En apenas unas semanas se han acumulado en Europa suficientes advertencias, sabotajes, incursiones de drones y episodios de la llamada guerra híbrida como para que la discusión sobre Rusia y la OTAN haya dejado de ser un ejercicio para generales retirados y departamentos universitarios.
El 17 de septiembre, Donald Tusk compareció ante el Parlamento polaco para explicar lo que calificó como el escenario más probable para los próximos meses. Según el primer ministro, existe un riesgo real de que drones o misiles entren en territorio de uno o varios países del flanco oriental, provoquen incluso daños y sean presentados después como un accidente. La finalidad, según explicó, sería comprobar hasta qué punto la OTAN está dispuesta a transformar el Artículo 5 de una declaración política en una respuesta efectiva. Tusk utilizó una expresión particularmente gráfica: el objetivo ruso sería convencer a los aliados de que el Artículo 5 es «más teórico que práctico».
Pocos días después Emmanuel Macron reunió en el Elíseo a los responsables de los partidos franceses y a los jefes de los principales servicios de inteligencia. El presidente francés afirmó posteriormente que la naturaleza de la amenaza rusa en Europa estaba cambiando y que las acciones híbridas se habían intensificado, hasta el punto de ordenar el diseño de nuevas medidas de protección para infraestructuras críticas frente a drones y ciberataques. Dinamarca ha ido todavía más lejos: su inteligencia militar advirtió el 24 de septiembre de que Rusia podría estar en condiciones de realizar un ataque militar limitado contra un país de la OTAN en cuestión de meses y prevé un aumento de operaciones híbridas capaces de causar víctimas o paralizar funciones esenciales.
No todos los aliados comparten exactamente la misma evaluación, y conviene decirlo. El presidente finlandés Alexander Stubb sostuvo a finales de agosto que consideraba improbable que Rusia se arriesgara a atacar directamente a un miembro de la OTAN. Otros responsables bálticos han advertido también contra el alarmismo y distinguen entre la probabilidad de una invasión convencional y una campaña creciente de sabotajes, ciberataques, provocaciones e incursiones. Esa diferencia es importante: no existe consenso en que los tanques rusos vayan a dirigirse mañana hacia Varsovia, pero sí hay una preocupación mucho más extendida por lo que ocurre en la enorme zona gris que separa la paz convencional de la guerra abierta.
Y todo esto sucede mientras Donald Trump preside la potencia que continúa aportando buena parte de las capacidades militares que hacen creíble a la Alianza. La OTAN existe, sus estructuras funcionan y en la cumbre de Ankara de julio sus 32 miembros volvieron a declarar que su compromiso con el Artículo 5 era «férreo». La cuestión verdaderamente interesante, por tanto, no es si el paraguas existe sobre el papel. Existe. La pregunta es qué sucede exactamente cuando empieza a llover.
Lo que ya está ocurriendo: la guerra que procura no parecer una guerra
Antes de imaginar una invasión rusa conviene observar algo menos cinematográfico y bastante más probable: una sucesión de acciones cuya característica fundamental es que ninguna, considerada aisladamente, parece justificar una guerra, pero que contempladas en conjunto empiezan a dibujar otra cosa.
En septiembre un caza italiano de la OTAN derribó sobre Lituania un dron que transportaba un artefacto explosivo. En el Báltico, un buque ruso lanzó bengalas cerca de un helicóptero militar danés. Alemania atribuyó a los servicios rusos una operación contra el aeropuerto de Leipzig que, según Macron, podría haber producido consecuencias graves de haber tenido éxito. Y diversos gobiernos europeos han denunciado en los últimos años incendios, sabotajes, operaciones cibernéticas, interferencias electrónicas y acciones contra infraestructuras vinculadas al apoyo a Ucrania.
En los Países Bajos, además, alguien decidió en septiembre demostrar lo extraordinariamente fácil que puede ser causar un problema nacional con tecnología bastante menos sofisticada que un misil hipersónico. Tubos metálicos y otros objetos fueron colocados deliberadamente sobre las vías en alrededor de treinta puntos, provocando cortocircuitos, señales en rojo y una considerable alteración de la red ferroviaria. Las autoridades neerlandesas lo investigan como sabotaje coordinado, aunque hasta ahora no han atribuido públicamente la autoría a Rusia. Es una distinción importante: el hecho está probado; el responsable, todavía no.
Y ahí aparece precisamente la belleza perversa de la guerra híbrida. Un misil lleva remite. Un tubo colocado de madrugada sobre una vía, bastante menos.
