La Fiscalía ha denunciado este viernes a TikTok ante un juzgado de Madrid por difundir material de abuso sexual infantil en su plataforma. El escrito reclama la retirada inmediata de los contenidos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática ha presentado una denuncia contra TikTok Technologies Spain ante un juzgado de Madrid para que se investigue la difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma.
- ¿Dónde y cuándo? En Madrid, este viernes 13 de noviembre de 2026. La investigación interna de la Fiscalía General del Estado se abrió el pasado 11 de noviembre.
- ¿Qué se pide? Apertura de investigación judicial, práctica de diligencias, declaración de secreto de las actuaciones y retirada «urgente e inmediata» de los contenidos denunciados.
Secreto de actuaciones y retirada urgente de los contenidos
El escrito lo firma la fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, y en él se solicita que se abra una investigación judicial para determinar los hechos y sus posibles responsables. Pide, además, que se practiquen las diligencias oportunas y que las actuaciones se declaren secretas. La retirada de los contenidos se reclama «con carácter urgente e inmediato».
La denuncia no atribuye autoría concreta a ninguna persona: lo que se pide es que sea un juzgado el que investigue posibles delitos cometidos a través de la plataforma. De momento no trasciende el volumen de contenidos afectados ni el número de víctimas identificadas, extremos que quedan a la espera de las diligencias que acuerde el órgano judicial.
Del escrito del Ministerio de Juventud e Infancia al juzgado
El origen del procedimiento es administrativo antes que judicial. La Fiscalía General del Estado, que dirige Teresa Peramato, abrió una investigación el pasado 11 de noviembre después de recibir un escrito del Ministerio de Juventud e Infancia en el que se le pedía actuar ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok. Peramato encargó el asunto a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática.
El medio había presentado previamente una denuncia ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía. En su escrito hacía constar que había tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la red social. También señalaba que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza —accesibles en TikTok o en otros servicios— y que existen transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas.
La Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática concentra la respuesta del Estado frente a la cibercriminalidad más grave: la que explota sexualmente a menores en entornos digitales.
Representantes del medio comparecieron ante la fiscal designada para ratificar su denuncia y presentar las pruebas de las que disponía. Tras las oportunas comprobaciones, el Ministerio Público ha presentado este viernes 13 de noviembre la denuncia ante la autoridad judicial. Así mismo, la Fiscalía subraya que la investigación se dirige a determinar los hechos y sus posibles responsables, sin conclusiones anticipadas sobre personas concretas.
El Contexto Operativo
La difusión de material de abuso sexual infantil en entornos digitales es una de las amenazas que más ha crecido en la última década y figura entre las prioridades que Europol identifica en su evaluación anual de la delincuencia organizada. El modelo de funcionamiento de las plataformas —recomendación algorítmica, mensajería privada y emisión en directo— multiplica la capacidad de distribución de estos contenidos y dificulta su trazabilidad, lo que explica que la respuesta institucional se articule cada vez más desde unidades especializadas.
En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con grupos específicos de protección al menor y de investigación tecnológica que trabajan de forma coordinada con la Fiscalía y con los organismos europeos. Esa estructura es la que permite que una denuncia periodística se transforme en diligencias judiciales en cuestión de días: del aviso del 11 de noviembre al juzgado el 13 de noviembre. El ciudadano dispone además de canales públicos de ayuda en ciberseguridad, como los que gestiona el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo del Gobierno que atiende consultas de empresas y ciudadanos).
El marco de obligaciones de las plataformas se ha endurecido con el Reglamento europeo de Servicios Digitales, que exige evaluar riesgos sistémicos y retirar contenidos ilícitos con celeridad. La coordinación entre el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que coordina la inteligencia policial), la Fiscalía y las unidades de investigación tecnológica es la que sostiene este tipo de procedimientos. La incógnita es ahora qué medidas acordará el juzgado —admisión a trámite, requerimientos de conservación de datos o bloqueo— y en qué plazo. El siguiente paso corresponde al ámbito judicial.
La denuncia queda en manos del juzgado de Madrid, que deberá decidir si la admite a trámite y qué diligencias acuerda. La Fiscalía ha pedido expresamente el secreto de las actuaciones, de modo que la información pública sobre el caso será limitada en las próximas semanas, mientras los investigadores trabajan sobre los contenidos denunciados.
