El flujo constante de dinero público desde Madrid hacia Rabat ha dejado de ser una simple cuestión de diplomacia de vecindad para convertirse en uno de los debates más inflamados de la política exterior española. Desde que comenzara la actual etapa de relaciones bilaterales en 2018, bajo el mandato de Pedro Sánchez, el Gobierno de España ha comprometido más de 1.260 millones de euros en fondos públicos destinados a Marruecos.
Aunque formalmente estas partidas no se ingresan en las cuentas personales del monarca Mohamed VI o de su familia directa, la intrincada estructura de poder del país vecino difumina las fronteras: toda inyección económica a la administración pública y a sus ministerios acaba oxigenando, de forma directa o indirecta, al régimen que encabeza la monarquía alauí.
Esta millonaria factura, que combina transferencias directas, créditos preferenciales y subvenciones a fondo perdido, responde a una estrategia de apaciguamiento y cooperación que Moncloa considera vital para la seguridad nacional. Sin embargo, el volumen del gasto ha despertado suspicacias entre analistas y formaciones de la oposición, que cuestionan la falta de condicionalidad democrática de unos fondos que sirven para apuntalar los engranajes de un Estado firmemente controlado desde el Palacio Real de Rabat.
El blindaje de las fronteras norteafricanas
El grueso de las críticas políticas y la mayor controversia ética se concentran en las partidas vinculadas al control migratorio y la cooperación policial. En este ámbito, España no solo ejerce como intermediaria ante Bruselas para conseguir fondos comunitarios, sino que recurre directamente a su propio presupuesto para financiar a las fuerzas de seguridad del régimen alauí.
El Ministerio del Interior español ha llegado a formalizar transferencias directas sin precedentes, desembolsando 60 millones de euros en dos partidas consecutivas destinadas en exclusiva a su homólogo marroquí para costear el despliegue contra la inmigración irregular en las vallas de Ceuta y Melilla y en las costas atlánticas.
A estas transferencias directas de dinero en efectivo se suma un multimillonario programa de equipamiento técnico gestionado a través de fundaciones estatales como la FIIAPP. Esta vía ha canalizado más de 45 millones de euros para la compra de material policial y militar, traduciéndose en el envío masivo al país vecino de cientos de vehículos todoterreno, drones de última generación, quads, ambulancias y sofisticadas cámaras térmicas de visión nocturna.
Para los defensores de esta política, es el precio necesario para mantener bajo control la presión migratoria; para sus detractores, supone una peligrosa dependencia que otorga a Rabat una llave de presión geopolítica financiada con los impuestos de los ciudadanos españoles.
El millonario impulso a la infraestructura marroquí
Más allá del despliegue policial en el Estrecho, la cooperación económica ha encontrado su mayor vía de expansión en el terreno comercial y de las infraestructuras de obra pública. A través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), España ha disparado sus líneas de crédito en territorio marroquí, superando los 1.000 millones de euros en el periodo reciente. Estas operaciones se presentan bajo el argumento de ayudar a las corporaciones españolas a ganar contratos en el norte de África, pero en la práctica suponen una financiación ventajosa para que el Estado marroquí modernice sus servicios básicos.
Entre los proyectos más destacados financiados bajo esta modalidad sobresale un crédito de 250 millones de euros para la construcción de la planta desaladora de Casablanca, una infraestructura crítica para un país severamente golpeado por la sequía crónica. Asimismo, se han inyectado 190 millones de euros para la ampliación de la red del tranvía de la misma capital económica del reino.
Este paquete financiero se blindó institucionalmente durante las últimas Reuniones de Alto Nivel bilaterales, donde el Ejecutivo central llegó a comprometer un protocolo global de hasta 800 millones de euros destinados a facilitar que el tejido empresarial español asuma la ejecución de las grandes obras del plan de desarrollo marroquí.
La factura de la cooperación a fondo perdido
El tercer pilar de este esfuerzo financiero institucional se engloba bajo la etiqueta de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Marruecos goza del estatus de país de atención estrictamente prioritaria en los manuales de la cooperación española, lo que garantiza un flujo ininterrumpido de subvenciones que no requieren devolución. Entre los años 2019 y 2023, la factura neta gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y diversas organizaciones no gubernamentales alcanzó los 205,8 millones de euros, lo que consolida una media anual superior a los 36 millones de euros en transferencias directas sin retorno.
Lejos de limitarse a la ayuda humanitaria básica, los fondos públicos españoles financian la modernización de los propios estamentos del régimen. El erario español ha costeado programas para la reforma del sistema judicial marroquí por valor de tres millones de euros, planes de modernización de sus procesos electorales y proyectos de fomento del empleo femenino en zonas rurales.
Incluso se han aprobado partidas muy específicas, como los 475.000 euros destinados a impulsar el turismo inclusivo en Marruecos, concebidos como parte de los preparativos logísticos y de imagen exterior del país de cara a la organización conjunta del Mundial de Fútbol en el año 2030. De este modo, la influencia y el peso económico de Madrid siguen sosteniendo el desarrollo de un reino vecino cuya estabilidad política sigue ligada indisolublemente a la Corona alauí.
Si te interesa profundizar en el impacto de estas subvenciones, indícame si deseas analizar el control parlamentario que se hace de estos fondos, qué empresas españolas se están beneficiando de los créditos FIEM en Marruecos, o la comparativa de gasto respecto a otros países vecinos.
