El caso Tsunami Democràtic da una nueva vuelta de tuerca y pone en serios aprietos la amnistía a Carles Puigdemont, investigado por terrorismo. Y es que, tanto Aena como Enaire han exigido el pago de los destrozos realizados en el aeropuerto de El Prat durante las algaradas de octubre de 2019.
Cuatro años después todavía no han sido indemnizadas ninguna de las dos empresas públicas. Asimismo, la Abogacía del Estado ha pedido la personación en esta parte del juicio, en plena disputa entre el juez Manuel García-Castellón y la Fiscalía, que considera que los presuntos delitos cometidos responden únicamente al delito de desórdenes públicos.
Con el deterioro de las relaciones entre el Ministerio Público y el magistrado, que ha argumentado el delito de terrorismo precisamente por la imposibilidad de realizar los cambios de turno en la torre de control de El Prat, propiedad de Enaire, y que habrían puesto en peligro todos los aviones operativos en ese momento, la Abogacía del Estado pretende ahora entrar en juego para seguir las instrucciones de la Fiscalía y evitar así una investigación por terrorismo contra Puigdemont, la única vía que salva al PSOE de no convocar elecciones.
EL DELITO DE TERRORISMO DEJARÍA MUY TOCADA LA AMNISTÍA
La Fiscalía ha rechazado el delito de terrorismo, pero tanto Vox como Dignidad y Justicia la iniciaron de nuevo con una querella particular, un hecho que permitió al juez García-Castellón mantener la causa abierta contra Tsunami Democràtic y contra los líderes separatistas que presuntamente se encuentran tras la plataforma, creada ‘ad hoc’ para movilizar a los separatistas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los encausados por el juicio del 1-O.
La Abogacía del Estado actuará como representante civil de Aena en esta causa, en la que se pide la indemnización por los daños ocasionados en El Prat por la movilización del 14 de octubre de 2019, un montante que no ha sido abonado por el Consorcio de Compensación de Seguros casi cuatro años después de producirse los hechos.
El propio García-Castellón había exigido un informe al gestor aeroportuario español sobre los hechos ocurridos y las consecuencias de los mismos. En total, fueron 11 retrasos en los vuelos y 115 cancelaciones, la mayoría provocadas por la imposibilidad de tripulaciones y pasajeros para acceder al aeropuerto.
La guerra institucional y política desatada por el PSOE por su pacto con Junts para promover y registrar una ley de amnistía que incluye delitos de terrorismo, prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas, entre otros. La normativa, no obstante, está cogida con muchos alfileres y hay numerosos flecos al hacer referencia a sentencias del Tribunal Constitucional, que estableció que la amnistía solo es aplicable cuando se produce un «cambio de régimen político», que ha tenido lugar por el momento.
LA AMNISTÍA Y LA IMPUTACIÓN DE TERRORISMO A PUIGDEMONT
García-Castellón imputa por delito de terrorismo siguiendo las directrices europeas, una definición más amplia que en España, y por la cual sería muy complicado conceder la amnistía, toda vez que Bruselas pondría sus objeciones, a pesar de ser un asunto interno de España.
Según ha señalado en diversos autos el propio juez, los separatistas, movilizados a través de la aplicación Tsunami Democràtic, trataron de subvertir el estado constitucional con la paralización del funcionamiento de infraestructuras estratégicas, un bloqueo que afectó directamente a la seguridad del espacio aéreo, creando riesgo para la vida humana no solo de los aviones, sino también del propio personal de tierra en caso de haberse producido un accidente.
Asimismo, García-Castellón requirió un informe por si la muerte de un ciudadano francés, Jean Claude Scherzinger, en las inmediaciones del aeropuerto hubiera sido provocada por los altercados o bien los servicios sanitarios no pudieron llegar a tiempo por los cortes de tráfico. De hecho, la Generalitat borró la llamada al 112 y no ha dado trasladado de la misma al juez. El asunto es clave para García-Castellón, que trata de argumentar la acusación de terrorismo en estos hechos.
Aena pide en total 365.000 euros por los daños realizados por el «tumulto». En caso de personarse la Abogacía del Estado, el Gobierno tendría acceso a toda la investigación judicial, una valiosa información para tratar de dar instrucciones a la Fiscalía y desbaratar la acusación contra Puigdemont.
EL BLOQUEO EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT, CLAVE PARA GARCÍA-CASTELLÓN
El juez García-Castellón valora estos hechos, así como sus consecuencias, si bien la Agencia Europea de Seguridad Aérea aseguró que no se produjo incidente alguno. No obstante, la justicia también se aplica en el grado de tentativa. Y es que, el objetivo de Tsunami Democràtic era provocar el caos y el bloqueo total de Cataluña por tierra, mar y aire, como se consiguió en numerosas carreteras, entre ellas, la AP-7 a la altura de la Junquera.
Además de estos presuntos delitos de terrorismo, el juez ha exigido al Ayuntamiento de Barcelona las autorizaciones pertinentes para instalar un escenario en la plaza Universitat, en pleno centro de la ciudad condal. No hubo solicitud alguna para aquella, según respondió el jefe de distrito del Eixample. De esta forma, el Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni, así como la Guardia Urbana de Barcelona, permitieron la instalación sin los preceptivos permisos, que, entre otros, hubieran podido dar con la identificación de los responsables de aquel acto.
De hecho, Aena y Enaire han puesto de manifiesto la dificultad a la que se enfrentaron aquella jornada de caos y protesta violenta para mantener bajo control el tráfico áereo del aeropuerto de Barcelona El Prat y contener a los irredentos separatistas en la zona de la torre donde se debía realizar el cambio de turno.
Con este informe, García-Castellón podría mantener su línea de investigación, aunque tan solo tiene el apoyo de las acusaciones particulares en este sentido.
GARCÍA-CASTELLÓN Y EL ELENCO DE INVESTIGADOS EN TSUNAMI DEMOCRÀTIC
Cabe recordar que en la causa contra Tsunami Democràtic, para quien Puigdemont exige la amnistía a todos los procesados, no sólo está imputado Puigdemont, sino también la exconsejera y dirigente de ERC, Marta Rovira, entre otros líderes, como Josep Lluís Alay, mano derecha del prófugo de Waterloo y recaudador de fondos para Tsunami Democràtic.
Para García-Castellón, Puigdemont asistió a las reuniones celebradas en Ginebra (Suiza) los días 29 y 31 de agosto de 2019, justo un mes y medio antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. En esas fechas, el líder de Junts podría haber planificado la actuación de la plataforma, toda vez que fueron dirigentes de Junts quienes se apresuraron a difundirla por todas las redes sociales.
En la misma causa están imputados el diputado de ERC Rubén Wagensberg; el ex secretario de organización de ERC, Xavier Vendrell, y el empresario Oriol Soler. Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio también están bajo investigación judicial. La causa trasciende también a la actual portavoz de ERC, Marta Vilalta, y al dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, que deberán testificar una vez abierto el juicio.
