José María Figaredo defendió este viernes en La Sexta una rebaja del IRPF en los tramos bajos frente al dogma fiscal del Ejecutivo.
El cara a cara económico organizado por la cadena ante las elecciones del 29 de noviembre escenificó la distancia entre dos modelos. Los candidatos de la oposición reclamaron un alivio de la carga tributaria que asfixia a los contribuyentes; el Ejecutivo y sus socios se escudaron en la retórica del miedo para rechazar cualquier rebaja.
Qué propone Vox y con qué argumentos
Figaredo situó la bajada del IRPF en sus tramos más bajos como la palanca inmediata para liberar recursos en favor del consumo y de la inversión. No es una ocurrencia de plató. Es la medida que el partido venía reclamando para que las familias recuperen capacidad de decisión sobre su propio dinero.
El argumento del diputado del GPVOX es que aliviar la presión sobre los bolsillos resulta factible sin tocar las prestaciones básicas y constituye, además, un imperativo moral y económico. Bajar impuestos no desmantela el Estado del bienestar: reactiva el consumo, estimula la inversión y ensancha la base sobre la que se financia lo público. Con ese razonamiento desmontó el dogma intervencionista de que el Estado solo subsiste incrementando los gravámenes.
En vivienda, Vox vinculó la crisis habitacional al desequilibrio entre oferta y demanda y, de forma señalada, al aumento de población por la inmigración. Figaredo situó la remigración —el retorno de extranjeros que cometan delitos— entre sus prioridades y planteó prohibir el alquiler de viviendas a inmigrantes en situación irregular. A eso sumó desregulación, mayor seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la eliminación de impuestos para la primera vivienda.
Vox no pide un gesto: exige que las familias recuperen parte de lo recaudado y sitúa esa rebaja como condición de cualquier política económica.
El choque con Cuerpo, Bustinduy y la réplica del PP
La defensa del Gobierno llegó con el ministro de Economía como ariete. Carlos Cuerpo recurrió a informes de supuestos expertos para alertar de un aumento del déficit público y acusó a sus adversarios de querer desmantelar los servicios esenciales. ‘La siguiente derivada es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios’, advirtió, al tiempo que presumía de un incremento del 8 % en la renta disponible.
Sobre el alquiler, el titular de Economía defendió prórrogas de dos años para los contratos e incentivos fiscales a los propietarios que rebajen las rentas, medidas de las que, según sus cálculos, se beneficiarían 1,9 millones de hogares, cerca de cinco millones de personas.
En el flanco más radical, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desempolvó la lucha de clases al sostener que la riqueza nacional está siendo ‘capturada’ por un 1 % de la población. Arremetió contra la libertad de elección en sanidad y educación, atribuyó al PP una merma del ‘salario indirecto’ de las familias y reclamó un impuesto del 10 % sobre el valor total de los inmuebles a partir de la cuarta vivienda en alquiler.
El PP puso cifras al empobrecimiento por boca de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda. El salario neto real ha caído un 3,8 % durante la etapa de Pedro Sánchez, recordó, antes de lanzar la pregunta que ordenó el tramo final del cara a cara: ‘¿Vives mejor que hace ocho años?’. La cesta de la compra ha pasado de 100 a 140 euros y un joven ya solo puede aspirar a ‘alquilar una habitación’, subrayó frente a las grandes cifras del Ejecutivo.
Por qué el eje fiscal ordena la estrategia de Vox
Nada de esto es aislado. Desde que Vox rompió en julio de 2024 sus gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas, la formación ha buscado un perfil propio y ha convertido la presión fiscal en una de sus fronteras programáticas. La rebaja del IRPF funciona como seña de identidad: se explica en una frase, llega al bolsillo de cualquiera y deja al adversario en la posición incómoda de defender que ese dinero está mejor en manos de la Administración.
La contradicción del Ejecutivo quedó a la vista con sus propios datos. Cuerpo presumió de un 8 % más de renta disponible en el mismo debate en el que rechazó devolver parte de la recaudación a quienes la financian. Y advirtió de un desastre en los servicios públicos sin concretar qué prestación se recortaría. La lectura es otra: el Gobierno defiende el volumen del gasto, no la calidad del servicio.
Queda el encaje parlamentario. Una rebaja del IRPF exige el respaldo del Congreso de los Diputados, donde el GPVOX suma 33 diputados y es tercera fuerza de la Cámara. Ese es el terreno donde Vox quiere librar el pulso a partir del 29 de noviembre: condiciones claras para cualquier investidura, con la bajada de impuestos como moneda de cambio. La lógica no es nueva. En las negociaciones presupuestarias de los últimos años, los apoyos del partido se han traducido en contrapartidas concretas, no en respaldos gratuitos. El calendario manda. Quien aspire a gobernar tendrá que decir en voz alta si piensa devolver a las familias lo que Hacienda les retiene.
