La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente de la Agencia Tributaria, entregó el pasado 23 de septiembre a la UCO un informe sobre los pagos desembolsados por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es la sociedad investigada en el centro del Caso Mascarillas o Caso Koldo, por haberse convertido en importadora de las famosas mascarillas durante la pandemia adquiridas por el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. La principal conclusión del informe de Hacienda es que la empresa Soluciones devolvió el préstamo recibido de otra sociedad, Sisgral y por tanto no era un préstamo ficticio. Además, ese préstamo habría generado una serie de gastos que fueron, al menos en parte, abonados.
Los investigadores de la UCO en su informe inicial para el juzgado encontraron un préstamo de 5 millones de euros de Sisgral a Soluciones de Gestión, presumiblemente para que la segunda pudiera cumplir los ratios de solvencia económica exigidos por Puertos del Estado para poder contratar la compra de mascarillas.
Aquel informe decía que «del análisis de la documentación aportada en formato digital por la ONIF, se ha encontrado un documento que contiene un contrato firmado en Madrid el día 23.03.2020. En el mismo figuran como prestamista María del Carmen Cueto Martín en representación de Sisgral, como prestatario José Ángel Escorial Senante en representación de Soluciones de Gestión y como promitente, Íñigo Rotaeche Lachiondo en representación de Erromar». El promitente es la figura que asume la promesa de realizar los pagos.
La UCO explicaba que «analizado el contenido del contrato, se observa que el importe solicitado es 5.000.000 €, siendo el objeto del mismo la obtención de financiación para la realización de una de las actividades empresariales incluidas en su objeto social, es decir, suministro de material y fungibles para la actividad médica».
Préstamo para comprar las mascarillas
La sospecha del juez es que ese dinero, de una empresa de la hija del propietario final de Soluciones de Gestión, Juan Cueto, también investigado en la causa, era un préstamo falso para pasar el «corte» del ministerio.
Sin embargo, el nuevo informe de la ONIF destaca en sus conclusiones que: «En primer lugar, se considera que los servicios prestados por Comercial Cueto 92, Comercial Cueto 92 Internacional y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, así como los gastos devengados por el préstamo concedido por Sistemas Integrales de Reparación y Mantenimiento (Sisgral) a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas han sido satisfechos por ésta.
La ONIF también se pronunció sobre que «en segundo lugar, se mantienen las conclusiones recogidas en el informe de auxilio judicial respecto a la operación de compraventa de las participaciones de la entidad Sabores y Aromas del Mediterráneo ya que no se aporta por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas documentación adicional a la que ha dispuesto el auxilio para la elaboración de dicho informe».
El documento comienza explicando que Soluciones «resultó adjudicataria de los contratos para el suministro de material de protección tanto a Puertos del Estado, como a ADIF, derivados de las Órdenes ministeriales TMA/263/2020, de 20 de marzo, y de la Orden TMA/292/2020 de 26 de marzo». En total 52 millones de euros de dinero público que investiga el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Ese informe ha sido reenviado por la UCO al juez Moreno dentro de una pieza separada.
Los investigadores de la ONIF explican que «tal y como se recogió en el informe de auxilio judicial de 20 de abril de 2026, el 16/03/2020 Soluciones suscribió un contrato único de prestación de servicios con Comercial Cueto 92 y Comercial Cueto 92 Internacional, «para colaborar con Soluciones de Gestión en la adquisición en el mercado internacional y venta en España de Epis al Ministerio de Transportes”.
Ambas empresas emitieron facturas por estos servicios en abril y diciembre de 2020. «En cuanto a los pagos derivados de este contrato, se establece en éste lo siguiente: “La remuneración del cliente al prestador será abonada cuando concluyan todas las operaciones en las que el CLIENTE haya sido adjudicatario y estas hayan sido abonadas por el ente u organismo contratante. El prestador emitirá la factura y será abonada dentro de los 10 días siguientes hábiles”.
Sin embargo, en el folio 27 del primer informe de la ONIF se indica que «según el Balance de Sumas y Saldos de Soluciones del ejercicio 2021, a fecha 22/03/2021, aún se encontraba pendiente de pago por importe de 970.060,39 euros respecto a Comercial Cueto 92 y 66.070 euros respecto a Comercial Cueto 92. Se desconoce si han sido abonadas a fecha de este informe».
Pero en la documentación que Soluciones aportó a Hacienda «se encuentran los justificantes bancarios del pago de las cantidades pendientes, de fecha 17/11/2021». Eso sí, los investigadores no considera deducibles las pérdidas declaradas en 2021 por deterioro en el ejercicio 2020
En esas facturas figura que «el contrato con Sisgral generó un gasto en Soluciones por importe de 1.089.994,89 euros. Se recogió en el informe elaborado por este auxilio de fecha 20 de abril de 2026 que «al igual que en el caso de Comercial Cueto 92 y Comercial Cueto 92 Internacional y según Balance de Sumas y Saldos de Soluciones del ejercicio 2021, a fecha 22/03/2021 aún se encontraba pendiente de pago por importe de 787.326,96 euros. Se desconoce si han sido abonadas a fecha de este informe».
Estos datos juntos con otros hacen pensar a Hacienda que la empresa vendedora de las mascarillas de Ábalos tiene aparentemente sus números en orden. Ahora el juez Ismael Moreno deberá decidir si el informe es válido o no para la instrucción.
