La ocupación ilegal de viviendas y los desahucios siguen siendo dos de los fenómenos que más preocupación generan en la Comunidad de Madrid, aunque no responden al mismo problema jurídico ni social. Mientras los delitos de usurpación pertenecen al ámbito penal y afectan a la protección de la propiedad, los desahucios son procedimientos civiles derivados, en la mayoría de los casos, de impagos de alquiler, ejecuciones hipotecarias o recuperación de inmuebles.
La Memoria 2026 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 2025, muestra una evolución significativa: los delitos de usurpación descendieron casi un 20% respecto al año anterior, mientras la actividad judicial relacionada con la recuperación de inmuebles continúa soportando una elevada carga de trabajo en los tribunales madrileños.
La ocupación ilegal baja casi un 20 % en la Comunidad de Madrid
Uno de los datos más llamativos del informe es la reducción de los delitos de usurpación, la figura penal que engloba la ocupación de inmuebles sin autorización cuando no existe violencia sobre las personas.
Durante 2025 la Fiscalía registró 522 procedimientos por usurpación, frente a los 648 contabilizados en 2024. Esto supone un descenso del 19,4 %, una de las caídas más relevantes dentro de los delitos contra el patrimonio.
Esta disminución rompe la tendencia de años anteriores, marcada por un crecimiento sostenido de este tipo de infracciones tras la pandemia. Los fiscales sitúan estos delitos dentro del bloque de criminalidad patrimonial, donde también se incluyen hurtos, robos, estafas y apropiaciones indebidas.
Sin embargo, el descenso de la usurpación no significa necesariamente que desaparezca el conflicto de la vivienda. La propia Fiscalía diferencia claramente entre los delitos de ocupación, que pertenecen al ámbito penal, y los procedimientos de desahucio, que en gran medida se tramitan por la vía civil y responden a realidades completamente distintas.
Ocupación y desahucio: dos conceptos que no significan lo mismo
En el debate público ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, pero jurídicamente tienen diferencias fundamentales.
La ocupación ilegal puede constituir un delito de usurpación cuando una persona accede o permanece en un inmueble ajeno sin consentimiento y sin que exista un título legítimo para hacerlo. Si además se produce entrada en una vivienda habitada, el delito puede calificarse como allanamiento de morada, una infracción distinta y de mayor gravedad.
El desahucio, por el contrario, es un procedimiento judicial destinado a recuperar la posesión de un inmueble. Puede producirse porque un inquilino deja de pagar el alquiler, porque finaliza el contrato de arrendamiento, por una ejecución hipotecaria o por otras causas previstas en la legislación civil.
Esta diferencia explica por qué la reducción de los delitos de usurpación no implica automáticamente una caída de los lanzamientos judiciales. Ambos procesos recorren caminos procesales diferentes y dependen de órganos judiciales distintos.
La presión sobre los juzgados sigue siendo muy elevada
Aunque la ocupación disminuye, la Administración de Justicia madrileña continúa afrontando una enorme carga de trabajo. La Memoria refleja que durante 2025 la Fiscalía Provincial de Madrid y las fiscalías de área atendieron 550 órganos judiciales con una plantilla orgánica de 334 fiscales, lo que equivale a una media de 1,6 juzgados por fiscal y más de 21.000 habitantes por cada representante del Ministerio Público.
La propia Fiscal Superior advierte además de que la implantación del nuevo modelo de Tribunales de Instancia, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, provocó retrasos relevantes durante los primeros meses de funcionamiento. La reorganización de oficinas judiciales, los cambios informáticos y la redistribución del personal ralentizaron la tramitación de numerosos procedimientos, incluidos los relacionados con la jurisdicción civil.
Los fiscales también señalan que las plantillas actuales resultan insuficientes para absorber el incremento de asuntos y que las bajas de larga duración no siempre pudieron cubrirse con la rapidez necesaria, generando una sobrecarga adicional en distintos partidos judiciales.
Los delitos patrimoniales siguen siendo el principal foco de la criminalidad
La usurpación representa únicamente una parte de los delitos contra el patrimonio, que continúan siendo uno de los bloques delictivos con mayor volumen en Madrid.
Según la Memoria, los hurtos superaron los 9.100 procedimientos, los robos con violencia alcanzaron cerca de 7.300 casos y las estafas sobrepasaron los 10.300 procedimientos durante 2025. A pesar de la bajada de la ocupación ilegal, el conjunto de la delincuencia patrimonial mantiene una presencia muy elevada en la actividad diaria de la Fiscalía.
Este contexto resulta especialmente relevante porque muchos conflictos relacionados con viviendas terminan derivando hacia distintas jurisdicciones. Mientras la ocupación ilegal activa la intervención penal, los impagos de alquiler y las recuperaciones de inmuebles suelen resolverse mediante procedimientos civiles que desembocan, en su caso, en órdenes de lanzamiento o desahucio.
La Memoria no presenta los desahucios como un fenómeno estrictamente penal, sino como parte de una realidad judicial más amplia en la que confluyen problemas de vivienda, saturación de los órganos judiciales y necesidad de mayores recursos humanos para agilizar la respuesta de la Justicia madrileña.
En definitiva, Madrid cerró 2025 con menos delitos de ocupación, pero no con una menor complejidad en los conflictos relacionados con la vivienda. La reducción del 19,4 % en las usurpaciones supone un dato positivo desde la perspectiva penal, aunque los procedimientos de desahucio y la elevada carga de trabajo de los tribunales continúan situando el acceso y la recuperación de la vivienda como uno de los grandes desafíos de la Justicia en la Comunidad de Madrid.
