El BCE llega a la reunión de septiembre atrapado entre subir tipos de forma preventiva o corregir con datos.
Según el análisis publicado por Cinco Días, la presidenta Christine Lagarde insistió el pasado julio en que la última subida de tipos no fue ‘preventiva’. Estaba respaldada por las proyecciones macroeconómicas del BCE y resultaba adecuada en todos los escenarios considerados. En términos del propio instituto emisor: fue una decisión correctiva, no preventiva.
La matización no es semántica. Una subida preventiva intenta anticiparse a la inflación antes de que los datos la confirmen. Una subida correctiva llega después de que las previsiones se han desviado, y su factura suele recaer sobre el bolsillo de empresas y familias. El BCE arrastra desde 2022 una secuencia de errores que explica el actual debate.
El debate de septiembre: subir antes de tiempo o corregir tarde
En marzo de 2022, el instituto emisor reconoció que sus proyecciones de inflación habían fallado de forma histórica: 2,0 puntos porcentuales de desviación frente a lo previsto en diciembre de 2021, la mayor desde 1998, cuando arrancaron sus primeras proyecciones. Fue un golpe a la credibilidad de Fráncfort.
También llegó tarde a la transmisión de los precios energéticos. Lo que antes tardaba entre tres y doce meses, en 2022 se produjo de inmediato, tanto en el gas como en la electricidad. Pese al repunte de la inflación, el BCE no endureció su política: creyó que se trataba de perturbaciones temporales de oferta, aunque la demanda ya estaba fuerte.
El BCE no está luchando contra la inflación de hoy: está corrigiendo unas proyecciones que ya fallaron una vez y pueden volver a fallar si Ormuz se cruza.
El error se ha traducido en más cautela. Entre 2022 y junio de 2025, el BCE apreció que los desajustes de oferta eran más frecuentes que en las dos décadas anteriores. Las interrupciones de suministros, cada vez más habituales, llevan a las empresas a ajustar precios con mayor frecuencia y, en consecuencia, a una mayor volatilidad de la inflación.
En marzo de este año, el Consejo de Gobierno aseguraba que los tipos se encontraban en general en su nivel neutral, con la política fiscal también neutral y un déficit agregado alrededor del 3%. Pero avisó de que había motivos para mantenerse alerta. En junio, subió el tipo de referencia hasta el 2,25% y dejó un discurso dividido entre la cautela por los efectos de segunda ronda y la idea de que no había urgencia si los mercados energéticos seguían estables. Lagarde tampoco cree que la inflación retorne al 2% hasta finales de 2027; sin subidas, superaría el objetivo incluso en 2028.
Energía, proyecciones y el nudo de Ormuz
Esa estabilidad ha llegado. La evolución reciente del mercado ha sido más favorable de lo previsto: el crudo ha llegado a cotizar por debajo de los 75 dólares por barril. Nada que ver con marzo de este año, cuando el precio del petróleo se disparó hasta casi 120 dólares y las proyecciones para el peor escenario eran mucho más altas.
La razón estructural está en la energía. Las renovables representan cerca del 50% de toda la generación eléctrica de la Unión Europea, según Eurostat. Si se suma la nuclear, más de dos tercios de la electricidad comunitaria ya no depende tanto del exterior. Eso reduce la vulnerabilidad ante crisis energéticas externas.
Al mirar el IPC, el componente energético explica por sí solo más del 80% del aumento de la inflación en Estados Unidos y casi el 100% en la eurozona. A diferencia de 2022, los efectos de segunda ronda permanecen contenidos. Con la perspectiva de hoy, las presiones inflacionistas bajarán gradualmente hasta normalizarse en el segundo trimestre de 2027, cuando el efecto base de la subida de la energía desaparezca por completo.
Pese a todo, el BCE identifica otro momento crítico. Las reservas mundiales de petróleo se están agotando y los últimos buques metaneros que cargaron en el Golfo antes de la guerra están llegando ahora a sus destinos: el impacto total de la pérdida de suministro está a punto de sentirse. La respuesta de empresas y trabajadores podría ser más rápida que en el episodio anterior. Si se desbloqueara el estrecho de Ormuz, la necesidad de recomponer reservas impulsaría las compras de crudo y, con un Brent entre 70 y 80 dólares, la energía sería un 15% más cara frente al promedio de 65 dólares del año pasado. Estaría, sin embargo, en el rango que el BCE considera seguro.
El Eje del Poder Europeo
El pulso real no es solo monetario. Es político. Los países del norte, con Alemania a la cabeza, prefieren una señal clara contra la inflación, incluso si eso supone subir tipos antes de que los datos lo exijan. Una subida preventiva les sirve como seguro ante una inflación que todavía no ha convergido al 2%. En cambio, Italia, España, y Portugal temen que un endurecimiento anticipado asfixie el crecimiento justo cuando sus economías necesitan consumo e inversión.
España es un caso sensible. Buena parte de las hipotecas están referenciadas al euríbor, que cotiza al compás de los movimientos del BCE. Un repunte de 25 puntos básicos se traslada con rapidez a las cuotas de las familias y al coste de financiación del Tesoro. El Gobierno español no ha escenificado un choque con Fráncfort, pero en La Moncloa observan con inquietud la posibilidad de que el debate de septiembre incluya una subida preventiva. En una economía que todavía depende del consumo, el margen fiscal es estrecho.
El precedente histórico pesa. En 2011, con la crisis de la deuda soberana ya abierta, el entonces presidente del BCE Jean-Claude Trichet subió los tipos y agravó la crisis periférica. Aquella lección explica por qué los países del sur miran con desconfianza cualquier endurecimiento anticipado. También explica la cautela de Fráncfort: nadie quiere repetir ni el error de 2011 ni el de 2022, cuando retrasó la normalización. Observamos un elemento adicional: el BCE es hoy más prisionero de sus mensajes de 2022 que dueño de sus dudas.
El mercado, de momento, no compra la urgencia.
Todavía no ha llegado lo peor. La cita es en Fráncfort en septiembre; las proyecciones actualizadas marcarán si el Consejo de Gobierno se atreve a subir de nuevo.
