La reforma de los servicios secretos alemanes ya es ley: el Bundestag autoriza sabotaje exterior, entradas encubiertas y vigilancia con IA.
La votación se cerró el viernes 13 de noviembre con 300 votos a favor, 190 en contra y 71 abstenciones. Solo la CDU/CSU del canciller Friedrich Merz y el SPD respaldaron el texto. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda votaron en contra; los Verdes se abstuvieron. No es una ley de consenso: es una ley de coalición, aprobada con el Parlamento partido casi por la mitad.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, la presentó como la ‘reforma del siglo’ y proclamó una ‘nueva era’ para los servicios, que quedarían ‘en pie de igualdad con nuestros socios europeos’. El argumento oficial: espionaje, sabotaje, ciberataques y campañas de desestabilización. Nada nuevo en el discurso. Lo nuevo es la respuesta.
Del espionaje a la intervención: qué podrá hacer el BND
El BND, el servicio de inteligencia exterior con sede en Pullach, deja de ser una agencia de escucha y análisis. Podrá penetrar redes informáticas extranjeras, inutilizar servidores de presuntos hackers y borrar datos a distancia. Hasta ahí, lo esperable en cualquier servicio occidental.
El salto está en el resto del articulado. La ley habilita al BND a sabotear instalaciones extranjeras —laboratorios químicos, plantas de fabricación de drones— y a contaminar cadenas de suministro introduciendo componentes defectuosos en envíos vinculados a amenazas. Es decir: sabotaje físico, con firma plausible, ejecutado por un servicio de inteligencia y no por fuerzas especiales. La frontera entre espiar y atacar desaparece.
Una agencia que solo pinchaba cables ahora puede averiar un envío, quemar un laboratorio o matar una cadena de suministro sin que nadie firme el ataque.
En el frente interior, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) recibe el paquete más discutido. Podrá acceder de forma encubierta a teléfonos y ordenadores, interceptar comunicaciones cifradas, examinar datos almacenados y entrar en viviendas privadas para instalar software de vigilancia o neutralizar armas sospechosas. La palabra que usa el texto es ‘neutralizar’. No es un término neutro.
A eso se suma el acceso a proveedores de pago, plataformas digitales y fabricantes de vehículos, más reconocimiento facial y búsqueda biométrica asistidos por IA. Traducido: el BfV podrá identificar a una persona por su cara o su huella en una base de datos comercial, sin la orden judicial del modelo clásico. La ley no crea un delito. Crea una capacidad.
El principio de separación que los aliados blindaron en 1949
El corazón del conflicto es el Trennungsgebot, el principio de separación entre inteligencia y policía. Nace de la ‘carta policial’ que los aliados occidentales entregaron en 1949 al Consejo Parlamentario para impedir el renacimiento de una organización tipo Gestapo. Setenta y siete años después, un servicio que sabotea y neutraliza acumula funciones policiales. Quien redactó aquel documento conocía el siglo que venía.
La oposición no ha ahorrado comparaciones. El diputado de AfD Christian Wirth habló de un ‘ataque al Estado de derecho con rasgos verdaderamente totalitarios’; su compañero Gottfried Curio ya había advertido en septiembre de una ‘Stasi 2.0’. Entre los Verdes, Konstantin von Notz apoyó reforzar el BND pero acusó al Gobierno de no tener ‘ninguna sensibilidad’ hacia los derechos civiles y auguró ‘problemas serios’ ante el Tribunal Constitucional. La Izquierda fue más lejos: Clara Buenger describió una ‘nueva policía secreta alemana’. Dobrindt despachó las críticas como ‘locura’.
El control queda en manos de un Consejo de Supervisión Independiente de 12 miembros, creado en 2021 y designado por el panel parlamentario de control. Asumirá la autorización de las operaciones de intervención, incluidas las de sabotaje en el exterior, y deberá publicar informes anuales con la información clasificada excluida. Sobre el papel, un cortafuegos. En la práctica, un órgano que autoriza sabotajes y responde ante el mismo Parlamento que los ha votado.
Equilibrio de Poder
Lo que observamos en Bruselas es una lectura a dos velocidades. Washington lleva años reclamando a los europeos capacidades de acción encubierta que no dependan del mando estadounidense, y la reforma alemana encaja en ese guion sin que nadie tenga que firmarlo por escrito. Moscú la leerá como escalada: hasta ayer el BND espiaba, desde hoy puede averiar. La Comisión Europea guarda silencio porque la inteligencia sigue siendo competencia nacional, y ese silencio es en sí mismo una posición.
El calendario tampoco es casual. El jefe del BND, Martin Jaeger, advirtió hace un mes de que Alemania podría verse ‘envuelta en un conflicto violento con Rusia’ y habló de una ‘guerra en la sombra’. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, y el general Christian Freuding han sostenido que Moscú podría atacar la OTAN antes de que acabe la década. El Kremlin califica esas tesis de ‘disparate’ y ‘esquizofrenia política’. Ninguna de las dos partes aporta pruebas públicas, y ahí empieza el problema real: una ley de sabotaje se justifica con una amenaza que no se puede verificar en abierto.
Para España el asunto no es ajeno. El CNI sigue operando bajo la Ley 11/2002, un marco pensado para producir información y no para intervenir, y la actualización de su régimen jurídico lleva años atascada entre Moncloa y el Ministerio de Defensa. Cuando Berlín pueda sabotear una cadena de suministro en el Sahel y Madrid no, la asimetría será operativa, no teórica: el material de doble uso que alimenta la fabricación de drones en la franja libia y el Sahel circula por cadenas comerciales europeas que el BND podrá contaminar. A eso se suma el efecto económico. Si el servicio alemán puede intervenir envíos, las exportadoras germanas de doble uso ganan un argumento de fuerza frente a sus competidores españoles en contratos de defensa y tecnología.
La lectura a cinco años es incómoda. Si el modelo funciona, Francia y Países Bajos acelerarán reformas equivalentes y la UE terminará discutiendo un marco común de acción encubierta, algo que hoy nadie pone por escrito. Si falla —si el Tribunal Constitucional tumba el acceso a viviendas o la búsqueda biométrica, como ya hizo en 2020 con la vigilancia del BND en el exterior—, Merz habrá gastado capital político en una norma que no podrá usar. El primer examen llegará con el informe anual del Consejo de Supervisión, previsto para el segundo semestre de 2027, y con la próxima cumbre de la OTAN, que medirá cuánto de esta ‘nueva era’ se comparte con los aliados y cuánto se queda en casa.
