EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El ministro de Finanzas ucraniano, Sergii Marchenko, ha reclamado este martes en Bruselas recurrir a los activos rusos congelados del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE para tapar el déficit de Ucrania de 2027, cifrado en 68.770 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? Ucrania, arropada por Suecia, Países Bajos, España y Polonia y con el respaldo de los países bálticos. Enfrente, Bélgica, donde se custodian 210.000 millones en Euroclear, y las dudas de Francia e Italia. La Comisión Europea prioriza cerrar el préstamo ya acordado de 90.000 millones.
- ¿Qué impacto tiene? El pulso decide si Bruselas exprime un activo jurídicamente incómodo o si vuelve a endeudarse en común. Para España supone avalar nueva deuda europea.
Ucrania ha reclamado a la UE movilizar los activos rusos congelados para cubrir un déficit de 68.770 millones de euros en 2027. El ministro de Finanzas ucraniano, Sergii Marchenko, trasladó la petición este martes en Bruselas, en plena conferencia de donantes con las instituciones financieras internacionales.
Un agujero de 78.000 millones que nadie acaba de firmar
Los números que puso Marchenko sobre la mesa son los más incómodos que ha escuchado Bruselas en lo que va de año. De los 52.600 millones de dólares de ayuda financiera que Kiev necesita del club de donantes, solo hay comprometidos 20.000, lo que deja un hueco de 32.600 millones. A eso se suman otros 45.000 millones de gasto en Defensa para los que ningún aliado ha ofrecido garantías. En total, 78.000 millones de dólares: 68.770 millones de euros, según las cifras que el propio ministro defendió en la capital comunitaria.
La letra pequeña del desfase tiene causas concretas. Los ataques aéreos rusos, según su exposición, han reventado las redes eléctricas, han destruido fábricas y ahora apuntan a los centros de datos para cegar la economía digital y las comunicaciones. El bloqueo del mar Negro ha dejado a los agricultores sin rutas para colocar el grano. Y la recaudación se ha resentido. ‘Es la primera vez desde 2022 que nos damos cuenta de que nuestras administraciones tributaria y aduanera están rindiendo por debajo de lo previsto’, admitió.
Ante los donantes, el ministro reconoció que el asunto es políticamente delicado y pidió al bloque un marco centralizado y jurídicamente sólido. Un día antes, en un panel del European Policy Centre, fue más directo: ‘Necesitamos que nuestros amigos, nuestros políticos europeos, sean lo suficientemente valientes y tomen decisiones audaces’. Y dejó un diagnóstico sin adornos: ‘Por desgracia, la guerra es más larga, la guerra es más dura’.
Lo que pide Kiev, en la práctica, es dejar de pedir y empezar a cobrar. La UE mantiene inmovilizados 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia, la mayor parte custodiada en Euroclear, el depositario con sede en Bruselas. La idea que Ucrania empuja consiste en trasladar esos fondos a un custodio propio de la UE para rebajar el riesgo que hoy asume Bélgica y desbloquear un acuerdo que el año pasado se quedó a las puertas.
Mientras Europa discute si puede tocar el dinero ruso, Kiev cuenta cada semana de retraso en una economía que ya recauda menos de lo que dispara.
Euroclear, Bélgica y el muro jurídico que divide a los Veintisiete
El problema no es nuevo. Los activos del Banco Central de Rusia están inmovilizados desde febrero de 2022, y ya en diciembre del año pasado la Comisión Europea intentó canalizarlos hacia una línea de crédito sin intereses para Ucrania. La propuesta se vino abajo en una cumbre tensa en la que Bélgica, principal país contrario, movilizó a una mayoría en contra. El temor belga es doble: una represalia judicial o económica de Moscú y un golpe a la reputación del corazón financiero de la UE.
Como plan B, los líderes acordaron un préstamo de apoyo de 90.000 millones de euros basado en deuda conjunta, repartido a partes iguales: 45.000 millones para 2026 y 45.000 para 2027. ‘Estamos muy satisfechos con los 90.000 millones’, concedió Marchenko, ‘pero no es suficiente’. La escalada rusa ha engordado la factura a marchas forzadas.
La geometría de este pulso es la de siempre en Bruselas. Suecia, Países Bajos, España y Polonia, con el apoyo de los países bálticos, han advertido de que el préstamo no bastará y piden ‘nuevas opciones’ para usar los activos. Bélgica respondió de inmediato. Francia e Italia, dos votos clave, siguen escépticas, ante la idea de tocar fondos soberanos, según los diplomáticos consultados. La Comisión quiere evitar otra derrota y repite que su ‘prioridad principal’ es desembolsar los 90.000 millones, hoy frenados por el lento ritmo de reformas en la Rada ucraniana.
Aquí asoma la fricción menos visible del expediente. En Bruselas hay frustración porque Kiev reclama dinero nuevo mientras no ejecuta el que ya tiene aprobado. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, lo dijo sin rodeos: ‘Nuestro mensaje a nuestros amigos ucranianos es claro: cumplan las reformas acordadas para que podamos seguir apoyándoles financieramente’. Desde hace un mes, la Comisión mantiene conversaciones intensas con Ucrania y el Fondo Monetario Internacional para cerrar el alcance exacto del déficit. Las cifras de Kiev aún no están validadas por Bruselas.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos es un pulso que trasciende la ayuda a Kiev. Detrás del debate sobre los activos rusos congelados late la vieja pregunta que divide a la UE desde 2010: quién paga las crisis y con qué instrumentos. España se ha alineado con el bloque de los que aprietan, junto a Suecia, Países Bajos, Polonia y los bálticos, una posición que no es gratuita. Cada euro que no salga de los activos rusos habrá que buscarlo en deuda común, y España es receptora neta de fondos europeos pero también avalista ante los mercados. Moncloa prefiere el dinero de Moscú al de los contribuyentes europeos.
Enfrente, Bélgica defiende su posición con un argumento contundente: si se tocan los activos, el primero que responde ante los tribunales y ante las represalias financieras es el país donde se custodian. Euroclear no es un banco cualquiera; es una infraestructura sistémica. Es el mismo debate que rodeó al rescate griego entre 2010 y 2012, cuando Berlín y los frugales exigían garantías mientras Atenas se ahogaba. Entonces se eligió el rescate condicionado; ahora, con un activo ruso inmovilizado sobre la mesa, la tentación es más barata y más arriesgada.
Francia e Italia miran desde la barrera con un cálculo doble: no quieren sentar un precedente que desestabilice el orden financiero internacional y temen que el coste recaiga de nuevo sobre sus contribuyentes si el préstamo se queda corto. Es la clásica tensión entre el sur y los frugales, con un envoltorio geopolítico que la hace más volátil. Queda un actor silencioso y decisivo: la credibilidad del euro como moneda de reserva, que se apoya en la idea de que los activos de un banco central ajeno no se confiscan por decreto.
La lectura a cinco años es incómoda. Si la UE termina recurriendo a los activos rusos, habrá convertido un problema de caja en un problema de doctrina: la de que el derecho de propiedad de un Estado soberano puede suspenderse por mayoría cualificada. Si no lo hace, tendrá que seguir financiando la guerra con deuda propia y convencer a contribuyentes cada vez más cansados. En ambos escenarios Ucrania se juega su supervivencia financiera y la UE, su credibilidad exterior. El próximo examen llegará con la próxima cumbre del Consejo Europeo y con el desembolso del préstamo, todavía condicionado a que la Rada apruebe las reformas que Bruselas reclama.
