Pedro Sánchez, con la inestimable colaboración del PSC de Salvador Illa, impondrán el catalán en toda España, mientras ningunean las sentencias firmes para implantar el español en los colegios catalanes, con el fin de activar y desarrollar el programa 2000 de Jordi Pujol, el germen del Estatuto de 2006 triturado por el Tribunal Constitucional en 2010.
El programa 2000 de Jordi Pujol sienta las bases de cómo debería realizarse la independencia de Cataluña, pasando por la creación de las llamadas estructuras de Estado y el control absoluto de todos los ámbitos con el catalán como arma para cohesionar los pilares del plan. Para este programa era fundamental imponer el catalán, con independencia de los medios utilizados.
Esta imposición del catalán se hizo bajo «presión», «coacción» e «imposición», según relatan profesores de distintos ámbitos académicos, tanto de preescolar, enseñanza obligatoria como universitarios, a este medio. Esta fórmula continúa hoy en día en vigor, tal y como se ha podido constatar con los ataques e insultos, así como persecuciones por parte de Junts, ERC y el PSC, a familias que han pedido la escolarización en español para sus hijos en los tribunales, una victoria que se ha transformado en una auténtica pesadilla para muchas de estas familias.
LAS MUERTE CIVIL DE LAS FAMILIAS QUE PIDEN TAMBIÉN EL ESPAÑOL
Algunas, incluso después de haber ganado ante el TSJC han vivido su propia «muerte civil», como que los hijos son señalados por profesores y el propio AMPA del colegio, así como por algunas otras familias catalanistas. El bullying, además, llega a ser liderado por los propios Ayuntamientos, con manifestaciones donde se protesta contra una sentencia judicial. El caso de Canet es uno de los más recientes, pero «ni mucho menos es el único», afirman las fuentes consultadas.
Tanto Freixes como Rodríguez, jurista y fundadora de la Asociación por la Tolerancia -embrión de Ciudadanos-, respectivamente, recuerdan cuando el PSC en Vilanova i la Geltrú encabezó una protesta contra una familia por el hecho de pedir su derecho de escolarizar «también» en español a su hijo. Ese «también» es clave para entender la sinrazón y su ADN excluyente en el nacionalismo y catalanismo, señalan ambas voces en sendas conversaciones telefónicas. Y es que, los catalanistas y separatistas no piden aprender también en catalán, sino únicamente en catalán bajo la excusa de ser «la lengua propia del país -Cataluña-».
Para llevar a cabo el programa 2000, Pujol tenía que tener bajo control de todos los niveles de la educación. Su visión de una Cataluña autónoma, rupturista y alejada de España se inició a principios de los 80, cuando se impuso a los profesores de todos los ámbitos acreditar el nivel más alto de catalán, un plan que ha impuesto décadas más tarde el PSOE en Baleares y Valencia, como muestra de esa unidad territorial fundida por el catalán. En caso contrario, se invitó a los profesores a escoger otro destino y en caso negativo, era la propia Generalitat quien escogía por el profesor.
LOS TELEGRAMAS QUE PROVOCARON EL ÉXODO DE 14.000 PROFESORES
Para llevar a cabo esta exigencia, la Generalitat no envió telegramas a todos los profesores. Bastaba con conocer a dos o tres por centro educativo, universidades incluidas, para realizar las pruebas y determinar si lograban acreditar el nivel. «Cuando un profesor no superaba estas pruebas no sólo tenía que hacer las maletas, también suponía un aviso para el resto de la plantilla», apostilla Rodríguez.
Así, tarde o temprano todo el profesorado debía examinarse y algunos conocedores de esta limitación prefirieron marcharse antes de afrontar la prueba. En total, el éxodo de profesores se llegó a cifrar en cerca de 14.000 profesores. En aquella época no había Internet y las peticiones se realizaban con manifiestos firmados. Cada una de estas personas recibió presiones e incluso secuestros y tiros en la rodilla, como le ocurrió a Federico Jiménez Losantos, a manos de los terroristas de Terra Lliure. La extrema izquierda catalana, conformada por la CUP y sus cachorros de Arran, usan aún el lema de este grupo criminal ligeramente modificado: «Terra i Lliure».
