La acampada por la vivienda en Barcelona ya es una realidad: un centenar de personas acampa en la plaça Catalunya y ha instalado una decena de tiendas en el centro de la ciudad.
A las 22 horas de este martes 29 de septiembre, la asamblea votó dar el pistoletazo de salida. Y ahí siguen, sin fecha de regreso. Nadie lo convocó desde arriba: ni los sindicatos mayoritarios ni el Sindicat de Llogateres han impulsado la protesta, de modo que los participantes se han autoorganizado siguiendo el rastro de Madrid, Málaga, Bilbao, Granada o Murcia.
El grupo fue creciendo conforme avanzaba la tarde hasta situarse entre 150 y 200 personas, según los propios acampados, en su mayoría jóvenes. La consigna que repiten es una sola: ‘Estamos hartas’.
Los motivos se acumulan sin orden: alquileres desbocados, salarios bajos, precariedad laboral, y políticas públicas que, dicen, llegan tarde y mal. ‘Es insostenible la situación’, resume Elba, estudiante universitaria.
En el punto de mira están los decretos aprobados este martes en el Consejo de Ministros. Para los acampados son ‘papel mojado’. Recuerdan que durante la pandemia se aprobó otro que supuestamente frenaba los desahucios y que los desahucios siguieron produciéndose.
Una acampada sin sindicatos, sin siglas y sin portavoces oficiales: solo un centenar de personas dispuestas a no moverse hasta que alguien mueva ficha.
Por qué esta acampada no la ha convocado ningún sindicato
La autogestión no es un detalle menor. El miércoles 23 de septiembre ya hubo gente dispuesta a plantar tiendas siguiendo el ejemplo de la Puerta del Sol, pero faltó el paraguas de una organización grande. Esta vez han tirado hacia adelante solos, con asamblea diaria y sin fecha de salida: se quedan hasta que la asamblea decida lo contrario.
El perfil es tan variado como las razones. Hay ‘las precarizadas, las que okupan, las racializadas y las personas queer’, en palabras de Arteko, una de las participantes. También militancia de toda la vida y vecinos que se acercan a preguntar, cada vez más, según su relato.
Elena Molina llegó desde l’Espluga de Francolí y hace trece años que vive en Barcelona, donde paga ‘una cantidad cada vez más desproporcionada’ por su alquiler. ‘Estoy muy cansada, estoy muy harta’, dice. Carlos lo tiene claro: ‘Tenemos que seguir luchando’. Y María apunta al ruido: lo que buscan es que los políticos ‘se den cuenta’.
A la movilización se ha sumado un duelo reciente. La semana pasada, una vecina de L’Hospitalet de Llobregat se quitó la vida después de perder su casa en un desahucio. El caso ha funcionado como detonante emocional de una protesta que hasta ahora se movía sobre todo en redes y en los juzgados.
Del ejemplo de Madrid a la presión sobre el Govern y Moncloa
La ola de acampadas por la vivienda ha pasado de ser un fenómeno local a convertirse en una red estatal. Madrid abrió el camino, y Málaga, Murcia, Bilbao o Granada han ido replicando el formato. Barcelona, sin embargo, es el primer caso de una capital catalana donde la protesta arranca sin el respaldo del sindicalismo de alquiler, que hasta ahora había canalizado casi toda la conflictividad en la ciudad.
El calendario incomoda. Los decretos aprobados en el Consejo de Ministros este martes buscan dar respuesta a la emergencia habitacional y ampliar el escudo frente a los desahucios. En la plaza se leen en clave de propaganda. Y eso coloca al Govern de la Generalitat en una posición delicada: tiene la competencia exclusiva en vivienda, presume de haber declarado decenas de municipios como zona de mercado residencial tensionado y, aun así, afronta una movilización que le reprocha no haber frenado los precios.
La exigencia, además, no tiene un destinatario nítido. Unos apuntan a Moncloa. Otros, al Palau. La vivienda es un laberinto de competencias compartidas donde la norma marco depende de Madrid y la ejecución, de la Generalitat y de los ayuntamientos.
Lo que ya sabemos de las acampadas por la vivienda en Cataluña
Cataluña tiene precedentes que conviene recordar. La Llei 24/2015, nacida de una iniciativa legislativa popular, obligó al Parlament a regular la emergencia habitacional y la pobreza energética con un texto que el Tribunal Constitucional acabó recortando. Desde entonces, el departament d’Habitatge de la Generalitat ha ido acumulando herramientas —índices, fianzas, reservas de suelo— sin que el precio del alquiler en Barcelona dejara de subir.
La historia reciente de las movilizaciones por vivienda enseña dos cosas. La primera: las acampadas sin estructura sindical detrás se sostienen mientras hay energía y se apagan cuando llega el frío o el desgaste. La segunda: su capacidad de influir crece cuando aparece un interlocutor formal dispuesto a negociar. La Puerta del Sol acaba de demostrarlo.
Lo que observamos es una protesta que ha sabido leer el momento político y que, de momento, no necesita portavoces porque tiene una consigna. El riesgo es que la plaza se convierta en foto y no en norma. El mérito dependerá de si alguien, en el Govern o en Moncloa, decide sentarse. La próxima asamblea de la plaça Catalunya decidirá si la acampada aguanta el fin de semana y si el formato se extiende a otras ciudades catalanas.
