La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha acusado al Gobierno de tener «un plan para aplastar los derechos laborales y sociales» de los agentes del cuerpo. Lo aseguran en un día muy señalado para la Benemérita, el día de su patrona, la Virgen del Pilar.
Precisamente, Jucil ha lamentado que este año esta jornada se celebre «en medio del olvido que sufre la institución por parte de sus principales cargos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el resto del Ejecutivo».
«Un olvido que se manifiesta en la reducción que se observa en la plantilla de guardias civiles en España, con permanente y constante cierre de cuarteles, lo que conlleva además una pérdida de seguridad para los ciudadanos, sobre todo en las áreas rurales», ha agregado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en un comunicado.
MARLASKA CIERRA CONSTANTEMENTE CUARTELES
En este sentido, ha apuntado a una «reducción» de los derechos laborales que tenían «precariamente consolidados», motivo por el que abandonaron el Consejo de la Guardia Civil en septiembre, junto a otras asociaciones. Las voces representativas de estos agentes llegaron a su límite y se marcharon de manera conjunta del Pleno del Consejo. Era la primera vez que los siete colectivos encargados de representar a la Benemérita frente al ministerio de Interior toman la decisión de irse de lo que es su ‘mesa sindical’ para decir basta a la Dirección de la Guardia Civil.
Y es que, el nuevo director de este cuerpo de seguridad estatal, Leonardo Marcos, ha decidido no asistir a la que era su tercera cita con las asociaciones de guardias civiles y ha vuelto a dejar plantados a los representantes del Cuerpo que dirige.
Sólo pedimos igualdad y la desaparición de situaciones privilegiadas por parte de unos funcionarios públicos frente a otros
Los Plenos del Consejo son la oportunidad que tiene el ministerio de Interior para reunirse con los portavoces de la Benemérita. Sin embargo, el ministro, Fernando Grande-Marlaska, puede no acudir a este encuentro y enviar en su lugar al director de la Guardia Civil, un puesto regentado desde hace tres meses por Leonardo Marcos. En el caso de que este tampoco acuda, según informan fuentes internas, el secretario técnico es el encargado de recibir a las asociaciones.
LA GUARDIA CIVIL, SIN PODER PRESENTAR PROPUESTAS
«Ni siquiera se nos deja en ese órgano presentar de manera adecuada nuestras propuestas», ha explicado Vilariño.
Así, ha expuesto que sospechan que existe «un plan para laminar, aplastar, los derechos laborales y sociales de los guardias civiles», así como para «hundirlos de nuevo en la más rancia tradición del ordeno y mando de la que parecen gustar los actuales responsables políticos».
En este contexto, Jucil ha reclamado también respeto para los representantes de los guardias civiles, que reclaman la equiparación salarial y de derechos laborales con los cuerpos policiales autonómicos. «Sólo pedimos igualdad y la desaparición de situaciones privilegiadas por parte de unos funcionarios públicos frente a otros», ha aseverado Vilariño al respecto.
LA AMNISTÍA ENCIENDE LOS ÁNIMOS CONTRA MARLASKA
Por otro lado, la asociación ha reiterado su posición contra una posible amnistía «de prófugos y delincuentes en Cataluña con el objetivo de conseguir los votos que permitan cerrar un acuerdo de Gobierno».
Al respecto, ha rechazado que sea posible que esa amnistía «afecte también a los compañeros y policías nacionales procesados por los sucesos provocados por el independentismo en Cataluña». «Quienes actuaron según las órdenes recibidas y en cumplimiento de la Ley no pueden ser utilizados como moneda de cambio en una amnistía que quiebra del Estado de Derecho, ya que admite que quienes actuaron en contra de la Constitución y se saltaron la ley hicieron bien porque se trataba de normas injustas y antidemocráticas», ha manifestado-
Por último, ha asegurado que «peleará por la devolución de los derechos laborales y sociales perdidos» y por la defensa de la Institución».
