Euroclear alerta: usar los 210.000 millones en activos rusos congelados vaciará de inversores la UE

La consejera delegada del depositario belga advierte de que la factura reputacional ya está cobrada: Euroclear debe devolver 185.000 millones a Moscú, más del 80% de su balance. Bélgica mantiene su veto a la confiscación y el BCE ya alertó del riesgo para el euro.

Bruselas tiene 210.000 millones de euros en activos rusos congelados y un problema mayor que el dinero: quién responde de ellos cuando alguien decida moverlos. La respuesta que da el depositario que los custodia es incómoda.

Valerie Urbain, consejera delegada de Euroclear, ha puesto cifras y apellidos al riesgo en una entrevista con el diario belga Le Soir publicada esta semana. He notado que muchos inversores siguieron los debates del año pasado y ahora se preguntan si Europa sigue siendo capaz de respetar el Estado de derecho’, señala. Su advertencia no es jurídica: es comercial. Habla de ‘riesgo reputacional’ y de depósitos que pueden ‘salir de Europa’.

El punto de partida es conocido. Desde 2022 la Unión Europea mantiene inmovilizados unos 210.000 millones de euros del banco central ruso, la mayor parte custodiados en Euroclear Bélgica. Bruselas ya ha desviado a Ucrania los rendimientos que generan esos fondos. La confiscación del principal, en cambio, nunca ha superado el umbral de los servicios jurídicos comunitarios. Moscú califica ambas cosas de robo.

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Conviene entender qué es Euroclear. No es un banco al uso, sino una infraestructura de mercado: la entidad que custodia y liquida operaciones con valores por cuenta de bancos, fondos y emisores soberanos. Cuando las sanciones congelaron los títulos rusos, estos fueron venciendo y convirtiéndose en efectivo. El resultado es una obligación de devolución a Moscú de unos 185.000 millones, más del 80% de su balance.

De ahí el rechazo de Urbain a las fórmulas que circulan en Bruselas: traspasar los fondos a la UE o a un vehículo ad hoc. ‘No se pueden simplemente transferir los activos y olvidarse de los pasivos. Eso crearía un desequilibrio enorme y llevaría a la quiebra de Euroclear’, advierte.

La quiebra de una infraestructura de liquidación no se queda en Bélgica. Arrastra a sus clientes, entre ellos entidades españolas que acceden a Euroclear para compensar operaciones internacionales. Y abre un segundo frente: la represalia. Urbain menciona la confiscación de activos de Euroclear en Rusia y en países afines a Moscú. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) ya advirtió en septiembre de que la medida dañaría la posición europea ante China, India, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

Un activo congelado sigue siendo un activo ajeno; el día que deja de serlo, el coste se traslada del propietario al custodio y, después, al contribuyente europeo.

Hay un pulso que no es solo económico. En mayo, un tribunal de Moscú condenó a Euroclear al pago de unos 200.000 millones en daños a favor del banco central ruso, una cifra que difícilmente se ejecutará en Europa pero que servirá de base para futuros embargos. Este mes, el diario L’Echo informaba de que el emisor ruso ha pedido a un juez belga que intervenga documentación en la sede bruselense de Euroclear por una presunta coordinación con las instituciones comunitarias.

La trampa contable: 210.000 millones de activos y 185.000 millones de deuda

Bruselas evita el debate de la simetría. Transferir activos sin pasivos deja a Euroclear con un agujero y al contribuyente europeo con la factura. Transferir ambos, como proponen algunos Estados miembros, traslada el pleito a la Unión: Moscú demandaría a la UE y no al depositario. En cualquiera de los dos escenarios, alguien tendrá que firmar una garantía pública.

Bélgica ya ha dicho que no. El primer ministro Bart De Wever señaló el mes pasado que no espera que la Comisión reactive el plan, aunque admitió que Estados miembros individuales pueden empujarlo. La alternativa que salió adelante fue otra: 90.000 millones de endeudamiento conjunto aprobados el pasado diciembre para sostener a Ucrania. Es más caro en intereses y más limpio en derecho.

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La confianza no se confisca: se pierde.

Por qué el BCE y el FMI se pusieron de perfil

No es una tesis aislada. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han advertido en distintas ocasiones de que apoderarse del principal de las reservas de un banco central socava la estabilidad financiera y la confianza en la moneda. Un banco central que descubre que sus reservas pueden ser movilizadas por decisión política deja de ver el euro como refugio y empieza a verlo como exposición. Ese cálculo ya está en los comités de inversión de Pekín, Riad, y Abu Dabi.

Hay un precedente histórico que no invita al optimismo. Cuando Londres congeló los saldos egipcios en libras durante la crisis de Suez de 1956, la libra no perdió la noche siguiente: perdió durante las dos décadas siguientes, a medida que los tenedores de reservas fueron diversificando. La moneda no cayó por un ataque especulativo, sino por una suma de decisiones políticas que los inversores interpretaron como un cambio de reglas. Nadie firma un contrato con quien cambia las reglas a mitad de partida.

El derecho no tiene cajero automático.

Hay un matiz que la prensa rusa omite y que la europea tampoco subraya. La parte del león de esos fondos no está en Washington, sino en Europa. Estados Unidos ha instado a los Veintisiete a ser más ambiciosos con los activos rusos, aunque solo una fracción mínima está bajo jurisdicción estadounidense. El riesgo político lo asume Bruselas; la factura reputacional, el euro. El concepto completo de Euroclear, por cierto, puede consultarse en la entrada de Euroclear en Wikipedia.

Equilibrio de Poder

La lectura estratégica en Washington es transaccional: Europa debe pagar la reconstrucción ucraniana y, si para eso tiene que incomodar a sus propios depositantes, es un problema europeo. Moscú, por su parte, ha encontrado en este debate su mejor argumento diplomático en años. No necesita demostrar que Europa es hostil: le basta con señalar el expediente. Bruselas, atrapada entre la legalidad que invoca y la urgencia que promete, ha elegido el camino lento del endeudamiento común.

Para España el cálculo es triple. Primero, operativo: bancos y gestoras utilizan Euroclear como depositario central internacional, y un incidente de contraparte en Bruselas se propaga por los sistemas de liquidación. Segundo, financiero: cada diez puntos básicos de prima de riesgo sobre la deuda española cuestan al Tesoro en torno a 1.600 millones anuales, y la prima del euro no la fija Madrid. Tercero, de credibilidad: España ha pagado caro en arbitrajes internacionales por decisiones retroactivas —los recortes a las primas renovables le costaron más de 1.500 millones en laudos— y sabe mejor que nadie lo que vale una cláusula de estabilidad.

Está, además, el flanco latinoamericano. Si la Unión Europea consagra el principio de que un activo soberano puede movilizarse por decisión política, la doctrina se citará en Caracas, en Managua y en cualquier arbitraje contra una expropiación. España, primer inversor europeo en la región, pierde argumentos justo cuando más los necesita. Es la clase de daño colateral que no aparece en el balance de Euroclear.

El euro no se defiende con decretos.

Urbain no pide que se liberen los fondos. Pide certidumbre. Y ahí está la trampa: la decisión que Bruselas aborde en los próximos Consejos Europeos no será sobre Ucrania, sino sobre si el euro sigue siendo un lugar donde el dinero extranjero duerme tranquilo. El próximo consejo de ministros de Economía de la UE (Ecofin) volverá a tener el asunto sobre la mesa, y el informe trimestral de composición de reservas del FMI dará la primera pista seria de si los depositantes han empezado a moverse. Si ese informe muestra retroceso del euro, la advertencia de la consejera delegada de Euroclear dejará de ser una entrevista y pasará a ser un dato.