselas y la CNMC como árbitros en Europa.
