La Junta de Andalucía ha constituido en Huelva un grupo de trabajo contra las agresiones a los profesionales sanitarios, un órgano provincial que nace para vigilar, prevenir y evaluar cualquier episodio de violencia verbal o física en los centros de salud y hospitales onubenses.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Delegación Territorial de Presidencia, Sanidad y Emergencias en Huelva ha constituido el grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- ¿Dónde y quién? En la sede de la Delegación, en Huelva, con el delegado territorial Juan Carlos Duarte al frente y con las gerencias del SAS, los interlocutores policiales sanitarios, los colegios profesionales y los sindicatos sentados en la misma mesa.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Un canal más rápido para acompañar y proteger al profesional agredido, con atención psicológica y asesoría jurídica, y una futura ley con multas de hasta 60.000 euros.
Qué es el grupo de trabajo y quién se sienta en él
El nuevo órgano funciona como instrumento técnico de apoyo al Observatorio andaluz, el organismo asesor con el que Andalucía aborda la violencia física y verbal contra su personal sanitario. Su enfoque, sin embargo, es local: analizar, hacer seguimiento, evaluar y formular propuestas sobre lo que ocurre en Huelva, con los pies en el territorio y sin esperar a que el expediente suba a la capital.
En la mesa se sientan el personal técnico de la Delegación, los interlocutores policiales sanitarios, los directores gerentes de los centros del Servicio Andaluz de Salud en la provincia, los profesionales guía, los responsables de prevención de riesgos laborales, los representantes de los doce colegios profesionales sanitarios —Médicos, Enfermería, Psicología, Farmacéuticos, Trabajo Social, Fisioterapeutas, Odontólogos, Veterinarios, Podólogos, Terapia Ocupacional y Logopedia— y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, el órgano de negociación entre la Junta y las centrales sindicales.
Del acompañamiento al agredido a la ley con multas de hasta 60.000 euros
La puesta en marcha del grupo de Huelva se enmarca en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones que la Consejería desarrolla en el SAS. Entre sus medidas más recientes está el profesional guía, un trabajador con formación específica que acompaña al agredido, le asesora en los trámites y le presta apoyo en las horas siguientes al incidente.
El plan habilita canales ágiles para que quien sufre una agresión no esté solo minutos después, ofrece atención psicológica y asesoría jurídica durante el tiempo que haga falta y ha reforzado la seguridad en los centros y las condiciones de los lugares de trabajo. También mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales, además de impulsar la formación del personal y las campañas de concienciación dentro de los propios centros para informar a los usuarios.
El salto de calado llegará con la ley específica sobre agresiones a profesionales del SAS que la Junta tiene en cartera. La norma incluirá un régimen sancionador con multas de hasta 60.000 euros en función de la gravedad de los hechos y se acompañará de medidas complementarias: restricción o condicionamiento del acceso a los centros sanitarios, cambio de centro o de profesional asignado al agresor y coordinación con las acciones judiciales.
Ninguna agresión a un sanitario se justifica, y el primer paso para frenarla es que el agredido no se quede solo minutos después de los hechos.
Juan Carlos Duarte, delegado territorial del ramo, presidió el acto de constitución y reiteró el compromiso del Gobierno andaluz con la protección de los profesionales y con las políticas de tolerancia cero. «Defender y cuidar a quienes cuidan de la salud es una prioridad absoluta; no vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales, bajo ningún concepto se puede justificar», afirmó, antes de apelar a la responsabilidad compartida de los usuarios.
Para quien trabaja en un centro de salud del Andévalo o de la sierra de Huelva, la diferencia entre denunciar o callarse se mide en minutos: si alguien le acompaña, le explica los trámites y le quita de encima el miedo, la agresión deja de ser un asunto privado. Los sindicatos y los colegios profesionales que se sientan en el grupo insistirán precisamente en eso, porque la estadística solo recoge lo que se denuncia.
La Lectura Andaluza
Andalucía arrastra un problema que no es exclusivo de sus hospitales, pero que aquí tiene una traducción muy concreta: una agresión verbal en una consulta acaba en bajas, en profesionales que piden traslado y en un tiempo que se le resta al resto de pacientes. Por eso importa el paso dado en Huelva: doce colegios profesionales, todas las gerencias del SAS en la provincia, los interlocutores policiales y los sindicatos se sientan en una misma mesa provincial, coordinada con el Observatorio andaluz.
El segundo pilar es la ley y su régimen sancionador, unas cuantías que verán la luz en el BOJA cuando la norma culmine su tramitación. La clave estará en cómo se aplican esas multas y en si el cambio de centro o de profesional asignado al agresor protege de verdad al sanitario sin convertirlo en moneda de cambio. Mientras tanto, en Sevilla, sede de la Junta, y en cada delegación territorial seguirá el trabajo ordinario: formar al personal, concienciar al usuario y sostener ese acompañamiento que evita que un mal día acabe en una baja larga.
Andalucía tiene en su sanidad pública uno de sus mayores orgullos, y proteger a quienes la sostienen no es un gasto: es la manera de que siga siéndolo dentro de diez años.