Cuando un profesor no superaba estas pruebas no sólo tenía que hacer las maletas, también suponía un aviso para el resto de la plantilla
Este hecho es prácticamente el mismo al que se ha registrado en la Sanidad las Islas Baleares, con el beneplácito de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Miles de médicos abandonaron la Comunidad Autónoma ante la imposibilidad de cumplir con el requisito lingüístico y decenas de especialidades se quedaron sin cubrir, algunas de ellas para el tratamiento y prevención del cáncer.
EL PSC DE ILLA CALLA SOBRE EL ÉXODO DEL PROFESORADO
Poco se ha escrito de este éxodo, y aún menos son pocos quienes lo recuerdan. Ni ERC ni el PSC lo sacan a colación cuando se aprietan las filas para defender el catalán, en Junts se muestran más orgullosos al señalar que era la única forma de poder implantar el catalán en la escuela. Los más extremistas, quienes suelen ser los que más ruido hacen en las manifestaciones, recuerdan que los profesores que no se adaptaban se tenían que ir. Esta misma teoría la aplican sobre quienes piden también un mínimo del 25% de las clases en español.
Lejos de hacer cumplir las sentencias judiciales, desde el Gobierno de la Generalitat y desde La Moncloa no hay órdenes en este sentido, pero sí profundas protestas contra los fallos de los jueces, como la protagonizada por José Montilla, expresidente de la Generalitat en los tripartitos de mediados de los 2000, contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006.
CUANDO UN PRESIDENTE DEL PSC PROTESTA CONTRA LA SENTENCIA JUDICIAL
Con el PSOE en La Moncloa y el PSC en la Generalitat, el TC realizó un recorte sin paliativos de la norma, la misma que busca ahora imponer el PSC cuando llegue a la Generalitat y el PSOE de Pedro Sánchez. La diferencia entre ahora y entonces es que el TC está controlado por una mayoría de izquierdas, si bien y si existe la justicia en España, la aprobación de los artículos tumbados entonces tampoco tendrían validez ahora.
Es por este motivo por el que Sánchez e Illa tratan de implantar el catalán en toda España. Con la modificación de la ley, se exigiría que los alumnos de Castilla y León, los más aventajados en el informe Pisa, tuvieran que aprender también una lengua autonómica añadida. No obstante, la norma iría en contra de la propia Constitución, que señala que la lengua oficial es el español y las cooficiales lo son en sus respectivas regiones, única y exclusivamente.
Esta treta, además, sirve pone de manifiesto que el cumplimiento de las leyes y sentencias judiciales no va con ellos. En 2020 y generando jurisprudencia, el TSJC admitió parcialmente un recurso del Abogado del Estado para declarar «la obligación de la Generalitat de Cataluña de adoptar medidas que sean necesarias a efectos de garantizar que, a enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
EL PLAN B DE SÁNCHEZ E ILLA TRAS EL FRACASO DE ALBARES
Es decir, todas las clases en todos los centros educativos de Cataluña deben dar la lección como mínimo en un 25% y un máximo del 75% en español. Tres años después, la Generalitat aún no ha realizado ninguna medida para dar cumplimiento a esta sentencia bajo la excusa de que solo lo haría en los casos de que una familia lo pida. Desde la Abogacía del Estado tampoco se ha exigido el cumplimiento íntegro del fallo, del que hay que recordar ya genera jurisprudencia. Es decir, que no se trata de si una familia lo pide, sino que debe darse en todos y cada uno de los centros educativos.
El PSC y el PSOE han preferido hacer oídos sordos a esta sentencia y optar por convertir la necesidad en virtud con los pactos con ERC y Junts, donde se exige que el catalán fuera oficial en las instituciones europeas, una labor encargada al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cosechando un rotundo fracaso. El plan B es poner el catalán en el resto de colegios de España, mientras que la propia Generalitat incumple su propio Estatuto, donde el Occitano, lengua del Vall d’Arán, es oficial en todo el territorio, pero no se da en ningún colegio fuera de la zona del noroeste de los Pirineos.
