El partido político Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal ante la Sección de Instrucción de guardia del Tribunal de Instancia de Madrid, después de acceder al informe “Tertulianos. Radio y Televisión”, fechado en 2024 y encabezado por el Ministerio del Interior y su Oficina de Comunicación, tras la información publicada por El Confidencial, referente a un listado de periodistas.
El documento, compuesto por decenas de páginas, recoge fichas individualizadas de periodistas, comunicadores y tertulianos, acompañadas de fotografías, referencias a su trayectoria profesional y valoraciones sobre su ideología, afinidad política y posición respecto del Gobierno.
Así, el dosier utiliza expresiones como “reconocido anti-sanchista”, “extrema derecha”, “ideología radical de derechas”, “militante socialista”, “apoya al Gobierno”, “sigue las tesis del Gobierno” o “alineada con el PP”, además de valoraciones sobre la amnistía, Bildu, ETA, independentismo, inmigración o determinadas actuaciones del Ejecutivo. En algunas fichas aparecen incluso consideraciones como “Desinformación” o “últimamente es más combativa”.
Desde el punto de vista penal, la denuncia pone estos hechos en relación con los artículos 197.2, 197.5 y 198 del Código Penal. El artículo 197.2 contempla el acceso, apoderamiento, utilización o modificación no autorizados, en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal incorporados a ficheros, soportes o registros; el apartado 5 establece una respuesta penal agravada cuando los datos afectados revelan, entre otros extremos, la ideología; y el artículo 198 prevé específicamente el supuesto en que estas conductas sean realizadas por una autoridad o funcionario público, fuera de los casos permitidos por la ley y prevaliéndose de su cargo.
Corresponderá ahora a la investigación judicial determinar el origen de los datos, las instrucciones impartidas, las personas que intervinieron, la habilitación existente, los accesos al documento y la utilización que pudo hacerse del mismo. Además, el artículo 201.2 del Código Penal permite proceder sin necesidad de denuncia individual de cada persona afectada cuando se trate de los hechos previstos en el artículo 198 o cuando la posible comisión afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Para Iustitia Europa resulta «imprescindible esclarecer quién ordenó elaborar este informe, quién realizó las clasificaciones ideológicas, qué fuentes se utilizaron, quién tuvo acceso al documento y, especialmente, para qué fue utilizado. La formación política actuará en defensa de los profesionales incluidos en estas fichas y de la libertad e independencia de los medios de comunicación.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha explicado que «un periodista no puede convertirse en una ficha política dentro de un Ministerio por pensar de una determinada manera, ser crítico con un Gobierno o defender una posición concreta. Hoy son periodistas; mañana puede ser cualquier ciudadano. Queremos saber quién ordenó hacer este dosier, quién decidió clasificar ideológicamente a estos profesionales y, sobre todo, para qué se hizo. Nuestra obligación es defender a quienes han sido señalados y exigir que se depuren todas las responsabilidades que correspondan.” Pardo añade: “No estamos ante una discusión entre izquierdas y derechas. Estamos ante algo mucho más básico: que el Estado no utilice sus estructuras para clasificar políticamente a ciudadanos y profesionales de la información. La libertad de prensa se defiende cuando es cómoda y, especialmente, cuando resulta incómoda para quien gobierna».
Iustitia Europa solicitará judicialmente la conservación y aportación del documento original, sus metadatos, las instrucciones relacionadas con su elaboración, la identificación de sus responsables y destinatarios y los registros de acceso, así como de las personas que participaron en su confección y utilización.
