Greenpeace ha formalizado alegaciones ante la Xunta contra la macrogranja de Agolada, una explotación de gallinas ponedoras en Pontevedra, con un argumento medible: Galicia soporta ya 2,3 UGM por hectárea, el triple que la media europea.
El escrito se ha registrado dentro del plazo de información pública abierto por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, el trámite previo a la autorización ambiental que necesita la mercantil Proteínas y Cereales de Galicia, S.L. para levantar la instalación en la comarca de O Deza. No es una objeción de principio: es una objeción con papeles.
El dato que sostiene el rechazo: Galicia ya va por 2,3 UGM por hectárea
El informe que la Comisión Europea ha elaborado sobre la aplicación de la Directiva de Nitratos entre 2020 y 2023 sitúa la carga ganadera gallega en 2,3 unidades de ganado mayor por hectárea. Solo Cataluña, con 3, supera esa cifra en España; la media estatal y la europea se quedan en 0,7. Vamos a los datos: la comunidad donde se quiere instalar la granja triplica la densidad media de la UE.
La comarca elegida no parte de una situación neutra. O Deza, en la cuenca del Ulla, soporta ya una presión ganadera superior a la que tenía A Limia antes de que se construyeran las explotaciones que degradaron el embalse de As Conchas. Aguas abajo de Agolada, el embalse de Portodemouros sigue, según Greenpeace, la misma trayectoria de deterioro.
La letra pequeña: un real decreto que no pone techo al tamaño
¿Por qué se repiten los proyectos avícolas de dimensiones industriales? Porque la norma lo permite. El Real Decreto 637/2021, que fija las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, no establece un tamaño máximo de explotación, a diferencia del reglamento que ordena el sector vacuno. Ahí está el hueco que hace posible una granja de ponedoras como la de Agolada.
El impacto sobre el agua es el otro frente. La instalación se situaría sobre un acuífero clasificado todavía en ‘buen estado’, del que bebe la población de Agolada y de otros municipios: las masas subterráneas son reserva estratégica y la contaminación por nitratos es difícil de revertir. España incumple la Directiva de Nitratos y Bruselas ya ha enviado un ultimátum que, de no corregirse, acabará en una multa millonaria que pagarán los contribuyentes y no quienes contaminan.
Una granja no se autoriza por lo que promete, sino por lo que la cuenca que la rodea puede absorber sin colapsar.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Carga ganadera: Galicia registra 2,3 UGM por hectárea, frente a 0,7 de media estatal y europea y 3 en Cataluña.
- Recurso en riesgo: el proyecto se ubica sobre un acuífero en ‘buen estado’ del que se abastece Agolada y otros municipios.
- Moratoria existente: dos años y limitada a la cuenca del Limia para porcino, bovino y avícolas.
- Vacío normativo: el Real Decreto 637/2021 no fija un tamaño máximo para las explotaciones avícolas.
Una moratoria que traslada el problema, no lo resuelve
El 22 de septiembre, la Xunta decretó una moratoria temporal y parcial de dos años para la instalación de granjas de porcino, bovino y avícolas en la cuenca del río Limia. Llega tras la sentencia y tras el deterioro de As Conchas, y llega incompleta: deja fuera el resto de Galicia, incluida la cuenca del Ulla donde se proyecta Agolada.
‘Ante los graves problemas sociales, ambientales y de crueldad animal que genera la ganadería industrial y la ya excesiva carga ganadera existente en Galicia, y en especial en la comarca de O Deza, desde Greenpeace demandamos la paralización inmediata del proyecto de macrogranja de gallinas para Agolada y que se decrete una moratoria firme y sin fisuras para toda Galicia’, señala Luís Ferreirim, responsable de ganadería de la organización. La petición tiene un destinatario concreto: la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, que debe resolver la autorización ambiental.
Greenpeace también ha expresado su apoyo a las alegaciones y movilizaciones de las personas y colectivos agrupados en torno a Stop Macrogranxas Agolada. La autorización ambiental no es un sello administrativo: es la última puerta donde se puede frenar un modelo que, cuando falla, deja la factura en el agua de los vecinos.
De As Conchas a Portodemouros: el precedente que ya condenó a la Xunta
El precedente no es teórico. En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia que consideraba que ni la Xunta ni la Confederación Hidrográfica Miño-Sil actuaron ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en A Limia. El Tribunal Supremo la confirmó después. Existe, por tanto, un pronunciamiento judicial firme que vincula la ganadería intensiva con el deterioro de una masa de agua concreta y señala la inacción de dos administraciones.
Con ese antecedente sobre la mesa, autorizar ahora una explotación de ponedoras sobre un acuífero en buen estado y en una cuenca con más presión ganadera que la de A Limia antes del conflicto no es un expediente más. Es replicar el patrón. La moratoria de dos años aprobada para el Limia mitiga el síntoma en un mapa concreto, pero si el resto de comarcas sigue abierta, el proyecto se desplaza, no desaparece. Y la contaminación por nitratos no entiende de límites comarcales: baja por el río.
Aquí está la letra pequeña del modelo: sin techo de tamaño en la norma avícola, sin moratoria autonómica y con una Directiva de Nitratos que España incumple desde hace años, cada autorización individual se convierte en un test sobre la capacidad de carga del territorio. El dato que sostiene la etiqueta verde de cualquier granja industrial no es su certificado, sino la masa de agua que tiene debajo.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: paralizar el proyecto evita sumar una nueva fuente de nitratos sobre un acuífero en ‘buen estado’ del que beben Agolada y municipios vecinos.
- Modelo que cambia: frente a la autorización granja a granja, la alegación exige un techo normativo de tamaño y una moratoria para toda Galicia, no solo para el Limia.
- Para las próximas generaciones: con 2,3 UGM por hectárea frente a 0,7 de media europea, la carga ganadera gallega deja menos margen para corregir la contaminación del agua.
