El Colegio Electoral de EE. UU. tiene un problema nuevo y ya tiene cifra: 283 votos. El barrido demócrata del 3 de noviembre ha dejado esa mayoría al alcance de un pacto entre estados que no aparece en ninguna papeleta nacional.
Las elecciones de medio mandato de 2026 fueron una paliza para los republicanos en casi todos los niveles, según el análisis que publica Blaze Media. Hubo un efecto colateral que pasó casi desapercibido: los demócratas se hicieron con el control unificado —gobernación y las dos cámaras estatales— en Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin y Nevada. Cinco estados que suman 61 votos electorales y abren una puerta cerrada desde 2006.
Qué es el National Popular Vote Compact y por qué 270 es el único número que importa
El National Popular Vote Compact (NPVC) no es una enmienda a la Constitución. Es un acuerdo entre estados: cada uno se compromete a entregar sus votos electorales al candidato que gane el voto popular nacional, gane o no en su propio territorio. El mecanismo solo se activa cuando los estados firmantes suman 270 votos electorales, la mayoría mínima que decide una presidencial en EE. UU. Por debajo de esa cifra, el pacto es una declaración de intenciones.
Antes de la noche del 3 de noviembre, el marcador estaba en 222. Con los cinco estados nuevos bajo control demócrata, la aritmética cambia: si los cinco legislan, el pacto llega a 283 votos electorales, trece por encima del umbral. La consecuencia práctica es que Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6) son prescindibles por separado. Michigan y Pennsylvania, no: sin cualquiera de ellos, el compacto se queda corto.
La base jurídica en la que se apoyan los promotores está en en el artículo II de la Constitución, que deja en manos de cada legislatura estatal la forma de nombrar a sus compromisarios. El obstáculo es otro: el artículo I, sección 10, prohíbe a los estados firmar pactos entre sí sin el consentimiento del Congreso. Ningún tribunal ha resuelto todavía ese choque. Y en el Capitolio no hay mayoría dispuesta a darle el visto bueno.
El coste es la objeción más tangible. Las elecciones de medio mandato de 2026, con ambas formaciones peleando cada escaño del Senado, costaron cerca de 12.000 millones de dólares, la cita electoral más cara de la historia americana. Una presidencial con el pacto en vigor se pelearía en todo el país y no en seis estados bisagra: los cálculos que maneja la fuente original apuntan a más de 20.000 millones. En 2020, sin pacto, se gastaron algo más de 6.000 millones.
El Colegio Electoral no se reforma con una enmienda constitucional: se reforma con cinco parlamentos estatales y una firma.
Una campaña nacional sobre 51 recuentos distintos: el agujero legal del invento
El voto popular nacional, tal y como existe hoy, es una ficción aritmética: la suma de 51 recuentos independientes hechos de formas diferentes. Oregón vota entero por correo; Florida, no. El calendario de voto anticipado cambia de estado a estado. Un voto en Oregón y un voto en Florida no pesan igual, y el pacto no corrige esa asimetría: la congela.
Hay una objeción menos técnica y más política. Desde la década de 1830 los estados entregan sus votos electorales al ganador estatal, y el votante ha aprendido a leer su papeleta así. Con el pacto, los 54 votos electorales de California habrían ido a Donald Trump en 2024 porque ganó el voto popular nacional. Un votante californiano que quisiera respaldar a Kamala Harris se quedaría sin instrumento. Los defensores responden con el eslogan del movimiento: ‘cada voto vale igual’.
La Lógica de Washington
La lógica que sostiene el pacto no es un capricho de despacho. Nació en 2006 como respuesta a dos elecciones en las que el ganador del voto popular perdió la Casa Blanca: 2000 y 2016. Sus promotores decidieron no esperar a una enmienda constitucional —que exige dos tercios en cada cámara y 38 estados— y usar la letra pequeña del artículo II. Es federalismo de manual aplicado a la raíz del sistema.
Ya hubo un intento serio por la vía constitucional. En 1969 la Cámara de Representantes aprobó con holgura una enmienda para abolir el Colegio Electoral y el Senado la dejó morir al año siguiente, entre los temores de los estados pequeños a perder peso. Washington aprendió entonces que la vía rápida es la estatal. Hoy el compacto es cuestión de partido: lo respalda el Partido Demócrata y lo rechaza el Partido Republicano, según recoge el análisis original.
Para España no es una curiosidad institucional. Estados Unidos absorbe alrededor del 5% de las exportaciones españolas de mercancías y es el primer destino de la inversión española fuera de la Unión Europea. Iberdrola, Santander, Ferrovial, ACS e Inditex tienen activos, filiales o clientes a ambos lados del Atlántico. Un presidente elegido por mayoría nacional, y con la sensación de tener un mandato más nítido, negocia distinto: los aranceles de la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite al presidente imponer aranceles por seguridad nacional sin pasar por el Congreso), las compras de defensa y la fiscalidad de las multinacionales se leen con ese prisma.
Los socios europeos miran lo mismo con otra proporción. Alemania carga con una exposición industrial a EE. UU. mucho mayor y lleva meses preparando contramedidas arancelarias. Francia ha hecho de la autonomía estratégica su marco de referencia. En Bruselas, la prioridad es negociar con una administración predecible, y una reforma del sistema electoral americano introduciría una variable nueva en esa ecuación. También en Madrid.
El calendario manda. Las legislaturas de los cinco estados vuelven a reunirse a partir de enero de 2027, y cualquier aprobación será litigada de inmediato: sin el consentimiento del Congreso, el choque con la cláusula de pactos está servido. El Tribunal Supremo ya avaló en 2020 (Chiafalo contra Washington) que los estados puedan exigir fidelidad a sus compromisarios, pero nunca ha examinado el compacto. Si el pacto se activa, la cita es 2028. Si se atasca en los tribunales, la siguiente ventana será 2032.
Ficha del Caso
- El caso: El barrido demócrata de 2026 deja el control unificado —gobernación y ambas cámaras— en Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin y Nevada. Si los cinco legislan, el National Popular Vote Compact supera los 270 votos electorales que lo activan.
- Datos clave: El pacto pasa de 222 a 283 votos electorales; el umbral es 270. Arizona aporta 11, Wisconsin 10, Nevada 6, Michigan 15 y Pennsylvania 19. Las midterms de 2026 costaron cerca de 12.000 millones de dólares; la presidencial de 2020, algo más de 6.000.
- Para España: Un presidente electo por mayoría nacional llega a la mesa comercial con otro mandato político. Afecta a los aranceles de la Section 232, a la inversión española en EE. UU. y al marco de negociación entre la UE y Washington.
