La Audiencia de A Coruña juzga la próxima semana a siete acusados de explotar sexualmente a mujeres en un prostíbulo de Santiago, según la Fiscalía. El ministerio público reclama penas de hasta 30 años y medio de prisión por unos hechos ocurridos en el club San Lázaro II, en la zona de San Marcos, a las afueras de la capital gallega.
Qué sostiene la Fiscalía sobre el club San Lázaro II
El escrito de acusación sitúa al frente del negocio a un matrimonio que, siempre según la Fiscalía, se aprovechaba de la vulnerabilidad de mujeres necesitadas de dinero. El establecimiento funcionaba como club de alterne y, de acuerdo con el relato del ministerio público, las mujeres permanecían bajo un control constante de los responsables.
Ese control se traducía, según la acusación, en multas, amenazas, e insultos cuando las mujeres no aceptaban las condiciones impuestas. El escrito describe una vigilancia permanente sobre su actividad y una relación de dependencia económica de la que los acusados habrían obtenido beneficio.
El local cobraba 150 euros por cliente, de acuerdo con los datos que maneja la acusación. El escrito recoge además la existencia de clientes «especiales» a los que se cobraba más por exigir a las mujeres más vulnerables prácticas sexuales degradantes que, según la Fiscalía, no podían rechazar. La acusación considera que esa dinámica formaba parte del mismo sistema de dominación sobre las mujeres del club.
La acusación sostiene que las mujeres estaban controladas en todo momento y que no podían rechazar las prácticas que se les imponían.
Cómo llega el caso a la Audiencia Provincial de A Coruña
El asunto se examina ahora en juicio oral (la fase del proceso en la que se celebra la vista con todas las partes) ante la Audiencia Provincial de A Coruña, el órgano competente para juzgar los delitos graves en la provincia. La vista arranca la próxima semana.
La calificación de explotación sexual alude, en términos generales, al aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de una persona para imponerle una relación de dependencia de la que se obtiene un rendimiento económico. La Fiscalía sitúa ese aprovechamiento en un local del extrarradio compostelano, en la zona de San Marcos.
En el procedimiento, el ministerio público ejerce la acusación pública. Su escrito fija los hechos que considera probados y las penas que solicita, pero esas conclusiones deberán acreditarse con la prueba que se practique durante la vista.
Las penas que pide la Fiscalía y qué se decide en la vista
La petición más elevada alcanza los 30 años y medio de prisión. Para el resto de los acusados, la Fiscalía formula solicitudes distintas en función de los hechos que atribuye a cada uno, siempre según su escrito de calificación.
Los siete conservan la presunción de inocencia. La condición de acusado no equivale a la de condenado: ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre los hechos y la sentencia se dictará una vez concluya el juicio.
El juicio por el prostíbulo de Santiago se celebra la próxima semana en la Audiencia Provincial de A Coruña. Será el tribunal el que valore las pruebas presentadas por la Fiscalía y por las defensas antes de resolver sobre los siete acusados.
