El ‘caso Tsunami Democràtic‘ se ha convertido en un muro de contención para la amnistía pactada por el PSOE y los independentistas liderados por Carles Puigdemont. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está llevando el asunto por la vía del terrorismo, con comisión rogatoria incluida a Suiza para poder investigar a la supuesta «coordinadora» de la plataforma creada presuntamente por los líderes independentistas para movilizar a los miles de personas tras la sentencia del Tribunal Supremo a los organizadores del referéndum ilegal del 1-O.
La guerra institucional y política desatada por el PSOE por su pacto con Junts para promover y registrar una ley de amnistía que incluye delitos de terrorismo, prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas, entre otros. La normativa, no obstante, está cogida con muchos alfileres y hay numerosos flecos al hacer referencia a sentencias del Tribunal Constitucional, que estableció que la amnistía solo es aplicable cuando se produce un «cambio de régimen político», que ha tenido lugar por el momento.
García Castellón ha realizado su instrucción del caso y ha trasladado la causa al Tribunal Supremo al considerar que varios de los encausados están aforados, como es el caso de Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament.
GARCÍA CASTELLÓN Y EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL CONTRADICEN AL FISCAL
En esa petición al Alto Tribunal, García Castellón desgrana y detalla la investigación por un supuesto delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira (ERC) y los otros nueve encausados por promover y organizar los bloqueos de infraestructuras estratégicas críticas, como la torre de control de El Prat, donde se pudo provocar un desastre humano si se hubiera cumplido su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos. Asimismo, se indaga también en la muerte de un turista francés por si las protestas hubieran impedido el desplazamiento de la ambulancia desde El Prat a un hospital.
Por estos dos hechos, así como los cuantiosos daños económicos registrados durante las dos semanas de protestas y graves disturbios, García Castellón entiende, acogiéndose a la directriz europea y no a la normativa española. Este cambio de giro en el guion judicial abre la puerta a enviar abrir el caso en Suiza y Bélgica, donde residen Marta Rovira y Carles Puigdemont, respectivamente, por los convenios firmados por España con ambos países. Al ser una investigación por terrorismo y siguiendo el espíritu europeo, ambos países deberían poder activar sus mecanismos judiciales e incluso procesar a cada uno de ellos. Para ello, el Supremo debe «hacer uso de los mecanismos de cooperación judicial oportunos», tal y como señaló García Castellón.
De ahí que tanto Puigdemont como ERC hayan cargado contra García Castellón al asegurar que el de Tsunami Democràtic es un caso de ‘lawfare’, a pesar de las pruebas e indicios aportados en la causa. También el fiscal del caso se ha sumado al caso con un recurso contra la investigación a Puigdemont por terrorismo al tildar todas las algaradas y graves disturbios como «desórdenes públicos».
No obstante, la Guardia Civil, en dos informes aportados en la investigación -el último de ellos hace apenas tres semanas-, muestra un escenario distinto al dibujado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, quien se ha remitido a las mismas argumentaciones de un recurso anterior para desmontar la investigación de García Castellón.
TSUNAMI DEMOCRÁTIC Y PUIGDEMONT, UNA PRESUNTA VINCULACIÓN DIRECTA
El fiscal Carballo no cree, además, que la Audiencia Nacional sea competente en esta causa al no apreciar indicios de delito de terrorismo. En todo caso cree que los investigados pudieran ser causantes de desórdenes públicos. Asimismo, considera que García Castellón actúa «sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto».
No obstante, Carballo no ha desmontado ninguno de los informes de la Guardia Civil sobre ‘Tsunami Democràtic’. En este sentido, el fiscal considera que la plataforma era simplemente un perfil de Twitter y que la aplicación tan sólo permitía acceder a códigos ‘QR’, que derivaban a los usuarios a acometer la acción destinada para poder lanzar a los miles de independentistas en la misma dirección.
No obstante, la unidad de la Benemérita encargada del caso mostró que ‘Tsunami Democràtic‘ era mucho más que un simple perfil o una aplicación que podría elaborar cualquier persona con los conocimientos informáticos adecuados. Los agentes señalan que el diseño de la aplicación era de un alto nivel, tanto en el código -programación- como en el interface de la propia herramienta. Según los propios agentes, los conocimientos mostrados apuntan que no se trata de un trabajo de aficionados, sino de un alto nivel de sofisticación. Un trabajo «meticuloso y planificado» y cuyo coste es significativo, tanto que García Castellón considera que la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, habría desviado el dinero para sufragar el coste.
LA FINANCIACIÓN TSUNAMI DEMOCRÀTIC, POSIBLE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
De hecho, la propia Guardia Civil apuntó a un código informático utilizado por ‘hackers’ profesionales. «Solo está al alcance de muy pocos», destacó. Asimismo, su desarrollo se inicia en 2018, cuando se realizan las primeras detenciones a los líderes del ‘procés’.
