El constitucionalismo se moviliza de nuevo en favor de la unidad de España, más tras las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en plenas negociaciones por la amnistía a los independentistas enjuiciados desde 2013, cuando Artur Mas, entonces jefe del Ejecutivo autonómico, dio los primeros pasos hacia una consulta ilegal. Aquella votación le costó más de cinco millones de euros, abonados por las denominadas cajas de resistencia cuando la sentencia fue firme.
Años más tarde, en septiembre y octubre de 2017, los independentistas forzaron aún más al Estado con unas leyes que rompieron el ordenamiento jurídico español, con un acoso sin precedentes a funcionarios de Justicia -como fue el asedio a la sede de la Consejería de Economía del Govern y la batalla campal en plaza de Urquinaona con el intento de asedio a la Jefatura de la Policía Nacional, entre otros-; los hechos de septiembre, con las denominadas leyes de desconexión; el referéndum y la posterior proclamación de la independencia durante ocho segundos.
Los grandes perjudicados de este órdago separatista fueron los catalanes constitucionalistas, con un éxodo empresarial sin precedentes y tan sólo comparable a las consecuencias del referéndum de independencia del Quebec. Más de 7.000 empresas salieron de prisa y corriendo ante la inseguridad jurídica, sin ganas de volver ante la falta de un entendimiento de los separatistas con el Estado y los conciudadanos que no comulgan con el credo de la ruptura con el resto de España.
Aquellos días de hace seis años aún están en la retina de quienes salieron a las calles para defender la unidad de España y el Estado de Derecho, incluso el discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre aún retumba entre los muros de ladrillo en las vías de Barcelona.
EL PLAN 2000 DE JORDI PUJOL SIGUE VIGENTE
El constitucionalismo se plantó el 8 de octubre, día señalado en rojo por Societat Civil Catalana (SCC) ante este sinsentido de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que jalearon a las masas durante días para consumar definitivamente su destino a Ítaca, un viaje emprendido por Jordi Pujol en sus primeras etapas, con su Plan 2000.
El planteamiento pasaba por imponer el catalán en todos los ámbitos y silenciar a los críticos mientras el dogma separatista podía introducirse en las viviendas e instituciones a través de los principales medios de comunicación catalanes -con el infame editorial único relacionado con el Estatut- y la Generalitat. El proyecto está aún vigente y trata de anular todo sentimiento a España y a la lengua española en todas y cada una de las partes de Cataluña.
La convivencia en Cataluña falta cuando no se respeta el Estado de Derecho
El PSOE se ha prestado a este peligroso juego con el único objetivo de conseguir el pacto por la investidura y los Presupuestos lo antes posible, un pacto contrarreloj, mientras Puigdemont y Junqueras ponen durísimas condiciones, con un acuerdo de máximos para conseguir, esta vez sí, pactar la amnistía, un referéndum de independencia y acabar con la deuda de Cataluña, sea con un concierto vasco a la catalana o bien una sustancial quita de deuda, entre otras exigencias.
Todo vale para el insaciable separatismo, más cuando el PSOE no sólo tiene prisa sino también la urgencia de mantener a toda costa el Gobierno tras la pérdida de poder territorial en toda España, un país teñido de azul del PP tras realizar una heroica remontada con todo en contra, desde la oposición y sin un control exahustivo del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados debido a la pandemia y a la negativa de la presidenta del Congreso a permitir la labor normalizada en la Cámara Baja.
EL PSOE HABLA DE AMNISTÍA; EL PSC GUARDA SILENCIO
Sin apenas preguntas y con respuestas muy ambiguas, el PSOE ha tardado hasta una semana después de la investidura que ha reforzado a Alberto Núñez Feijóo a hablar abiertamente de la amnistía por primera vez en Democracia, una premisa de máximos, más cuando 45 policías están ahora a la espera de juicio por los gravísimos disturbios promocionados por los independentistas durante el 1-O y las batallas callejeras de octubre de 2019, arengadas y jaleadas desde la Generalitat.
Por estos motivos, entre otros, los llamados constitucionalistas vuelven a salir a las calles para decir alto y claro el lema de la manifestación: «No en mi nombre: ni amnistía ni referéndum».
Elda Mata (Girona, 1953) será la cabeza representativa en esta nueva movilización de SCC. La empresaria jubilada preside la entidad con más fuerza en este bloque de cuantas existen en Cataluña, una plataforma que nació con espíritu trasversal tras las arengas de Artur Mas y su viaje a una Ítaca imaginaria, un camino que ha provocado una ruptura social sin parangón -por más que reniegue el PSC, apodado también como la «muleta imprescindible del separatismo»-.
