La crisis de Ceuta entra en una fase de contraofensiva socialista contra Juan Vivas, presidente del Partido Popular ceutí.
Del Consejo de Seguridad Nacional al choque por el puerto
El detonante no es menor: el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlada por la Ciudad, votó el viernes en contra de habilitar dos parcelas del puerto como alojamiento para inmigrantes. Esas parcelas aparecían en el real decreto del 2 de septiembre, que modificaba el primero del 25 de agosto y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Antes se celebraron dos reuniones del Comité Especializado y otras dos del Consejo de Seguridad Nacional. En la última, el 1 de septiembre, participó Vivas y, según fuentes gubernamentales citadas por El Mundo, el acuerdo fue unánime.
El ministro Ángel Víctor Torres defiende que los espacios habían sido consensuados. Su homólogo Óscar Puente fue ayer más lejos en el Senado: acusó al Ejecutivo ceutí de ‘permanente deslealtad’ y sostuvo que el PP solo quiere alargar la crisis. La tesis que ha asumido Moncloa, según el PSOE, es que Vivas ‘estira el chicle’ para mantener a Ceuta embarrada y desgastar al Gobierno, incluso a costa de los ceutíes.
La ofensiva contra la juez y la réplica del PP
La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Fuentes de Génova consultadas por Moncloa.com enmarcan el envite en una campaña de desgaste contra el presidente ceutí, al que respaldan sin matices. Frente al retrato de deslealtad, el argumentario popular devuelve la acusación a Moncloa: Pedro Sánchez, un ‘Nerón de TikTok’ que, según esas fuentes, prefiere agitar el relato en redes antes que señalar a Marruecos como responsable de la presión migratoria. Vivas ha denunciado en Bruselas que Sánchez no quiere apuntar al reino alauí.
El segundo frente del Gobierno apunta a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa abierta por la crisis de Ceuta. Puente sembró dudas sobre su imparcialidad; Moncloa no desautoriza sus palabras y en Ferraz recuerdan que Tardón fue concejala del PP en Madrid con José María Álvarez del Manzano. La lectura popular es directa: se cuestiona al Poder Judicial cuando sus resoluciones incomodan al Ejecutivo.
En la práctica, el Ejecutivo sostiene que ya ha habilitado 3.400 plazas y espera llegar a 6.000 en los próximos días para agilizar filiaciones y retornos. Interior ha sometido a triaje a 1.120 adultos. Sin embargo, el Gobierno no ha facilitado todavía cuántas de las más de 70.000 personas que entraron el 30 y 31 de julio siguen en Ceuta. Para la dirección popular, ese vacío de datos es más elocuente que cualquier acusación.
La crisis de Ceuta ha dejado de ser una emergencia humanitaria para convertirse en un campo de disputa sobre quién controla el relato de la frontera sur.
El Eje del Poder Popular
Observamos un movimiento de fondo. Génova interpreta la ofensiva contra Vivas como un intento de Moncloa de trasladar al presidente local la responsabilidad de una crisis que se le escapa. Si el Gobierno considera que el PP ‘estira el chicle’, en la sede nacional lo traducen como un síntoma de nervios: la dificultad para explicar qué está ocurriendo en la frontera y cuántas personas siguen en Ceuta debilita al Ejecutivo. Mientras tanto, Vivas actúa como escudo institucional y como voz del malestar ceutí, un papel incómodo para un dirigente que en 2021 cooperó con el Estado durante la entrada de unas 10.000 personas. La diferencia de trato mide el deterioro de la relación entre el Gobierno central y la única ciudad autónoma gobernada por el PP.
En clave territorial, la crisis toca fibras sensibles. La frontera sur es un asunto de Estado y también un termómetro para las comunidades autónomas populares que comparten la presión migratoria. Madrid o Andalucía ven cómo el relato de la gestión de las fronteras afecta al debate nacional. El PP sostiene que el empeño por silenciar a Vivas busca justificar lo que no se ha hecho: filiar y retornar con rapidez. La cifra de 1.120 adultos en triaje frente a una entrada masiva de más de 70.000 explica por qué el Ejecutivo no ofrece datos cerrados.
El riesgo para el PP existe, y no lo ocultamos: si la acusación de deslealtad prende en la opinión pública, la imagen de obstrucción perjudica a Génova. Por eso la dirección no se limita a responder con el apelativo. Subraya el vacío de datos de Moncloa, el papel de la juez instructora y la ausencia de reproches a Marruecos. El episodio será material de desgaste en las próximas semanas. La próxima sesión de control en el Congreso y la evolución del número de plazas en Ceuta marcarán el siguiente termómetro para Feijóo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El Gobierno ataca a Vivas para ocultar su incapacidad de gestionar la frontera y su negativa a señalar a Marruecos.
- Protagonista: Juan Vivas (presidente del Partido Popular de Ceuta).
- Próximo hito: Próxima sesión de control en el Congreso y verificación de si el Gobierno alcanza las 6.000 plazas prometidas.