El objetivo de una operación híbrida no tiene por qué ser destruir una infraestructura estratégica. Puede bastar con obligar al contrario a gastar dinero protegiéndola, sembrar incertidumbre, comprobar tiempos de reacción, generar miedo, observar cómo se coordinan policía, inteligencia y Ejército o descubrir qué nivel de agresión soporta una sociedad antes de exigir una respuesta.
Rusia niega que pretenda atacar a la OTAN y rechaza las acusaciones occidentales sobre muchas de estas operaciones. Pero gobiernos europeos, la UE y diversos servicios de inteligencia atribuyen a Moscú una campaña creciente de acciones encubiertas destinadas, según su interpretación, a intimidar a los países que sostienen a Ucrania y poner a prueba su cohesión.
Ese detalle cambia bastante la pregunta. Quizá Putin no necesite averiguar si puede conquistar Estonia. Quizá le resulte mucho más útil averiguar qué puede hacer en Estonia sin que nadie considere que ha empezado una guerra.
Trump y el Artículo 5: la diferencia entre firmar y responder
Trump ha reafirmado formalmente el Artículo 5 y Estados Unidos continúa ocupando un papel central en la estructura militar de la OTAN. Conviene empezar por ahí porque cualquier análisis serio tiene que diferenciar la retórica de los hechos institucionales.
También es cierto que su Administración está reduciendo parte del despliegue estadounidense en Europa y trasladando mayores responsabilidades a los aliados. En mayo el Pentágono detuvo despliegues previstos de unos 4.000 militares hacia Polonia y Alemania dentro de una reducción más amplia de aproximadamente 5.000 efectivos. También quedó afectado el despliegue previsto de una unidad especializada en misiles de largo alcance. La prensa europea interpretó inicialmente que ello podía comprometer también los planes para desplegar Tomahawk y Dark Eagle en Alemania, aunque el Ministerio de Defensa alemán respondió que no consideraba definitivamente cancelado el proyecto. Es bastante menos rotundo que decir que Trump «canceló Dark Eagle», pero bastante más exacto.
Al mismo tiempo, la propia OTAN está europeizando parte de su estructura de mando. Reino Unido acaba de asumir el Joint Force Command Norfolk, Italia asumirá Nápoles y Alemania y Polonia compartirán Brunssum, mientras Estados Unidos conserva el puesto esencial de Supreme Allied Commander Europe y los principales mandos de componentes terrestres, aéreos y marítimos. Es decir, estamos viendo menos un desmontaje de la OTAN que una redistribución progresiva de responsabilidades en una alianza donde Washington exige que Europa cargue con una parte mayor de la factura.
El problema político aparece en otro lugar. A finales de agosto, después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara secretamente a Moscú y se reuniera con su homólogo ruso Sergei Naryshkin, Trump declaró que no estaba preocupado por un eventual ataque ruso contra un país de la OTAN y afirmó que Putin no lo haría. Reuters y otros medios informaron de que Ratcliffe había abordado precisamente con Moscú el riesgo de una escalada contra intereses occidentales, aunque la Casa Blanca restó dramatismo al viaje.
Aquí está la contradicción que inquieta a una parte de Europa: Washington mantiene formalmente su compromiso con la OTAN, pero el presidente estadounidense transmite públicamente mucha menos alarma que algunos de los gobiernos y servicios de inteligencia del flanco oriental. Eso no demuestra que Estados Unidos no respondería a una agresión. Sí introduce una dosis de incertidumbre. Y la disuasión vive precisamente de reducirla.
El Artículo 5 no es un botón rojo
Existe además una confusión frecuente sobre el famoso Artículo 5. El tratado no establece que, producido un ataque, treinta y dos ejércitos empiecen automáticamente a disparar. Dice que un ataque armado contra un aliado será considerado un ataque contra todos y obliga a cada miembro a prestar asistencia, tomando inmediatamente aquellas medidas que considere necesarias, «incluido el empleo de la fuerza armada». La ayuda es obligatoria; la forma concreta de esa ayuda no está predeterminada.
Parece un tecnicismo hasta que deja de serlo. Porque permite imaginar precisamente el escenario que más puede interesar a Moscú: no una invasión de Polonia con 500 tanques y la bandera rusa ondeando en la frontera, caso en el que la ambigüedad desaparecería rápidamente, sino un incidente deliberadamente confuso. Un dron. Una explosión. Un cable. Una incursión de unas horas. Un sabotaje atribuido con una certeza del 80%. ¿Cuánto es suficiente? ¿Debe responder la OTAN militarmente a un dron que mata a tres personas? ¿A diez? ¿Y si Moscú afirma que se desvió? ¿Y si no existe una prueba pública inmediata de quién lo lanzó? ¿Y si quince aliados quieren responder y otros siete piden esperar cuarenta y ocho horas?