Para esta financiación, la Guardia Civil apunta directamente a Miquel Esquirol, tesorero de Òmnium Cultural y ex de CDC, fundado por Jordi Pujol. Este nombre aparece en el registro de Google como la persona que subió la aplicación a la tienda online, una muestra de la vinculación directa entre una persona física y del entorno independentista con Tsunami Democràtic.
El informe apunta que Esquirol giró el dinero a través de la Associació Units per al Foment de la Cohesió i la Catalanitat (AUFCC), que él mismo preside y que habría realizado el pago a cuentas de Jaume Cabaní, relacionado también con la financiación de Tsunami Democràtic. Los pagos se realizaron a través de N26 a Cabaní por un importe de 112.000 euros. En total, se han descubierto pagos cercanos a los 125.000 euros, un montante elevado para una única aplicación.
El fiscal no entra a valorar esta información en su recurso, a pesar de quedar acreditado el indicio de la financiación con un traspaso de cuentas para una supuesta web de la AUFCC. Pero esta asociación carece de esta herramienta.
El resto del dinero procedía de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el altavoz separatista que recibió también aportaciones de miles de personas, sin obtener un solo euro de subvenciones públicas, según sus propias cuentas. Estas transferencias se realizaron mientras Cabaní dirigía las finanzas de la Casa de la República, como se ha denominado la estancia de Puigdemont en Waterloo. Asimismo, estas financiaciones coincidieron con la creación de ‘Tsunami Democràtic‘.
LA UE MIRA CON LUPA LOS DELITOS DE BLANQUEO
Con este informe de la Guardia Civil, podría incluirse el delito de blanqueo de capitales, uno de los delitos que vigila con lupa la Comisión Europea, y que impediría la amnistía a los doce investigados. De hecho, si el Tribunal Supremo decidiera tumbar el recurso del fiscal, Puigdemont, Rovira, Alay y el resto de encausados tendría muy complicado el acceso a la amnistía. Por esta razón, es crucial para las defensas rebajar esta acusación.
La Comisión Europea no acepta bajo ningún concepto que se alivie el delito de blanqueo de capital o evasión fiscal. Cabe señalar que la propia Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil el cierre del repositorio de Tsunami Democràtic en ‘Github‘, una vía para poder descargar la aplicación tras la negativa de Google y Apple a mostrar la aplicación. Para ello, se abrió con el perfil ‘s3rrallonga’, en referencia a un bandolero catalán, y a través de un enlace era posible descargarse la aplicación.
LA FISCALÍA INCLUYÓ A LOS CDR EN EL TERRORISMO CATALÁN
Por ahora, se desconoce cómo se aseguraron los datos de los más de 300.000 usuarios que descargaron la aplicación antes de su desaparición. En octubre 2019, la propia Guardia Civil apuntaba al delito de terrorismo. Un año después, en la propia memoria anual, la Fiscalía incluyó al «movimiento violento independentista catalán» entre las amenazas terroristas del último año, junto con el movimiento radical vasco y la violencia en Galicia.
La Fiscalía apunta a desórdenes públicos, pese a tildar los actos de terrorismo hace solo tres años
La Fiscalía recuerda las detenciones de hasta nueve personas relacionadas con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), y más en concreto con el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), quienes presuntamente estaban «en fase de preparar acciones violentas. Durante los registros domiciliarios se incautaron sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos». Todos ellos están imputados por «pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos».
EL LARGO HISTORIAL DELICTIVO
La propia Fiscalía señaló que Tsunami Democràtic sirvió a la inmediatez, alcance y privacidad para los independentistas. Asimismo, explicó que los «graves disturbios» en diferentes ciudades de Cataluña, especialmente focalizados en Barcelona, que incluyeron «la paralización del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cortes de vías de comunicación -avenidas, calles, carreteras y tráfico ferroviario- y ataques a edificios públicos -Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Comisarías del CNP y de los Mossos d’Esquadra, Cuarteles de la Guardia Civil, Consejerías de la Generalitat, etc…-.
Ahora, la Fiscalía ve todos estos ataques como desórdenes públicos. Cabe señalar que hay tres agentes de la Policía Nacional jubilados y cientos de ellos sufrieron lesiones, algunas graves, durante estos graves hechos. Uno de ellos llegó a temer por su vida tras serle lanzada una piedra de gran tamaño desde una azotea, un acto que hundió un casco de los antidisturbios. Asimismo, se quemaron decenas de vehículos durante esos disturbios y un inmueble, en concreto una tienda de Starbucks.
En enero de este año entró en vigor la reforma del Código Penal para los desórdenes públicos, en los que se incluye penas para quienes «ejecuten actos de violencia o intimidación» sobre personas o cosas, obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemetne el funcionamiento efectivo de servicios en esos lugares.
No obtante, está por ver si poner en riesgo las vidas de pasajeros entra dentro de este ilícito penal. Esa decisión e interpretación la deberá tomar ahora el Tribunal Supremo.
