Este viernes están llamados a declarar los directivos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Íñigo Rotaeche y el empresario Juan Carlos Cueto en el tribunal central de Instancia 2 de la Audiencia Nacional. Ambos están investigados en el Caso Koldo de compra venta de mascarillas por parte del ministerio de José Luis Ábalos porque fue Soluciones de Gestión quien realizó ese negocio con el MITMA y Koldo García. En total, la empresa facturó 53 millones de euros con varias administraciones del Estado y con las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.
El primero en declarar será Íñigo Rotaeche, empresario que entró en la sociedad comprando acciones de Soluciones de Gestión SL y luego se convirtió en apoderado, hasta ser nombrado administrador de la misma en 2021. La Fiscalía Anticorrupción en su denuncia señala que parte del dinero que entró en comisiones por estos contratos fue desviada a otra sociedad del grupo Cueto, Pizarras Santa Bárbara SL, y ese dinero se utilizó para invertir en fincas. Todas las gestiones relativas a estos inmuebles las llevaba Juan Carlos Cueto con Iñigo Rotaeche, que era el único accionista de Soluciones de Gestión SL cuando se adjudicaron los contratos de material sanitario.
El auto señala a Rotaeche como la persona de confianza de Cueto y afirma que tiene “conocimiento absoluto de los temas investigados”, además de ser el propietario de la mayoría de las participaciones de Soluciones de Gestión SL.
Tras esta declaración llegará la de Juan Carlos Cueto, dueño del Grupo Cueto, un conglomerado formado por seis empresas, entre ellas la mercantil investigada en esta causa.
Juan Carlos Cueto, aunque seguía siendo el accionista mayoritario, dejó de figurar en los órganos sociales del grupo a partir de 2017, tras saltar su nombre a la Prensa por el Caso Defex, un caso de soborno por la venta de armas en Angola. Pero no formar parte de los órganos sociales no significa que no tuviera capacidad de decisión, como figura en el informe principal de la UCO elaborado para el juez Moreno, tras el desarrollo de la operación Delorme, que acabó con la detención de dos decenas de personas.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, destacó en el auto de procesamiento que Cueto tenía «control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión» en el momento en el que se ejecutaron los contratos.
El 20 de febrero de 2024 la UCO detenía a Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del ex ministro y entonces todavía diputado socialista José Luis Ábalos, acusado de varios delitos de corrupción. Ambos están ahora en prisión cumpliendo sentencias del Tribunal Supremo.
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ordenaba a la UCO su detención y la de otras 20 personas relacionadas, además de 26 registros en varias provincias de España, sobre una posible compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia del Covid 19. La trama obtuvo incluso beneficios superiores al 100% según conversaciones vía whatsapp que investiga la Guardia Civil. Al mismo tiempo eran detenidos Cueto e Íñigo Rotaeche.
Origen del Caso Koldo
El origen de la denuncia del Caso Koldo es de 10 de marzo de 2022 cuando el diputado Alfonso Serrano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, presentaba un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde denunciaba «hechos con apariencia delictiva referidos» a 12 contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.
En concreto, los populares incidían en esta denuncia sobre tres grandes contratos otorgados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, por un valor total de 40 millones de euros, aunque luego se descubrió que había llegado hasta los 53 millones.
El primero de los contratos a los que el Grupo Popular hizo referencia y fue el origen del Caso Koldo figuraban eran el expediente E/019/20, que se denominó «Contratación para el suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El 21 de marzo de 2020 se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. para el suministro de mascarillas por valor de 24.200.000 euros, con IVA incluido.
El segundo de los contratos fue el expediente 2.20/04110.0055 que se llamaba «Contratación para el Suministro de mascarillas FFP2», adjudicado por ADIF, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ese contrato se adjudicó a la misma empresa, en concreto un suministro de 5.000.000 de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 euros. Este contrato también «se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa», según la denuncia.
El tercer contrato denunciado estaba en el expediente 20V019, «Contratación para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con motivo del COVID-19, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.
El 20 de abril de 2020 se adjudicó a la misma empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, el contrato para la «Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad», por un valor de 3.479.355 euros , IVA incluido. De la misma manera, que los anteriores «se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa», denunciaban los populares.
También llamó la atención de la Fiscalía Anticorrupción que la cifra de negocio de esta empresa en 2019 fuese de 0 euros frente a los 53.130.000 millones obtenidos en 2020 presuntamente como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19.