Ahí está el terreno realmente peligroso. Las alianzas militares no disuaden porque exista un párrafo en un tratado. Disuaden porque el adversario cree saber qué sucederá si cruza determinada línea. Cuando la línea se vuelve borrosa, empieza el negocio de probarla.
La posible ventana de Putin
El Belfer Center de Harvard analizó en febrero varios escenarios de amenaza rusa sobre el flanco oriental y señaló precisamente que los cambios en la política estadounidense y las dudas sobre el grado de implicación futura de Washington afectan a la percepción de credibilidad de la Alianza. Entre los riesgos considerados está que Moscú intente dividir a los aliados mediante acuerdos selectivos, medidas de presión o escenarios en los que Estados Unidos se abstenga o limite su participación.
Eso no equivale a afirmar que Putin haya decidido atacar durante el mandato de Trump. No tenemos evidencia pública de semejante decisión. Pero un estratega ruso no necesita creer que Estados Unidos abandonará la OTAN; le basta con calcular que existe una mayor probabilidad de división política sobre cómo responder a una provocación limitada.
Donald Trump dejará la Casa Blanca, conforme al calendario constitucional, en enero de 2029. Desde la perspectiva del Kremlin, los aproximadamente dos años y cuatro meses que restan de mandato estadounidense constituyen un periodo político concreto, con unas determinadas relaciones entre Washington y sus aliados, una guerra todavía abierta en Ucrania y una Europa inmersa en un enorme programa de rearme.
La tentación estratégica, si existe, no tendría por qué consistir en conquistar territorio. Podría consistir simplemente en experimentar: una provocación, se observa la respuesta, otra un poco mayor, se vuelve a observar. Es exactamente como se descubren los límites de cualquier sistema: empujando hasta encontrar resistencia.
El presidente letón Edgars Rinkevics lo expresó de otra manera en Naciones Unidas: a su juicio, la discusión sobre si Rusia empezará a probar a Occidente se equivoca de tiempo verbal porque sabotajes, provocaciones y otras operaciones de zona gris ya están produciéndose.
El objetivo no tiene por qué ser ganar una guerra
Existe un error bastante habitual cuando pensamos en disuasión: imaginar siempre el escenario máximo. Rusia no necesita derrotar militarmente a la OTAN. Sería una empresa enormemente arriesgada frente a una alianza que conserva una superioridad económica, convencional y nuclear extraordinaria. Una victoria política puede ser mucho más barata.
Supongamos que se produce una agresión limitada contra un Estado báltico y que, tras ella, comienza una negociación interna de varios días sobre qué ha ocurrido exactamente y cuál debe ser la respuesta. Unos gobiernos exigen actuar; otros reclaman pruebas adicionales; Washington pide contención; Moscú niega cualquier responsabilidad. Aunque finalmente la Alianza respondiera, Rusia habría obtenido información valiosísima sobre sus mecanismos políticos.
La credibilidad de una alianza no depende únicamente de cuántos aviones posee. Depende también de cuánto tarda en decidir utilizarlos. Y en ese aspecto una democracia tiene una desventaja inevitable frente a un régimen autoritario: necesita deliberar. Normalmente consideramos eso una virtud. En una crisis que dura quince minutos puede convertirse también en una vulnerabilidad.
Europa corre, pero llevaba treinta años paseando
Europa ha reaccionado. La idea de que no está haciendo nada pertenece ya más al cliché que a la realidad. La Comisión presentó en 2025 ReArm Europe/Readiness 2030, un marco destinado a facilitar hasta 800.000 millones de euros de gasto adicional en defensa, de los cuales 150.000 millones corresponden al instrumento de préstamos SAFE. Aquí también conviene utilizar bien las palabras: no existe una caja en Bruselas con 800.000 millones esperando que alguien compre tanques; una gran parte de la cifra consiste en capacidad adicional de endeudamiento y gasto nacional que los Estados podrían movilizar.
Europa está aumentando la producción de munición, comprando defensa aérea, reorganizando mandos y reforzando el flanco oriental. Lituania, por ejemplo, está construyendo junto al corredor de Suwałki una subestación eléctrica fortificada con sistemas duplicados y estructuras específicamente diseñadas para soportar ataques con drones. Que en 2026 haya que construir una subestación eléctrica europea pensando en cómo resistirá un explosivo ruso ayuda a entender bastante bien cuánto ha cambiado el continente.
