La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres responsables de una constructora por la presunta explotación laboral de 83 trabajadores en situación irregular, según fuentes policiales. La operación se ha conocido este sábado, 14 de noviembre, y se ha saldado con la desarticulación de un entramado que operaba en el sector de la construcción. Los arrestados son dos hombres y una mujer.
Qué ha confirmado la Policía Nacional hasta ahora
Los investigadores calculan que la trama habría afectado al menos a 83 trabajadores que carecían de autorización para trabajar en España. Los tres detenidos figuran como responsables de la empresa y se les atribuye, de forma provisional, el diseño de un sistema que mantenía a esas personas al margen de cualquier derecho laboral. Su condición procesal es la de presuntos autores (la persona a la que se atribuyen los hechos sin que exista aún condena firme).
La cifra de 83 afectados es la que maneja la Policía Nacional y la propia investigación la presenta como un mínimo. Son personas sin autorización de residencia ni de trabajo, es decir, en situación administrativa irregular. Esa circunstancia las colocaba en una posición de especial vulnerabilidad frente a la empresa.
Las obras en las que trabajaban se repartían por distintos puntos de Valencia, de acuerdo con la misma versión policial. Allí realizaban tareas de construcción sin contrato, y cobraban en negro. Los 83 afectados carecían de permiso de trabajo.
Ninguno de ellos tenía acceso a los derechos laborales básicos.
Cómo funcionaba la presunta suplantación de identidad
El mecanismo consistía, según las fuentes consultadas, en utilizar la documentación de empleados con permiso de trabajo. Con esos papeles ajenos, los responsables de la constructora habrían suplantado la identidad de los titulares en distintas obras. Sobre el papel, quien figuraba trabajando era una persona con autorización; en la obra, quien estaba era otra distinta.
De la descripción de los hechos se desprenden dos grupos de afectados. Por un lado, los trabajadores que estaban físicamente en las obras sin contrato ni autorización. Por otro, los empleados con permiso cuyos datos aparecían vinculados a esos mismos tajos sin haber estado en ellos.
La investigación la asume la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, especializada en tramas que operan con extranjeros sin autorización y con documentos falsificados. Según la Policía Nacional, ambas líneas están conectadas: sin los permisos de terceros, el entramado no habría podido justificar la presencia de mano de obra en las obras.
La trama usaba los permisos de trabajo de empleados reales para colocar a otras personas en las obras, siempre según la investigación.
En qué punto está la investigación
El punto de partida fue una denuncia recibida por esa unidad en agosto de 2025, hace algo más de un año. Desde entonces, las diligencias han permitido documentar 83 trabajadores afectados y cerrar la operación con tres detenidos, dos hombres y una mujer.
No consta que los arrestados hayan pasado ya a disposición judicial. Si la causa entra en fase de instrucción (la parte del proceso penal en la que el juez investiga los hechos), será el juzgado correspondiente el que decida sobre su situación. Hasta que exista una sentencia firme, mantienen su presunción de inocencia.
El entramado está desarticulado.
Por el momento no hay otras detenciones confirmadas ni se ha detallado el número exacto de obras afectadas. La investigación sigue abierta.
