Irídia, Novact y LaFede.cat ingresaron 2.231.230 euros de las administraciones públicas en 2025. Lo hicieron, además, el mismo año en que desplegaron dispositivos de observación sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional en la calle. Las tres entidades forman Som Defensores, una red que se presenta como observatorio de derechos humanos.
La cifra no sale de una estimación. Procede de los portales de transparencia de las propias organizaciones y de los registros de subvenciones de la Generalitat, el Gobierno central, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Cuatro administraciones, tres entidades, una misma caja.
El pasado 11 de noviembre, durante la huelga general, Som Defensores estrenó un ‘dispositivo’ de fiscalización policial para ‘prevenir y documentar posibles vulneraciones de derechos y abusos’ a lo largo de la jornada. La protesta acabó con disturbios graves en el centro de Barcelona y alrededor de un centenar de detenidos. La observación se activó y los incidentes también.
Quién paga la red que vigila a los Mossos
Irídia es la pieza con más recorrido. En 2025 ingresó 990.632 euros, de los que 489.697 llegaron de las arcas públicas: el 49% de su presupuesto total. La Generalitat aportó 387.664 euros —190.144 a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)— a los que se suman otros 14.400 en contrataciones. El Ayuntamiento de Barcelona puso 106.606, la Diputación 8.072 y el Gobierno central 90.728, repartidos entre Trabajo (50.900), Derechos Sociales (27.828) y Política Territorial y Memoria Democrática (12.000).
En una década, la entidad ha multiplicado por diez sus subvenciones, según sus propios registros públicos. Tiene 21 personas contratadas y 19 voluntarias. Y una línea de trabajo muy definida: el litigio contra actuaciones policiales. Irídia ejerció, junto a Òmnium Cultural, la acusación popular contra 46 agentes de la Policía Nacional por lo ocurrido el 1-O y anunció un recurso contra su amnistía. También representó al empresario Jaume Roures en su denuncia contra dos inspectores, en el marco del caso Voloh, archivado por la Audiencia de Barcelona a finales de 2024.
Financiar la vigilancia del Estado no es el problema. El problema es no decir cuánto se paga, por qué y con qué contrapartida se evalúa.
Novact y LaFede.cat: el dinero entra por la vía de la cooperación
Novact (Instituto Internacional para la Acción Noviolenta) es la que más recibe. En 2025 sumó 1.123.153 euros solo de la Generalitat, con la ACCD como principal puerta de entrada, más las conselleries de Acció Exterior, Derechos Sociales, Empresa y Trabajo, Igualdad y Feminismo, el Institut Català per la Pau y la oficina de apoyo a la Iniciativa Cultural. Se presenta como entidad nacida de un grupo de objetores de conciencia al Ejército español durante el franquismo y opera en 14 países, con oficinas en Túnez, los campamentos de Tinduf, Amán, Ramala, Barcelona, Madrid y Extremadura.
LaFede.cat, federación de más de 135 organizaciones con sede en el Raval, ingresó 891.596 euros en 2025. El 68% —618.420 euros— llegó de las administraciones catalanas: 358.000 de la Generalitat vía ACCD, 184.346 del Ayuntamiento de Barcelona y 67.585 de la Diputación. Nació en enero de 2013 de la fusión de federaciones históricas y hoy es la principal agrupadora del tercer sector de justicia global en Catalunya.
El patrón se repite en las tres. La ACCD concentra la mayor parte del dinero público que después sostiene estructura, campañas y litigios que acaban señalando a los cuerpos policiales dependientes de la misma Generalitat que firma las subvenciones. Nadie lo discute: los papeles están publicados y cualquiera puede consultarlos.
La paradoja de fiscalizar a quien te subvenciona
Lo que observamos es una anomalía de diseño, no necesariamente de legalidad. Vigilar la actuación policial es una función legítima en cualquier democracia y también lo es que entidades cívicas la ejerzan. Ahí está el nudo. El problema es el vehículo: subvenciones discrecionales de cooperación al desarrollo, repartidas por convocatoria, sin mandato estatutario de supervisión policial y sin un régimen de evaluación pública equivalente al que se exige a otros perceptores de ayudas.
El precedente viene de lejos. Desde 2017, la Generalitat ha sostenido con dinero público a organizaciones que después han litigado contra los Mossos, han personado acusaciones contra policías y han recurrido amnistías. En 2023, el ministerio de Derechos Sociales llegó a transferir a Irídia más de 285.000 euros, casi seis veces lo que había aportado en ejercicios anteriores. Con ese historial, cada convocatoria se convierte en munición política: la oposición en el Parlament tiene un argumento fácil y barato, y el Govern no puede cortar el grifo sin alimentar el relato de la represión.
Hay una comparación útil. En Reino Unido o en Chile, el control externo de la policía se hace con organismos de mandato legal, presupuesto explícito y rendición de cuentas ante el legislativo. Aquí se hace por la puerta de atrás de la cooperación, con entidades que firman convenios y luego ejercen de contrapoder. Funciona, pero no se sostiene.
Otra cosa es el cómo. Si el Govern considera que estas entidades prestan un servicio público de observación, debería decirlo con un instrumento jurídico propio, un objeto definido, y una evaluación anual publicada en el DOGC. Si no lo considera, debería dejar de pagarlo con cargo a la cooperación. Lo que no tiene defensa es la ambigüedad actual, que convierte cada euro en un arma dialéctica para unos y en una prueba de intocabilidad para otros.
Las cuentas de 2026, que las tres entidades colgarán en sus portales de transparencia a lo largo del próximo ejercicio, dirán si la tendencia se mantiene. Y la próxima convocatoria de la ACCD, que se publica en el DOGC, aclarará si alguien en el Palau de la Generalitat se ha molestado en revisar el objeto de lo que financia.
