EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSC registrará en el Parlament una proposición de ley para elevar las penas por tenencia ilícita de armas y modificar tres artículos del Código Penal.
- ¿Quién está detrás? Salvador Illa, presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, que lo ha anunciado en el Debate de Política General.
- ¿Qué impacto tiene? Añade agravantes y, si prospera en la Cámara catalana, viajará al Congreso de los Diputados para su tramitación como ley estatal.
Illa anuncia que el PSC registrará en el Parlament una proposición de ley para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas. Lo ha hecho este miércoles, en la segunda jornada del Debate de Política General y en respuesta a la interpelación de la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales. El argumento del president de la Generalitat es que las condenas que contempla la normativa española ‘han quedado desfasadas’ respecto al riesgo real que comportan este tipo de armas.
Qué cambia en el Código Penal con la proposición del PSC
El articulado está perfilado. El grupo socialista tocará los artículos 563, 564 y 565 del Código Penal, el texto que fija las condenas por tenencia de armas y que puede consultarse en el BOE consolidado. Las penas por tenencia de armas prohibidas o reglamentadas modificadas sustancialmente pasarán de entre uno y tres años a moverse entre los dos y los cuatro años.
En paralelo, la tenencia de armas de fuego reglamentarias sin licencia o permiso subirá de los 18 meses a los tres años cuando sean cortas y de los seis a los 18 meses si son largas. Habrá además nuevos agravantes: la exhibición de armas en el espacio público o ante colectivos vulnerables, como los menores de edad, el borrado del número de serie, la modificación ilegal, o, la introducción ilegal de estos artefactos en España. El texto se debatirá en en la Cámara catalana antes de viajar a Madrid.
Según el president, la iniciativa sigue las directrices de la propuesta de Directiva contra el tráfico de armas que impulsa la Comisión Europea, un marco que Bruselas trabaja desde hace años para armonizar el control de estos artefactos en el mercado interior. La lectura de la Generalitat es que Cataluña puede ponerse a la vanguardia de esa discusión con un texto propio, exportable después al conjunto del Estado.
Del Parlament al Congreso: la mano tendida a Junts
La vía elegida obliga a explicar un tecnicismo. Una proposición de ley es una iniciativa legislativa que no parte del Gobierno, sino de un grupo parlamentario o de una cámara autonómica. El PSC usará la facultad de iniciativa que asiste al Parlament de Catalunya para proponer la modificación de una ley penal estatal: registra el texto, la Cámara catalana lo debate y lo vota y, solo si sale adelante, la propuesta se traslada al Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra.
Por eso Illa ha aprovechado el pleno para tender la mano a los posconvergentes: les ha pedido apoyo a los decretos de vivienda que el viernes se votan en la Cámara Baja, al nuevo modelo de financiación autonómica, al pacto educativo y al Pacte Nacional per la Llengua. ‘Entre todos haremos avanzar más al catalán si vamos unidos’, ha resumido.
Reformar el Código Penal desde Cataluña exige dos mayorías y un socio imprescindible: sin Junts, la propuesta se queda en un buen titular.
La respuesta no ha sido cálida. Sales ha anunciado que su grupo registrará una propuesta de resolución para reprobar a Illa, al que ha calificado como el peor presidente de la Generalitat: ‘Cataluña no había tenido nunca un presidente tan incapaz de gobernarla’. Illa ha replicado recordando que Junts pidió una cuestión de confianza al expresidente Pere Aragonès mientras formaba parte de su Govern, y ha sostenido que, tras dos años al frente del Palau, ‘el país ha mejorado’.
El Eje del Poder Socialista
La operación admite una doble lectura en Ferraz y en Moncloa. Una es de agenda: el PSOE sostiene desde hace años que la seguridad ciudadana no es patrimonio de la derecha, y subir las penas por tenencia ilícita de armas desactiva el marco que el PP y Vox colocan en cada sesión de control. La otra es territorial: el PSC vuelve al centro del tablero catalán con una propuesta de alcance estatal.
El aterrizaje social es medible. Cataluña tiene transferidas las competencias de seguridad ciudadana y una población de más de siete millones de habitantes; los ayuntamientos socialistas, con Jaume Collboni al frente de la alcaldía de Barcelona, están en la primera línea de esa preocupación. Lo que se apruebe en Madrid se aplicará después en Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, territorios socialistas donde la agenda de seguridad también pesa en las urnas.
El precedente no es ajeno al partido. La última gran reforma de la seguridad ciudadana llegó con la Ley Orgánica 4/2015 del PP, que reforzó el régimen sancionador y dejó en segundo plano la persecución de la tenencia ilícita. El PSOE prometió revisar aquel marco; ahora es un president socialista en Cataluña quien mueve ficha desde el flanco que menos fricción genera entre sus socios. El riesgo está en el calendario: el viernes la Cámara Baja vota vivienda, después llegará la financiación autonómica y la reforma penal, por su rango de ley orgánica, exige mayoría absoluta en el Congreso. Un socio que se descuelgue tumba la operación.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La seguridad ciudadana y la defensa del Estado de bienestar también se escriben desde los gobiernos socialistas, sin complejos y con reformas legales concretas.
- Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC).
- Próximo hito: Votación de los decretos de vivienda en el Congreso el viernes 2 de octubre.