Pero construir autonomía militar no es como instalar una aplicación. Hace falta fabricar proyectiles, misiles y radares; entrenar soldados; disponer de transporte estratégico, satélites, inteligencia, defensa aérea y mando; garantizar reservas logísticas y, sobre todo, ser capaz de mantener todo eso durante meses. El Munich Security Report de 2026 describe una Europa atrapada entre dos estrategias simultáneas: intentar mantener a Washington comprometido «casi a cualquier precio» mientras prepara prudentemente una mayor autonomía. Europa quiere dejar de depender tanto de Estados Unidos sin hacer nada que consiga que Estados Unidos se marche antes de que Europa pueda dejar de depender de él. Una cuadratura del círculo con presupuesto de Defensa.
Y luego está la incómoda dependencia de unas pocas cosas
La discusión sobre la autonomía europea suele reducirse a cuánto dinero se gasta, pero el verdadero problema es más específico. Europa puede comprar más carros de combate y más artillería. Lo complicado es sustituir rápidamente determinadas capacidades estadounidenses: inteligencia estratégica, vigilancia espacial, defensa antimisiles, transporte aéreo de gran capacidad, reabastecimiento, mando, comunicaciones y ataques convencionales de muy largo alcance.
La polémica de los Tomahawk y Dark Eagle es un ejemplo. La eventual retirada de esas capacidades ha vuelto a poner sobre la mesa la escasez europea de sistemas convencionales capaces de golpear a entre 1.000 y 3.000 kilómetros, mientras los proyectos europeos destinados a cubrir ese hueco tardarán años. Es la diferencia entre gastar más y poder combatir sin el americano. No son necesariamente la misma cosa.
España está lejos de Rusia, pero no está lejos de la OTAN
España ocupa una posición peculiar. No comparte frontera con Rusia, el Báltico queda razonablemente lejos de Albacete y nuestra percepción histórica de amenaza se ha concentrado mucho más en el Mediterráneo, el Sahel y el norte de África. Pero las alianzas funcionan precisamente para que la geografía deje de ser un asunto estrictamente particular. España necesita que la OTAN funcione tanto para el Báltico como para Ceuta, y esa credibilidad se construye en las dos direcciones.
España mantiene cerca de 3.000 efectivos en distintas misiones y operaciones de la OTAN y el Gobierno sostiene que ha consolidado una inversión en seguridad y defensa equivalente al 2% del PIB. Madrid anunció además en julio que se incorporaría a las fuerzas terrestres avanzadas de la Alianza en Finlandia. La cuestión relevante no es solamente si una hoja de Excel llega exactamente al 2%, sino saber qué se compra con ese porcentaje: defensa aérea, munición, ciberdefensa, inteligencia, fragatas, aviones, drones, capacidad logística y tropas realmente desplegables. Porque llegado el día, al Kremlin le interesará bastante menos la contabilidad española que cuántas capacidades puede poner España sobre el terreno.
Y existe además una cuestión de reciprocidad elemental. España desea que Polonia, Alemania o Finlandia consideren Ceuta, Cádiz o cualquier infraestructura española como parte de su propia seguridad colectiva. Es difícil pedir que el principio funcione hacia el sur mientras se considera que el Báltico es un problema de aquellos señores altos que viven cerca de Rusia. El seguro se paga incluso cuando la casa del vecino es la que está ardiendo.
La guerra híbrida plantea otro problema: ¿cuándo se dispara contra ella?
Aquí puede estar uno de los grandes debates estratégicos de los próximos años. La OTAN fue diseñada esencialmente para responder a agresiones militares identificables: un ejército cruza una frontera, un avión bombardea una ciudad, un misil destruye una base. La guerra híbrida intenta precisamente evitar esa claridad.
¿Qué sucede si Rusia provoca un apagón mediante un ciberataque y mueren treinta personas en hospitales? ¿Es un ataque armado? ¿Qué ocurre si unos saboteadores destruyen una fábrica de municiones y posteriormente se demuestra que trabajaban para un servicio de inteligencia extranjero? ¿Y si un cable submarino es cortado deliberadamente, pero la atribución tarda tres meses? ¿Dónde está exactamente la frontera entre espionaje, sabotaje y guerra?
