EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La consejera de Cuentas eleva a la Sección de Enjuiciamiento la compra del ático de 6,3 millones en la calle General Martínez Campos 35 y rechaza el archivo que pedían la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid.
- ¿Quién está detrás? La resolución la firma la consejera de Cuentas; la Fiscalía reclamó dos veces el nombramiento de instructor y están personados Más Madrid y el abogado Javier Flores.
- ¿Qué impacto tiene? Abre la fase que decide si hubo responsabilidad contable sobre una operación de 6,3 millones en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el inmueble todavía sin comprador.
El Tribunal de Cuentas investiga el ático de 6,3 millones comprado por la empresa pública de la Comunidad que preside Ayuso. La consejera de Cuentas ha acordado elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento al apreciar indicios de un posible menoscabo de caudales públicos en la adquisición del inmueble de la calle General Martínez Campos 35, en Chamberí, formalizada el 14 de abril.
La resolución del Tribunal de Cuentas rechaza el archivo que habían solicitado la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid, y despeja el paso previo a la instrucción: la Sección de Enjuiciamiento deberá proponer el nombramiento de un delegado instructor que determine si existen responsabilidades contables. El auto precisa, eso sí, que la decisión ‘no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables’.
Una compra cerrada en abril y justificada por escrito en julio
El expediente se sostiene sobre tres elementos que el Tribunal considera indiciarios. El primero es la ausencia de encargo formal y de memoria de necesidad previa a la compraventa. El documento con el que la Administración regional justificó después el destino institucional del ático está fechado el 2 de julio de 2026, casi tres meses más tarde de que la operación se cerrara.
El segundo es el uso. Planifica adquirió 485 metros cuadrados —199 de terraza— para espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades, una finalidad que el Tribunal duda que encaje en el objeto social de la sociedad. El contrato de arrendamiento firmado con la Comunidad el 28 de julio se resolvió de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, cuando la Administración comunicó que había desaparecido la necesidad. El ático no llegó a utilizarse y sigue a la venta.
Tasaciones cruzadas y un precio de salida que el mercado no ha validado
El tercer frente es el precio. La primera tasación de Gesvalt, de 13 de febrero de 2026, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros. Planifica pagó 6,3 millones de euros. La Comunidad y la empresa aportaron un segundo informe del mismo tasador, fechado el 15 de octubre, que eleva el valor a 6.320.341,26 euros al computar parte de la terraza cerrada, y fijaron un precio de salida de 6.694.201 euros para recuperar la inversión.
El Tribunal, no obstante, deja constancia de que la primera licitación quedó desierta y de que el inmueble continúa sin comprador. Las denuncias personadas —entre ellas la de Más Madrid y la del abogado Javier Flores— cifran el eventual perjuicio en al menos 437.058 euros, una cantidad que no procede de la instrucción sino de los escritos de parte.
Ninguna de las cifras del expediente está fijada: son indicios, y la Sección de Enjuiciamiento todavía no ha designado instructor.
Sobre el cerramiento de parte de la terraza, ejecutado entre 2007 y 2010, pesa además la duda de si contó con las autorizaciones urbanísticas exigidas. Un informe arquitectónico incorporado al procedimiento advierte de que las obras afectan a la superficie legalmente utilizable y podrían generar costes de restitución.
La Fiscalía respaldó en dos ocasiones la continuidad de las actuaciones y reclamó el nombramiento de instructor, al entender que las alegaciones de la Comunidad y de Planifica no desvirtuaban las irregularidades denunciadas. La defensa madrileña sostiene que la operación se ajustó al objeto social de la sociedad, que el consejero delegado tenía facultades suficientes y que no existió daño real a los fondos públicos.
El Eje del Poder Popular
En Génova la lectura es de calendario. Isabel Díaz Ayuso afronta este trámite con dos mayorías autonómicas consecutivas y con el relato de gestión económica más consolidado del partido, de modo que cualquier frente judicial abierto en su Gobierno se convierte de inmediato en munición para la oposición en la Asamblea de Madrid. Fuentes de la cúpula popular consultadas por este medio subrayan que la consigna es dejar trabajar a los servicios jurídicos y no alimentar un marco político que no se corresponde con la fase procesal.
El aterrizaje territorial es doble. En el plano administrativo, Planifica es la sociedad, con la que la Comunidad compra y gestiona patrimonio para oficinas y sedes, y el expediente obliga a revisar cómo se documentan esas operaciones: la memoria posterior y el contrato resuelto en semanas son un problema de procedimiento más que de precio. En el plano político, el caso aparece con el ciclo electoral de 2027 en el horizonte, Madrid como plaza decisiva y el PP construyendo su discurso nacional sobre la solvencia gestora frente al Gobierno de coalición.
El precedente que conviene tener presente es institucional, no político. El Tribunal de Cuentas no es un órgano penal: su fase de enjuiciamiento persigue una eventual responsabilidad contable, es decir, el reintegro de cantidades, y discurre por un carril distinto al de los tribunales ordinarios. Eso no resta gravedad a un auto que rechaza el archivo, pero sitúa el debate donde al PP le interesa: en el terreno de la reparación económica y de la instrucción, no en el del delito.
La oposición, mientras, ya ha elegido su frase. El letrado denunciante sostiene que ‘la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles’. Frente a ese marco, el argumentario popular es de fondo y tiene números: la compra se hizo con tasación previa, el precio pagado quedó por debajo de la segunda valoración y el inmueble se puso a la venta por encima del coste. Queda por resolver, y ahí está el riesgo real, por qué la justificación se redactó tarde y por qué se firmó un alquiler que duró semanas.
Lo que observamos es un asunto que se dirimirá en los papeles, y en los papeles la Comunidad tiene deberes pendientes. Génova defenderá el fondo de la operación, los servicios jurídicos madrileños tratarán de estrechar el perímetro del daño y la oposición intentará convertir cada comparecencia en un juicio anticipado. La próxima estación la marca la Sección de Enjuiciamiento: el nombramiento del delegado instructor y el alcance que se le atribuya decidirán si el caso se agota en el reintegro o si entra de lleno en el calendario político de 2027.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La operación tuvo tasación previa y precio a la baja; el PP reclama no confundir instrucción contable con condena.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: La Sección de Enjuiciamiento debe proponer un delegado instructor, aún sin fecha confirmada.