«La movilización es un acto de desaprobación hacia la amnistía y la posterior autodeterminación», ha asegurado la líder de SCC. A su juicio, «existe una falta de convivencia en Cataluña desde la Transición, más difícil de ver en las grandes ciudades, pero no en los municipios más pequeños, donde se fiscaliza a quienes hablan en español en su casa».
LA PERSECUCIÓN INDEPENDENTISTA AL CONSTITUCIONALISMO
Elda Mata conoce muy bien la violencia separatista. Ella ha sido víctima del «vandalismo» en su propia casa, con persecución a sus propios hijos; como también a los jóvenes de S’Ha Acabat, quienes no pueden poner una carpa en la universidad debido al asedio separatista, especialmente de la izquierda más radical del campus. Todo por «no pertenecer a la ideología nacionalista», ha sostenido a preguntas de MONCLOA.
«La convivencia en Cataluña falta cuando no se respeta el Estado de Derecho», ha sostenido. En este sentido, ha apuntado que los constitucionalistas catalanes, que también se sienten españoles, «hemos sido siempre la moneda de cambio» de los distintos Gobiernos para lograr pactos con los independentistas.
Según ha destacado, el bloque constitucionalista o defensor de la unidad de España en Cataluña no se ha respetado por parte de los Gobiernos, tanto desde La Moncloa como desde la Generalitat, desde hace 45 años. «La convivencia no existe sin un respeto al marco jurídico, que es lo que está pasando en Cataluña», ha apuntado. «Las cesiones continúas al independentismo les ha dado impunidad», ha sostenido. Esto no es de ahora, sino desde los tiempos de Pujol, con su ‘ahora paciencia y después independencia’ así como el Programa 2000, el cual, a juicio de Elda Mata, sigue «más vigente que nunca».
Con la amnistía y el referéndum «nos acercamos cada vez más a la ruptura del Estado de Derecho», ha sostenido. La primera es la medida de gracia que busca Puigdemont para más de 4.000 personas, incluido el propio Artur Mas y sus entonces consejeros, como también debería abrirse a los policías encausados. «La amnistía da una impunidad más a esa minoría de catalanes sobrerrepresentados en el Parlament», ha continuado.
LA IMPUNIDAD DE LOS INDEPENDENTISTAS CON LA AMNISTÍA
El Plan 2000 funciona tan bien que aún cobra más fuerza. Sin este proyecto, los independentistas dejarían de gobernar en las instituciones, pero aún tienen su peso en las mismas. Ejemplos de esta vigencia de la hoja de ruta de Jordi Pujol son numerosos, como las multas a empresas por rotular únicamente en español o los escraches a los restaurantes por no dar una carta en catalán. «La amenaza es constante», ha destacado.
No hay un estadista al frente de la cuarta potencia de la UE
En este sentido, la presidenta de SCC ha recordado que los independentistas buscan con la amnistía «desestabilizar a España», como se hizo con el ‘caso Voloh’, donde SCC está personada como acusación particular. A su juicio, la medida de gracia, por cortedad de miras, sería un duro golpe para España y especialmente para Cataluña debido que «todo este proceso va encaminado hacia la autodeterminación». «No hay un estadista al frente de la cuarta potencia de la UE», ha sostenido en referencia al Gobierno de coalición en funciones.
Elda Mata tiene muy claros los motivos por los cuales los constitucionalistas deben salir de nuevo a las calles, eso sí sin pancarta política, sin siglas ni símbolos que destaquen entre la multitud. El PP, Ciudadanos y Vox han recogido este guante y todos los líderes de estas formaciones, eurodiputados incluidos, se presentarán en Barcelona, una arenga conjunta y unida, donde no habrá espacio para airear las notables diferencias internas en algunas de estas formaciones.
Desde Europa, la delegación ‘naranja’ estará muy presente, mientras que los eurodiputados catalanes harán acto de presencia por parte del PP, así como toda la plana mayor, con Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital. Por parte de los conservadores de Vox, Santiago Abascal acudirá, como también la Fundación Denaes. Con todos los focos puestos en Elda Mata y su SCC, el constitucionalismo marchará desde el tradicional Passeig de Gràcia, muy cerca de Plaza Catalunya.