La OTAN ha dejado claro que determinados ciberataques o ataques híbridos graves podrían dar lugar a la aplicación del Artículo 5, pero deliberadamente no ha fijado un umbral automático. Estratégicamente tiene sentido: anunciar exactamente dónde está la línea equivale a facilitar al adversario las instrucciones para quedarse un centímetro por debajo. Pero la ambigüedad que disuade también puede paralizar. Ese es el dilema.
La atribución puede convertirse en el talón de Aquiles
Existe además una diferencia fundamental entre la Guerra Fría y esta nueva etapa. Cuando la Unión Soviética lanzaba un misil balístico intercontinental era razonablemente sencillo descubrir desde dónde había salido. Un ataque híbrido puede recorrer veinte países antes de alcanzar su objetivo. Un ciberataque puede utilizar servidores comprometidos de empresas inocentes. Un sabotaje puede ser ejecutado por intermediarios que ni siquiera conozcan a quien realmente encargó la operación. Un dron puede llevar componentes comerciales adquiridos en cinco países.
La OTAN puede acabar enfrentándose a un problema extraño: disponer de capacidad militar suficiente para responder a una agresión y no poseer, durante las primeras horas, una certeza suficiente sobre a quién responder. Eso afecta directamente a la disuasión, porque para disuadir a alguien no basta con ser fuerte: el adversario debe creer que sabes que ha sido él.
El escenario verdaderamente peligroso no es la Tercera Guerra Mundial
Probablemente el escenario más peligroso no sea el que más titulares produciría. Una invasión rusa masiva de Polonia dejaría muy pocas dudas sobre qué está pasando, movilizaría políticamente a la Alianza y convertiría el Artículo 5 en una cuestión relativamente sencilla. Mucho más complejo sería algo deliberadamente pequeño: un incidente lo suficientemente grave para exigir una respuesta pero lo suficientemente confuso para discutirla.
Ahí se encuentran dos velocidades incompatibles. Rusia puede diseñar una operación con una cadena política muy corta. La OTAN necesita que treinta y dos democracias interpreten el incidente, compartan inteligencia y coordinen la respuesta. La enorme superioridad material de la Alianza no elimina ese problema; en cierto modo lo hace más interesante para el adversario. Porque precisamente si no puedes derrotar a una alianza militarmente, quizá intentes demostrar que políticamente puede derrotarse a sí misma.
La pregunta que Europa debe responder antes de que alguien la formule por ella
Europa dispone hasta enero de 2029 para prepararse para el final del actual mandato estadounidense. Eso no significa que entonces vuelva automáticamente la política exterior anterior a Trump; de hecho, buena parte del debate estratégico occidental empieza a asumir que la exigencia de mayor responsabilidad europea puede sobrevivir a esta Administración y que la relación transatlántica difícilmente regresará exactamente al mundo anterior. Por tanto, reducir todo el problema a esperar al próximo presidente norteamericano sería demasiado cómodo.
Europa tendrá que hacer dos cosas que parecen contradictorias y probablemente no lo sean: mantener la OTAN y construir capacidad suficiente para que la OTAN dependa menos de la voluntad política de un solo país. No porque Estados Unidos sea necesariamente un aliado poco fiable, sino porque cualquier sistema cuya supervivencia depende excesivamente de una única pieza tiene un problema de diseño.
La mejor defensa del Artículo 5 no consiste en repetirlo solemnemente en todas las cumbres. Consiste en que Rusia calcule que, sea quien sea el presidente estadounidense y cualquiera que sea el incidente elegido, atacar a un aliado tendrá un coste superior al beneficio. Eso es la disuasión. Todo lo demás son comunicados.
La OTAN no está rota. Continúa siendo la alianza militar más poderosa del mundo, mantiene decenas de miles de soldados desplegados, dispone de una enorme capacidad convencional y nuclear y acaba de volver a reafirmar formalmente la defensa colectiva. Decir otra cosa sería exagerar. Pero tampoco es el mismo paraguas bajo el que Europa se acostumbró a vivir durante las últimas décadas. Estados Unidos exige compartir mucho más el peso, Europa intenta fabricar en pocos años capacidades que dejó atrofiarse durante treinta años y Rusia explora una zona gris en la que la frontera entre provocación y agresión resulta deliberadamente difícil de identificar.
El peligro quizá no sea que un día descubramos que el Artículo 5 no existe. El peligro es bastante más sutil: que alguien decida comprobar exactamente cuánto aguanta antes de activarse. Y en Moscú hay gente a la que, por profesión, le pagan precisamente por hacerse esa clase de preguntas.
