La relación entre Pedro Sánchez y Mohamed VI tiene una dimensión que va mucho más allá de las fotografías oficiales, los acuerdos migratorios y el respaldo español al plan marroquí para el Sáhara. También tiene una factura económica. Y aunque no existe una única partida presupuestaria que permita sumar todo el dinero destinado a Marruecos, los datos oficiales dibujan un volumen de recursos públicos considerable.
La cifra más clara corresponde a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Entre 2019 y 2023, los años de los que existe una serie consolidada, España destinó a Marruecos 205,8 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo. La cantidad exacta asciende a 205.795.839,21 euros. Son recursos contabilizados dentro de la cooperación española y sitúan al reino alauita entre los principales receptores de fondos españoles.
Pero esa cifra, por sí sola, no explica cuánto dinero público se moviliza hacia Marruecos. La cooperación financiera, los créditos destinados a empresas españolas y las garantías públicas forman parte de una relación económica mucho más amplia, a pesar de los continuos desplantes marroquíes hacía España y los reclamos de soberanía sobre territorio español por parte de un rey como Mohamed VI al que algunas fuentes policiales vinculan con el narcotráfico.
205 millones en cinco años: la cifra que deja la cooperación española
El dato de los 205,8 millones de euros resulta especialmente relevante porque permite poner cifras a una relación diplomática que, desde la crisis de 2021, ha experimentado una profunda transformación.
Marruecos no es un receptor más dentro de la política de cooperación española. La propia AECID mantiene al país entre sus ámbitos prioritarios y desarrolla programas relacionados con el Estado de derecho, la cohesión social, la educación, la sanidad y las oportunidades económicas.
La clave está en que ayuda al desarrollo no significa necesariamente una transferencia directa al Gobierno marroquí. Parte de los fondos se canalizan mediante organismos públicos, organizaciones internacionales, ONG o proyectos concretos. Además, determinadas operaciones son créditos que deben ser devueltos y no subvenciones a fondo perdido.
La distinción es fundamental para evitar una interpretación errónea de las cifras. No se puede afirmar que España haya «regalado» 205 millones de euros a Mohamed VI. Lo que sí puede afirmarse es que más de 205 millones de euros fueron contabilizados como Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a Marruecos entre 2019 y 2023. Y esa es solamente una parte de la ecuación.
La cooperación se mezcla con los grandes negocios de las empresas españolas
El segundo capítulo de la relación aparece cuando se incorporan los instrumentos de financiación pública destinados a facilitar la actividad de empresas españolas en Marruecos.
En 2023, España y Marruecos firmaron un protocolo financiero de hasta 800 millones de euros para facilitar nuevos proyectos desarrollados por compañías españolas en el país norteafricano. El objetivo declarado por el Gobierno era favorecer la internacionalización de las empresas españolas y aumentar su presencia en un mercado considerado estratégico.
Aquí aparece una diferencia esencial: un crédito público no equivale a una ayuda a fondo perdido. El Estado utiliza mecanismos financieros para respaldar operaciones que, en principio, deben ser reembolsadas. La finalidad es que las empresas españolas puedan competir y cerrar contratos en el exterior.
Un ejemplo anterior permite entender el mecanismo. En 2019, el Gobierno aprobó créditos reembolsables por valor de 247 millones de euros para proyectos en Marruecos y Uzbekistán, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). En el caso marroquí, hasta 190 millones estaban vinculados al suministro de material rodante para el tranvía de Casablanca y condicionados a que una empresa española resultara adjudicataria.
Por tanto, presentar esos créditos como dinero entregado gratuitamente a Rabat sería incorrecto. Pero tampoco se puede ignorar que son recursos financieros públicos españoles movilizados para operaciones en Marruecos.
Los 340 millones de la desaladora que elevan la dimensión de la relación
La operación que mejor representa esta nueva etapa es la megadesaladora de Casablanca, adjudicada a un consorcio liderado por Acciona.
En mayo de 2025, el Gobierno español anunció un apoyo financiero público de cerca de 340 millones de euros para el proyecto. La financiación combina distintos instrumentos y está destinada a respaldar una infraestructura estratégica para Marruecos en la que participa una compañía española.
La cifra resulta llamativa, pero de nuevo requiere matices. No son 340 millones entregados como una subvención directa al Ejecutivo de Rabat. El paquete incluye financiación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cobertura de CESCE y otros instrumentos financieros.
La propia COFIDES explicó que había concedido un préstamo de 31 millones de euros a Acciona para el proyecto, mientras que CaixaBank aportaba otra cantidad equivalente. La inversión total de la desaladora supera los 650 millones.
La operación revela, sin embargo, hasta qué punto la política exterior y la política económica se han entrelazado. España utiliza financiación pública para apoyar proyectos estratégicos en Marruecos mientras las empresas españolas obtienen contratos de gran volumen.
Y el ferrocarril sigue la misma lógica. El Gobierno ha aprobado financiación de hasta 750 millones de euros vinculada al proyecto ferroviario de CAF en Marruecos, una operación relacionada con la modernización de la red ferroviaria del país antes del Mundial de 2030.
El verdadero coste está en sumar cooperación, financiación y política exterior
La pregunta «¿cuánto dinero manda España a Marruecos?» no tiene, por tanto, una respuesta única. Si se habla exclusivamente de Ayuda Oficial al Desarrollo, la cifra documentada es de 205,8 millones entre 2019 y 2023. Si se incorporan los instrumentos de financiación pública, el volumen movilizado es muy superior.
Pero sumar indiscriminadamente todas esas cantidades también sería engañoso. Un crédito reembolsable, una garantía pública, una inversión empresarial y una subvención no son lo mismo. Cada instrumento tiene un riesgo, un destinatario y unas condiciones diferentes.
Lo que sí resulta evidente es que Rabat se ha convertido en uno de los socios prioritarios de España. El Gobierno ha apostado por una relación basada en la cooperación migratoria, la seguridad, el comercio y las inversiones. En 2023, ambos países ampliaron además su marco financiero con esos 800 millones de euros destinados a facilitar proyectos de empresas españolas.
La cuestión política, por tanto, no consiste solamente en saber cuánto dinero recibe Marruecos. Consiste en determinar qué obtiene España a cambio de ese esfuerzo financiero: contratos para sus empresas, cooperación migratoria, estabilidad en la frontera, colaboración antiterrorista, acceso a un mercado estratégico y una relación política privilegiada con Rabat.
La cifra de 205,8 millones de euros en ayuda al desarrollo es solo la parte más fácilmente identificable de la factura. Por encima de ella existe una arquitectura mucho mayor de créditos, garantías y operaciones comerciales.
Y ahí está la verdadera dimensión económica del nuevo vínculo con Mohamed VI: España no tiene una factura única con Marruecos, sino una red de instrumentos públicos que, sumados, convierten a Rabat en uno de los destinos prioritarios de la política exterior y económica española.
