El centro penitenciario de Zubieta (Gipuzkoa), inaugurado el pasado 17 de junio por el lehendakari Imanol Pradales y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha registrado dos conatos de motín en sus diez primeros días de funcionamiento, según fuentes penitenciarias. Los incidentes, que ocurrieron con apenas veinticuatro horas de diferencia, fueron sofocados por la intervención de los propios trabajadores de los módulos antes de que escalaran.
Personal interino y fallos de seguridad
La nueva cárcel, diseñada para albergar a unos doscientos internos, cuenta en sus seis módulos solo con personal interino, en su mayoría joven y sin experiencia, a la espera de que se incorporen más efectivos. Esta situación ha generado un ambiente de sobrecarga laboral que, según los mismos trabajadores, se ha agravado tras la decisión del director del centro, Alfredo Gómez, de eliminar cinco días de libranza que tenían reconocidos algunos funcionarios con labores de coordinación. El pulso laboral ha disparado el número de bajas médicas.
En el plano de la seguridad, los vigilantes denuncian fallos en los instrumentos de identificación para controlar los movimientos de los reclusos, así como ángulos muertos en el interior de la prisión y accesos a los gimnasios desde los patios por problemas en algunos cerramientos. Fuentes internas subrayan que estos riesgos potenciales se ven agravados por la escasez de efectivos, con turnos de vigilancia que a menudo cubren módulos enteros con apenas media docena de funcionarios.
Calor, fallos informáticos y carencias en las celdas
La ola de calor que ha afectado a la costa guipuzcoana durante las dos últimas semanas ha evidenciado las deficiencias de climatización del edificio. Las celdas orientadas al sur alcanzan temperaturas extremas, y los reclusos llegaron a pedir que se dejaran entreabiertas las puertas para generar corriente, una petición imposible de atender. Los propios vigilantes, instalados en torres con la climatización mal regulada, han tenido que recurrir a ventiladores de pie.
El malestar se ha visto amplificado por los fallos en las conexiones de los monitores de televisión instalados en las celdas, que limitaban la recepción a solo dos canales. Además, el sistema informático que gestiona el ‘peculio’ –el dinero disponible de cada interno– no ha estado operativo, lo que ha obligado a los economatos a funcionar con libretas de ‘fiao’, en las que se apuntan manualmente las peticiones de tabaco, agua y comida. «Algunas celdas son un infierno de calor y, para colmo, el centro se llena de moscas que se cuelan hasta en los microondas», advierten los trabajadores.
Zubieta, construida con 81 millones de euros del Estado, ha sufrido dos conatos de motín y graves carencias de personal y seguridad en sus primeros diez días de actividad.
El traspaso de prisiones y la inauguración
Con todo, las mismas fuentes reconocen que tanto el traslado de los internos desde la antigua cárcel de Martutene como el servicio médico desplegado por Osakidetza han sido «ejemplares». Asimismo, pese a los problemas informáticos que amenazaron las comunicaciones con familiares, los reclusos han mantenido garantizado el contacto con sus abogados.
La puesta en marcha de Zubieta culmina un proceso de transferencia de la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco que se inició en octubre de 2021, impulsado por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, según han reconocido dirigentes del PNV. El acto oficial, celebrado en el salón de actos del centro, ya dejó patentes los problemas de climatización. La consejera de Justicia, María Jesús San José, calificó el estreno como «hito clave» del Modelo Penitenciario Vasco, mientras que el Gobierno central cifró la inversión en 81 millones, frente a los 45,4 millones que recoge el folleto institucional del Ejecutivo autonómico.
Entre los reclusos que cumplen condena en Zubieta se encuentra una veintena de antiguos dirigentes de ETA, lo que añade una especial sensibilidad a cualquier incidente de seguridad. Hasta el momento, ni la Consejería de Justicia ni el Ministerio del Interior han ofrecido una valoración oficial sobre los fallos denunciados por los trabajadores.
